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A través de la Resolución Ministerial N.°012-2026-MINEM/DM, el titular del Minem, Luis Bravo de la Cruz, designó a Portilla Barrera —de 69 años— como director general de la Dirección General de Formalización Minera. Se trata de un cargo de confianza, según se consigna en el propio dispositivo legal, el cual también señala que, antes de su nombramiento, al interior del ministerio se determinó que no se encontraba “incurso en conflictos de intereses real”.
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¿La formalización en manos informales?
Portilla Barrera conoce bien el sector de la minería informal, pues está vinculado al mismo. Ingeniero de Minas de profesión, en julio del 2025, fue excluido del proceso de formalización mediante la Resolución Directoral N.°0004-2025-MINEM/DGFM, como parte de los 50.565 mineros informales depurados del sistema por no cumplir con los requisitos mínimos y estar su inscripción suspendida por más de un año.
En la relación de los “mineros informales” excluidos, una decisión adoptada en la gestión anterior, a su nombre figuran dos registros: Río Seco XXII y Río Seco XXI, respectivamente, ambos ubicados en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta (Lima). El RUC asociado a estos registros fue inscrito en agosto de 2017 y consigna como actividades la extracción de minerales, la venta de metales y minerales, así como el transporte de carga por carretera.
Sin embargo, además del Reinfo, Portilla Barrera figura en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), específicamente, a través de la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociados S.A.C. Y es que, según información de la Sunat, Portilla se desempeña como su gerente general desde 1996, aunque la empresa registra actualmente la condición de “no habido” por su domicilio fiscal. Aun así, en el RECPO, aparece habilitada para la “compra/venta y refinación de oro”.
Pero al nuevo director del Minem tampoco le es ajena la política. En 2002 postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Caujul (provincia de Oyón, Lima), de donde es natural. Y veinte años después volvió a intentar acceder a un cargo público, esta vez como candidato a consejero regional por la provincia de Canta (Lima), nuevamente sin lograr ser electo. Coincidentemente —o no— en ambas oportunidades postuló por el partido Somos Perú, actualmente en el gobierno.
Un cargo clave bajo la lupa
La Dirección General de Formalización Minera es un área clave dentro del Minem, encargada, entre otros, de proponer y evaluar la política de formalización minera, expedir la normatividad sobre la materia, elaborar indicadores para medir los avances en la lucha contra la minería ilegal y acopiar la información necesaria para los operativos de interdicción.
A juicio de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, este nombramiento evidencia un “doble discurso” por parte del gobierno y revela la “estrecha vinculación” que mantienen algunos funcionarios del Minem con la “minería informal o la minería ilegal disfrazada de informal”.
“¿Cómo se le va a exigir a alguien que cumpla los requisitos cuando quien dirige el proceso de formalización no ha sido siquiera capaz de cumplir las exigencias mínimas?”, cuestionó en diálogo con El Comercio. En su opinión, sí existe un conflicto de interés en esta designación y no garantiza que las exclusiones de informales previamente depurados queden como decisiones firmes y consentidas.
Ipenza recordó que es justamente la Dirección General de Formalización Minera la encargada de excluir a quienes no cumplan con las condiciones del proceso, así como de emitir normas orientadas a facilitar la formalización. Todo ello ocurre, además, poco después de que el gobierno de Jerí decidió acoger la ampliación por un año del Reinfo, hasta diciembre de 2026, mientras sigue pendiente el debate de una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape).
“Esa posición es clave, porque estamos nuevamente ante mineros que tendrán que ser excluidos por no cumplir las condiciones o, en la práctica, vamos a tener simplemente facilismo para que sigan operando en la impunidad y no se concrete la exclusión de quienes incumplen las obligaciones, se inventen reglas para complejizar su salida”, advirtió.
Por su parte, Iván Arenas, especialista en temas de minería, calificó la designación como “un guiño y un mensaje a toda la minería informal” que configura un conflicto de interés. A su juicio, resulta un “contrasentido” que el Estado, y en particular el gobierno, coloque al frente de “una dirección tan delicada” a una persona vinculada a la minería informal, algo que asemeja a lo que ya ocurre en Bolivia, “donde la minería informal coloca a los funcionarios”.
“Esto implica varias cosas: que el gobierno no le está prestando atención al proceso de formalización y que la estrategia para los próximos años no va a dar resultados, porque se ha puesto a un minero informal que ni siquiera cumplió los requisitos mínimos y por eso fue excluido del Reinfo”, afirmó a El Comercio.
Arenas remarcó que, sin una estrategia clara desde la Dirección General de Formalización Minera, el país seguirá atrapado entre la minería informal y la ilegal. En ese sentido, consideró que el nombramiento envía un mensaje directo al sector: “no va a haber una estrategia real de formalización y la ampliación del Reinfo va a continuar”.
“La decisión sobre la ampliación del Reinfo se empieza a definir precisamente en esta dirección, porque su vigencia se extiende en la medida en que no se cierre el proceso de formalización. Según el decreto del año pasado, el Reinfo solo dura un año, hasta diciembre, y no han pasado ni 15 días y el gobierno nombra a un director de formalización con vínculos directos con la minería informal”, cuestionó.
Versión sobre la mesa
Este Diario intentó comunicarse con el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, o con algún portavoz del sector, a fin de conocer los criterios que sustentaron la designación. Sin embargo, desde el Minem solo se difundió un pronunciamiento atribuido a Wilfredo Portilla.
Allí, Portilla sostiene que “a la fecha” no cuenta con concesión minera ni inscripción vigente en el Reinfo. Señala que en 2012 inició un “negocio de pequeña minería” cumpliendo —según se afirma— con los requisitos legales, pero que desistió del proyecto al no encontrar mineral. Añadió que, al no pagar los derechos de vigencia, las concesiones “caducaron de oficio”.
Respecto a la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociadas S.A.C., asegura que “desde el año pasado” no ejerce el cargo de gerente ni mantiene acciones en la compañía, aunque no se precisa la fecha. Asimismo, niega tener vinculación con algún partido político y afirma deslindar “totalmente de la actividad minera ilegal”.
