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La expansión del crimen organizado en la Amazonía ha llegado a tal punto que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para frenar la destrucción ambiental en el bosque tropical más grande del mundo. El narcotráfico, la minería de oro y las insuficientes respuestas de los gobiernos han permitido que los grupos delictivos operen en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, de acuerdo con el informe “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado” publicado por la organización International Crisis Group.
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El documento destaca cómo las actividades delictivas asociadas al tráfico de cocaína y a la minería de oro causan daños ambientales directos e indirectos, cuyas ganancias suelen reinvertirse en actividades que agravan la deforestación, como el acaparamiento de tierras y la ganadería, de acuerdo con Bram Ebus, experto de Crisis Group en materia de conflictos y medioambiente.
Además de los graves impactos en la salud e integridad humana por la contaminación de ríos, suelos y la constante violencia contra comunidades y personas defensoras del territorio, la investigación advierte que la Amazonía se acerca a un límite en el que entre un 20 % y 25 % de la región podría llegar a un colapso ecológico, donde se destruiría la capacidad de regeneración de la selva tropical.
Ante esta inminente amenaza, el informe advierte que aún hay tiempo para mitigar gran parte de las consecuencias socioambientales del crimen organizado en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
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La cooperación entre las guardias indígenas locales y las fuerzas de seguridad podría contribuir a frenar la expansión de los grupos delictivos organizados, según el informe. Foto: cortesía Bram Ebus/International Crisis Group
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Pese a que las redes criminales en la Amazonía suelen cambiar con frecuencia, la investigación sostiene que las grandes organizaciones criminales han logrado controlar gran parte de las cadenas de suministro de minerales y narcóticos.
También llegan a contratar a grupos locales más pequeños para el transporte, producción o manejo de locales de drogas. Incluso, señala el informe, establecen conexiones con autoridades y empresas para expandir sus operaciones de forma ilícita.
En Brasil, la investigación destaca la expansión de los grupos criminales Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), los cuales, sostiene, han transformado el panorama delictivo de la Amazonía en los últimos 15 años.
Con cerca de 130 000 integrantes, el informe asegura que ambos grupos criminales mantienen rutas de acceso a los dos principales puertos de Brasil para la exportación de drogas a Europa: Barcarena, en el estado de Pará; y Santos, en São Paulo, el puerto marítimo más grande de América Latina.
“Han aprovechado su influencia para construir cadenas de suministro interconectadas, en las que colaboran decenas de grupos locales”, explica el documento que identifica al Comando Vermelho como el que controla la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.
Además de rutas para el tráfico, pistas ilegales y laboratorios para el procesamiento de cocaína, la investigación destaca que este grupo ha ganado terreno en la minería ilegal de oro en la región de Madre de Dios, en Perú, así como en la extracción ilegal de madera en las cercanas regiones de Loreto y Ucayali.
En tanto, el informe considera al PCC como el mayor grupo criminal de Brasil y un operador de rutas de tráfico de drogas dentro de la Amazonía.
El avance de la minería ilegal y el narcotráfico tienen en riesgo la conservación de la Reserva Comunal El Sira, en la Amazonía de Perú. Foto: cortesía Reserva Comunal El Sira
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Grupos brasileños, colombianos y ecuatorianos con control de actividades ilícitas en la Amazonía. Mapa: informe International Crisis Group
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También menciona la operación de grupos colombianos en el centro de las redes de tráfico de drogas y oro en la Amazonía, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya presencia se ha extendido a los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en territorios ricos en oro y minerales críticos.
A los Comandos de la Frontera, integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se le atribuye el control de plantaciones de coca y minas ilegales en la Amazonía colombiana en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, incluso extendiéndose a Perú y Ecuador, donde el grupo se alió con Los Lobos, una organización criminal ecuatoriana que compra cocaína y pasta base (cocaína semirrefinada) para exportarla desde el Pacífico, de acuerdo con el informe.
“Los Lobos también proporciona protección a la minería ilegal de oro llevada a cabo o financiada por Comandos de la Frontera en Ecuador”, asegura la investigación.
Otro grupo ecuatoriano armado que está en expansión en la Amazonía son Los Choneros, identificado como principal competidor de Los Lobos y que busca disputarle violentamente el control de las rutas de cocaína y las minas de oro.
El reporte asegura que ambos grupos ecuatorianos se han infiltrado en las comunidades amazónicas, donde buscan eliminar o cooptar a los líderes y someter a la población civil. “La tasa de homicidios en las provincias amazónicas ecuatorianas pasó de 10 por cada 100 000 habitantes en 2021 a más de 50 en 2024”, destaca el documento.
