Las comunidades nativas del distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya (Ucayali), denunciaron un grave escalamiento del conflicto territorial que sostienen desde hace años con empresas madereras instaladas en la zona. Durante una reunión comunal realizada el 3 de diciembre en el sector conocido como “Y”, los dirigentes informaron que el enfrentamiento por tierras ancestrales ha dejado hasta el momento un saldo trágico: dos comuneros asesinados y al menos 14 personas desaparecidas.
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Wilber Lázaro Coquinche señaló públicamente que sus familiares Benny Raúl Coquinche Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez, ambos de la comunidad de Maniquiari, fueron asesinados el 12 de noviembre de 2025. Estos hechos, junto con los reportes de desapariciones, quedaron consignados en un acta firmada por representantes de diversas comunidades y centros poblados de Raimondi.
Según el documento, decenas de indígenas han sido desalojados de sus tierras, sus viviendas quemadas y, en algunos casos, mujeres agredidas por personal vinculado a las concesiones forestales. Los dirigentes Marvin Sánchez López, Hilda Reátegui, Víctor Raúl Dipas, Zózimo Ramos Torres, José Rojas Espinoza y Juan Águila Cabezas remarcaron que esta es la tercera convocatoria para exponer estas denuncias y lamentaron que, desde Lima, solo el congresista Jorge Zeballos Madariaga haya acudido a la zona.
Los líderes señalaron directamente a la empresa Florida SAC —vinculada al excongresista Jaime Velásquez— y a otra compañía maderera, a las que acusan de haber obtenido concesiones forestales de forma irregular. Afirman que se omitieron procedimientos de verificación en campo y que las empresas están depredando los últimos árboles maderables de alta calidad, amparándose en permisos extendidos sin control efectivo.
“El gobierno otorgó la concesión sin siquiera una inspección ocular”, denunció uno de los dirigentes, quien exigió la inmediata anulación de los contratos forestales y una investigación por los abusos cometidos por guardabosques y grupos armados que operarían en la zona. Ante la ausencia de respuestas concretas del Estado, Zózimo Ramos Torres advirtió que las comunidades evalúan la posibilidad de bloquear el río Urubamba, una vía estratégica para el transporte fluvial hacia Camisea, como medida extrema de protesta.
Pueblos Ashaninkas anuncian ultimátum por crisis sanitaria
Paralelamente, los pueblos Ashaninkas asentados a lo largo del río Urubamba emitieron un pronunciamiento en el que advierten medidas radicales ante la persistente desatención estatal a su crisis sanitaria. Las comunidades reclaman la falta de médicos, medicamentos esenciales y equipamiento básico, situación que —según dijeron— pone en riesgo la vida de cientos de familias.
“Ya estamos cansados de ser olvidados”, sostuvo una de las voceras, quien pidió al Ejecutivo disponer de inmediato el presupuesto para garantizar atención médica permanente y evitar más muertes por anemia, desnutrición y falta de atención oportuna.
Mensaje a Jerí
Los representantes aseguraron que las visitas esporádicas de brigadas temporales “no resuelven nada” y exigieron la presencia del presidente José Jerí en la zona para adoptar decisiones de alto nivel. El mensaje fue directo: “Usted debe venir. Usted debe responder”.
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El comunicado advierte que, de no recibir una respuesta inmediata, procederán al bloqueo total del río Urubamba, afectando el tránsito fluvial vinculado al transporte del gas de Camisea. Para las comunidades, esta medida representa el último recurso para ser escuchadas.
“Estamos cansadas de ver llorar a nuestras mujeres cuando mueren nuestros hijos. Ya basta. Si no hay respuesta, cerraremos Camisea y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, finalizó la vocera indígena.
