Un censo minero y más: las medidas incluidas en la quinta ampliación del Reinfo y su impacto

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A inicios de semana, el mandatario Jerí había señalado que esperaba un informe técnico del sector antes de decidir si observaba la autógrafa —lo que habría supuesto su retorno al Congreso— o procedía con su promulgación, al advertir preocupación por una parte de la redacción.

“Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector; es un tema en la redacción que está vinculada con la ampliación”, dijo el presidente el lunes.

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Tras las declaraciones de Jerí, inmediatamente desde la Confemin Perú —que aúpa a mineros informales— se lanzó una advertencia al señalar que la no ampliación del Reinfo tendría consecuencias “graves e inmediatas”, señalando, entre otros, un incremento de la conflictividad social en regiones y un impacto a la “paz social y al clima democrático”, “poniendo en riesgo incluso la realización de las próximas elecciones en un ambiente de tranquilidad y orden”.

Además de la observación y la promulgación, el Ejecutivo también tenía como opción optar por el silencio y no pronunciarse, lo que habría forzado al Parlamento a promulgar directamente la norma una vez vencido el plazo legal, el 15 de enero próximo. Tras el análisis anunciado, el gobierno finalmente optó por ratificar el texto tal y como fue aprobado, sin mayores objeciones.

Otras medidas incluidas

La norma no solo concreta la quinta prórroga del Reinfo, sino que introduce una serie de disposiciones complementarias para el sector. Entre ellas, establece la realización de un “censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal”, el cual deberá iniciarse —se indica— en un plazo máximo de seis meses y estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Además de ello, se dispone un “proceso obligatorio de sinceramiento” de la ubicación real de las operaciones de aquellos inscritos en el Reinfo, a través de la presentación de información georreferenciada “que permita verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas”.

Además, fija un plazo de 60 días para que los gobiernos regionales terminen de transferir Minem el acervo documentario del proceso de formalización bajo, responsabilidad funcional, tras definirse la rectoría del sector en ese proceso. Esto incluye expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y toda la documentación relacionada. Se dispone que “el incumplimiento de esta obligación genera responsabilidad funcional para los servidores y funcionarios competentes”.

En tanto, la ley también encarga a la Sunafil la emisión de disposiciones destinadas a verificar que los inscritos en el Reinfo incorporen a sus trabajadores en planilla, que el Ejecutivo presente un proyecto para un régimen excepcional de tributación de este sector.

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En opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, la decisión del Ejecutivo de promulgar la norma muestra su conformidad con la fórmula aprobada por el Congreso, a pesar de los riesgos que se advierten en algunos de sus artículos. “Si no lo ha observado y lo ha publicado, es porque está de acuerdo con el texto”, incidió.

Entre ellos, señaló que se deja abierta la posibilidad de mantener vigente el Reinfo bajo el argumento de que, llegado diciembre del 2026, no se haya aprobado la ley MAPE. Además, advirtió que el censo minero no debería convertirse en una puerta de ingreso para mineros ilegales, pues la norma no establece criterios claros y deja el término abierto. Agregó que respecto al proceso de “sinceramiento” de ubicación, el texto carece de alguna sanción para quienes lo incumplan.

Por su parte, el exministro Carlos Herrera Descalzi consideró que, lejos de resolver el problema de fondo, se están generando las condiciones para una nueva extensión en el 2026. Acotó que este sector informal es electoral mente importante, pues si bien no puede definir un presidente, sí representantes en el Congreso.

“Mi lectura, es que los actores que tienen interés en este tema, se las agencian para que nunca haya una solución”, remarcó.

Herrera Descalzi apuntó que la próxima administración asumirá a fines de julio, lo que deja un margen de cinco meses para analizar la problemática, frente a los más de cuatro años que ya ha tenido el actual Congreso y que no pudo materializar una Ley Mape.

“Los meses se van a pasar y nos vamos a encontrar nuevamente en noviembre con pedidos de que se extienda el Reinfo por un año más, porque eso es lo que se persigue”, aseveró.