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La investigación advierte que la Amazonía se acerca a un límite en el que un un cuarto de la región podría llegar a un colapso ecológico. Foto: cortesía Bram Ebus/International Crisis Group
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El informe advierte que los nuevos patrones de consumo mundial de drogas han contribuido a “situar a la Amazonía en la primera línea del narcotráfico”, al señalar que el aumento de la demanda de cocaína en Europa convierte a Brasil en un puerto de salida atractivo para la droga, lo que implica rutas de tráfico menos directas por la Amazonía.
De acuerdo con la investigación, “todo el proceso de producción de cocaína se puede encontrar ahora en la Amazonía”, donde laboratorios clandestinos en las selvas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia transforman las hojas de coca en pasta base de cocaína para después procesarla en instalaciones más especializadas y distribuir el productos por los miles de ríos y afluentes del Amazonas hacia los puertos principales.
“Los ríos son sus autopistas”, dijo un alto funcionario de las fuerzas de seguridad de Guyana a los autores del informe en octubre de 2025.
La investigación sostiene que los ingresos por el narcotráfico permiten a los grupos delictivos sobornar a autoridades. En Perú, por ejemplo, destaca que 200 de las 250 autoridades locales electas (el 80 %) en cinco regiones amazónicas han enfrentado investigaciones penales por parte de la Fiscalía.
Además, destaca que el fácil acceso a drogas durante la cadena de suministro ha provocado el aumento del consumo de sustancias entre poblaciones jóvenes e indígenas.
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Los grupos del crimen organizado han establecido su control sobre amplias zonas de la región amazónica, sometiendo a comunidades enteras. Foto: cortesía Bram Ebus/International Crisis Group
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Ante el incremento cada vez mayor de la demanda mundial de oro, la cual ha disparado los precios a niveles históricos de 170 dólares por gramo en enero de 2026, la investigación sostiene que esta industria ha superado la rentabilidad del narcotráfico y ha provocado un mayor estímulo para la degradación ambiental de la Amazonía.
Además, sostiene que muchos habitantes locales recurren a cualquiera de estas dos actividades de forma ilícita como medio de subsistencia para acceder a bienes esenciales. Todo esto, en medio de una competencia violenta por los yacimientos de oro de alto rendimiento.
“La violencia extrema asola las zonas mineras, desde el estado Bolívar en Venezuela hasta Pará en Brasil y Madre de Dios en Perú”, sostiene el informe.
El tráfico de oro, señala el documento, depende de complejas redes internacionales, tanto para introducir el oro extraído ilegalmente en la cadena de suministro legal como para lavar las ganancias a través de empresas fantasma y otros mecanismos. “Ambos pasos requieren una cooperación sistemática entre grupos criminales, funcionarios corruptos y empresas legítimas, a menudo de varios países”, sostiene.
el tráfico de drogas y la minería de oro tienen alto impacto en el medioambiente y en las comunidades de la Amazonía. Foto: cortesía Bram Ebus/International Crisis Group
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Como ejemplo, menciona a comerciantes de oro en Brasil que envían el metal extraído ilegalmente hacia Venezuela para su exportación a los mercados internacionales, por su facilidad de venta, algo que podría potenciarse con la intervención de Estados Unidos en ese país.
“Una vez ‘lavado’, el dinero procedente del oro suele reinvertirse en Roraima [estado de Brasil en la frontera con Venezuela y Guyana] en compra masiva de tierras y ganadería, dos sectores dominados por las transacciones en efectivo», afirma el documento.
“Ahora que Venezuela está a punto de abrir sus puertas a la inversión extranjera en el sector minero, algunos observadores temen que la falta de supervisión pueda dar lugar a una extracción desenfrenada y reforzar el papel de Venezuela como centro regional para el ingreso de oro ilegal al mercado formal, incluso a través de compradores estadounidenses”, advierte la investigación.
En tanto, los impactos ambientales de la minería del oro son abundantes y documentados. Por un lado, el uso de mercurio o cianuro para separar el oro contamina los suelos, impacta las fuentes hídricas y la vegetación.
Pero también implican graves daños a la salud pública con el consumo de metales pesados e incluso con el aumento de la malaria por el estancamiento de agua residual de esta actividad.
“La malaria ahora es común en las zonas amazónicas de Venezuela y Brasil, ya que las lagunas de agua estancada creadas por los mineros proporcionan un caldo de cultivo ideal para los mosquitos”, señala.
