Antonio Alfredo Seminario Icaza, de 41 años, fue asesinado la noche del lunes mientras conducía una combi de la empresa 102, que cubre la ruta entre Lima y el Callao. El ataque ocurrió frente al coliseo Amauta, cuando el vehículo fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon a quemarropa.
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Una cámara de seguridad de la zona registró cómo la motocicleta seguía a la combi y se detuvo a su lado para ejecutar el disparo. El proyectil impactó en la cabeza del conductor, quien murió en el acto, a pesar de que llevaba pasajeros a bordo.
La Policía identificó a la víctima como un exintegrante de la organización criminal Barrio King, conocido con el alias de “Tachuela”. En 2017 fue detenido por su vinculación con esta banda, y sobre él pesaba una recompensa de S/20 000 ofrecida por las autoridades.
Este crimen se suma a otro ataque reciente contra un chofer de la misma ruta, lo que ha generado temor entre los transportistas. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas y ya se encuentran analizando los videos de seguridad para dar con los responsables.
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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
