Este lunes se denunció públicamente el asesinato del coordinador de vigilancia de la comunidad Onconashari, el líder ashéninka Américo Pascual Tomisha, cuando cumplía sus labores en esta localidad ubicada en Ucayali.
Este lunes se denunció públicamente el asesinato del coordinador de vigilancia de la comunidad Onconashari, el líder ashéninka Américo Pascual Tomisha, cuando cumplía sus labores en esta localidad ubicada en Ucayali.
La organización indígena regional Aidesep Ucayali- ORAU reportó que el apu de 57 años fue el ex jefe de la Comunidad Nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa, región Ucayali.
“El día 23 de agosto de 2026, mientras realizaba acciones de monitoreo y vigilancia territorial dentro de su comunidad, el hermano Américo Pascuala Tomisha encontró la presencia de terceros dentro de su territorio comunal, quienes presuntamente venían realizando actividades de extracción de aceite de copaiba. En estas circunstancias se produjo un enfrentamiento, donde recibió impactos de arma de fuego que ocasionaron su fallecimiento”, informó la organización.
ORAU exige al Ministerio Público una investigación célere.
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Por este motivo, exigen al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú una “investigación inmediata, captura de responsables y protección para defensores indígenas”.
Aidesep agregó que Pascual ya había denunciado previamente la presencia de colonos y terceros dentro del territorio de su comunidad, alertando sobre una situación de riesgo que terminó con “la pérdida irreparable de un defensor indígena”.
Expresó sus condolencias a la familia, la comunidad nativa Onconashari y al pueblo Ashéninka, y de la misma forma se unió al llamado para exigir justicia y una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables.
Por su parte, la senadora Ruth Luque compartió en sus redes sociales la alerta de ORAU y exigió al Gobierno de Keiko Fujimori “tomar acciones frente a la inseguridad que viven los territorio indígenas y los asesinatos a líderes indígenas”.
Este un crimen que se suma a los ataques sufridos por al menos 30 dirigentes indígenas asesinados desde 2020. Estos asesinatos están vinculados al avance de delitos en la Amazonía como la tala ilegal, la extracción ilegal de oro y el narcotráfico, y se concentran principalmente en las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios.
