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La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes revocó la prisión preventiva que cumplía el exgobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, y dispuso su inmediata excarcelación bajo comparecencia con restricciones por un plazo de 24 meses.
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes revocó la prisión preventiva que cumplía el exgobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, y dispuso su inmediata excarcelación bajo comparecencia con restricciones por un plazo de 24 meses.
La decisión judicial establece que Cruces Ordinola debiópagar una caución económica de S/30.000 para hacer efectiva su libertad, siempre que no exista otra orden de detención o mandato de prisión preventiva vigente en su contra.
De acuerdo con la resolución judicial, la Sala consideró que se produjo un cambio sustancial en los presupuestos que inicialmente sustentaron la medida de prisión preventiva. Uno de los elementos evaluados fue el debilitamiento del fumus commissi delicti, es decir, de los indicios que vinculaban al investigado con los hechos materia de investigación.
Segismundo Cruces Ordinola salió en libertad el último martes 25 de agosto.
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Aunque recuperó su libertad, Cruces Ordinola deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante los próximos 24 meses.
Entre ellas se encuentra la obligación de acudir mensualmente ante el Juzgado de Investigación Preparatoria para informar sobre sus actividades y someterse al control biométrico. También tendrá prohibido salir de la región Tumbes sin autorización judicial.
La resolución le impone, además, una prohibición de comunicarse por cualquier medio con testigos, peritos o imputados vinculados con el proceso. Entre las personas expresamente mencionadas figuran Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque, Carmen Inés Guerrero Jaime y Britty Ethell López León.
Asimismo, deberá abstenerse de cometer un nuevo delito doloso, entregar su pasaporte y cumplir con el impedimento de salida del país. También tendrá que presentarse ante todas las citaciones formuladas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El incumplimiento de estas condiciones podría generar la revocación de la medida de comparecencia.
Tras la resolución, Segismundo Cruces Ordinola abandonó durante la tarde del martes 25 de agosto el penal de Puerto Pizarro, donde permanecía recluido.
A su salida fue recibido por sus allegados, quienes lo acompañaron en una caravana hasta su domicilio.
Segismundo Cruces Ordinola salió en libertad el último martes 25 de agosto.
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Sin embargo, su excarcelación no implica automáticamente su retorno al cargo de gobernador regional de Tumbes. Para ello, la resolución judicial deberá ser notificada formalmente al pleno del Consejo Regional.
El Consejo Regional había dispuesto anteriormente la suspensión de Cruces Ordinola mientras afrontaba las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Ante la nueva resolución, el colegiado deberá evaluar el escenario correspondiente y derivar el expediente al área legal del Gobierno Regional de Tumbes.
Segismundo Cruces Ordinola salió en libertad el último martes 25 de agosto.
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Los asesores jurídicos de la entidad deberán determinar si las restricciones impuestas por la Sala son compatibles con el ejercicio del cargo o si persisten impedimentos para que pueda reasumir sus funciones.
Además, se plantea que el Consejo Regional elabore un informe y solicite el pronunciamiento de la instancia judicial correspondiente.
El eventual retorno de Cruces Ordinola a la gobernación también plantea dificultades vinculadas con las reglas de conducta establecidas por la Sala.
Una de ellas es la prohibición de comunicarse con testigos, peritos y coimputados de la investigación. Entre las personas incluidas en esta restricción figura Zoila Rosa Cuéllar Garay, su pareja, quien trabaja actualmente en el Gobierno Regional de Tumbes.
A ello se suma la prohibición de salir de Tumbes sin autorización judicial. Esta condición podría incidir en las actividades propias del cargo, que incluyen gestiones fuera de la región.
Además, un eventual retorno a la administración regional supondría que Cruces Ordinola vuelva a tener injerencia sobre funcionarios, expedientes y proyectos vinculados con la investigación fiscal.