Alrededor de las minas ilegales del estado de Roraima, Brasil, los casos de malaria se dispararon 233 %, por lo que las autoridades declararon emergencia sanitaria en 2023, en una región con cerca de 20 000 mineros ilegales y donde solo habitan 30 000 personas del pueblo yanomami. Se calcula que 570 niños murieron en cuatro años.
Una piscina y maquinaria usadas para la extracción ilegal de oro en el río Santiago, Ecuador. Foto: Chinki Nawech
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El informe sostiene que es imposible saber con certeza cuánto daño ambiental generan las industrias que operan dentro de la legalidad y cuánto es provocado por el crimen organizado, pues las fronteras entre actividades lícitas e ilícitas son cada vez más difusas.
“Como ha documentado Crisis Group, el oro extraído en territorios protegidos de Venezuela, por ejemplo, se transporta a través de la frontera y se vende en Colombia como si proviniera de una mina legal de ese país. Testimonios directos de habitantes de la Amazonía ponen de relieve que las empresas formales a menudo se ven involucradas con grupos criminales al participar en prácticas que generan daños ambientales”, menciona el estudio.
De acuerdo con la investigación, la minería de oro ha transformado al menos dos millones de hectáreas de selva amazónica en terrenos desbordados y sedimentos expuestos, un aumento del 52 % en seis años.
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Ante el poder del crimen organizado para corromper autoridades, fuerzas de seguridad y comunidades, muchas veces desde la violencia e intimidación, el informe destaca que los Estados y las comunidades han respondido con diversas iniciativas, sin que ninguna sea lo suficientemente efectiva como para revertir la tendencia a la destrucción de la Amazonía.
Sin embargo, señala que las iniciativas conjuntas son una vía prometedora para enfrentar la expansión del crimen.
“Más allá de las medidas policivas [policíacas], una estrategia eficaz de seguridad para la Amazonía debe buscar generar empleos alternativos viables y ajustar los marcos legales para fortalecer la lucha contra los delitos ambientales”, advierte.
Entre las medidas sugeridas, se señala que los gobiernos pueden ofrecer capacitación para que las comunidades indígenas puedan recolectar evidencia, como fotografías o muestras de agua, las cuales podrían usarse en procesos judiciales que involucren a estas actividades económicas ilícitas.
Entre 2012 y 2022, la Amazonía concentró una gran parte de los casi 2000 defensores ambientales y del territorio asesinados en todo el mundo. Foto: cortesía Bram Ebus/International Crisis Group
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También señala como necesario armonizar las leyes que regulan los delitos ambientales en la región amazónica para evitar que los delincuentes aprovechen las lagunas legales y exista una mayor colaboración transfronteriza.
Al contar con un espacio como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la investigación sostiene que debe aspirar a convertirse en una plataforma capaz de facilitar la coordinación entre las autoridades de los países que permita operar mecanismos de planeación, inteligencia, inspección e investigación.
Además destaca la necesidad de pensar en economías sostenibles en la Amazonía que no pongan en riesgo a los ecosistemas, como el ecoturismo o el desarrollo de actividades agrosostenibles.
“Los gobiernos podrían reorientar los subsidios e inversiones, dejando de lado las actividades que destruyen la selva, como la agricultura industrial y la ganadería, y dirigiéndolas hacia el financiamiento de alternativas sostenibles como la recolección de productos forestales, la agrosilvicultura y el ecoturismo comunitario”, señala el documento.
También se señala que debe haber una responsabilidad corporativa y un aporte de la comunidad internacional para la rendición de cuentas que involucran a materias primas de la Amazonía.
Las Entidades Territoriales Indígenas Reconocidas en Colombia abarcan el 15 % de la Amazonía del país. Foto: Juan Gabriel Soler/GAIA Amazonas
“Las empresas que se abastecen de productos de la Amazonía no pueden alegar de forma creíble que desconocen estas prácticas. Los compradores internacionales tienen tanto la capacidad de presionar como, en muchas jurisdicciones, el deber legal de exigir documentación que acredite la cadena de custodia, pero su aplicación ha sido deficiente”, señala el informe.
Incluso se recomienda a los Estados de la Amazonía considerar el establecimiento de las contribuciones corporativas a los fondos de conservación como una condición para quienes comercializan con materias primas de alto riesgo.
“El sector privado lícito ha extraído valor de la Amazonía durante décadas; garantizar que una parte de esos beneficios se reinvierta en la protección del medioambiente representaría un importante reconocimiento de la necesidad de preservar las fuentes de ganancias de estas empresas”, sostiene la investigación.
El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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