MIRA: Cómo es la dura batalla legal por el regreso a EE.UU. de Kilmar Ábrego García, el inmigrante deportado a El Salvador “por error”
En su último acto, el mandatario ha congelado unos US$2,2 mil millones en fondos federales destinados a la institución, a la que también amenaza con quitarle su estatus de “excepción fiscal para que sea gravada como una entidad política”. Otros siete mil millones de fondos federales para Harvard están en riesgo en esta pelea, dinero destinado a laboratorios, hospitales y otras investigaciones que ayudan a encontrar tratamientos para enfermedades, exploración espacial, nuevas tecnologías y más creaciones intelectuales que han sido, en parte, el motor de la innovación estadounidense
Esto debido a que a comienzos de esta semana la universidad se negó a cumplir las exigencias de implementar una serie de cambios para combatir -según el gobierno- el antisemitismo, una preocupación agravada por las protestas estudiantiles contra las incursiones de Israel en Gaza a lo largo del 2024.
“En mi opinión, la pelea no es con Harvard, sino contra la autonomía de las instituciones”, indica en conversación con El Comercio el analista político Octavio Pescador. “Esos términos tienen antecedentes ideológicos, porque no solo es el argumento de que estas instituciones han permitido que voces radicales antisemitas puedan intimidar a estudiantes judíos dentro de las instituciones, sino que se lanzan contra los programas DEI (diversidad, equidad e inclusión) que influyen a la hora de contratar personal y aceptar estudiantes”.
Unas iniciativas de inclusión que para Pescador se han convertido en parte crucial de la visión que estos centros de estudios buscan promover para sus estudiantes y la sociedad, pero cuyos críticos conservadores acusan de ser utilizados para marginar a los de su ideología política.
Es así que entre los pedidos del gobierno de Trump a la universidad están que comparta información de sus prácticas de contratación con el gobierno, que se realicen auditorías de las opiniones de estudiantes y profesores; reformas a su sistema de admisión para que sea ‘meritocrático’, ignorando cuestiones como raza, color o nacionalidad, y la imposición de un ente fiscalizador para asegurar que cada departamento ofrezca una enseñanza “diversa en puntos de vista”. Órdenes similares con las que la administración de Trump hizo doblar la rodilla a la Universidad de Columbia (Nueva York) el pasado marzo a cambio de no perder más de US$400 millones en fondos federales, pero que Harvard se ha negado a aceptar.
“Ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debe dictar a las universidades privadas lo que pueden enseñar, a quién pueden reclutar y contratar, o qué temas pueden investigar”, sostuvo el presidente de Harvard, Alan M. Garber, el lunes 14 en una carta abierta.
Esta respuesta no fue muy del agrado de Donald Trump, quien utilizó las redes sociales para despotricar contra la institución. “Harvard ya ni siquiera puede considerarse un lugar decente de aprendizaje y no debería figurar en ninguna lista de mejores universidades del mundo”, escribió Trump este miércoles 16 en su plataforma Truth Social. “Harvard es un chiste, enseña odio y estupidez, y no debería recibir fondos federales”.
Miedo y esperanza
Para Octavio Pescador, “los amplios recursos de Harvard le permiten ser una de las universidades que puede resistir y encabezar la resistencia”. Es así que en sus casi cuatro siglos de existencia, esta casa de estudios no solo ha logrado reunir un patrimonio de alrededor de US$53.000 millones, superior al PBI de más de 100 países, sino también una enorme influencia en los sectores económicos, jurídicos, financieros e industriales que lo hacen un potente rival incluso para el gobierno de su país.
Pero este poder no lo hace invencible, y el especialista sostuvo que si bien a Harvard le costaría mucho perder los fondos federales, el verdadero golpe sería la revocación de su exención para pagar impuestos, algo con lo que el propio Trump ya ha amenazado y que desencadenaría una dura batalla judicial.
“No hay argumentos sólidos que se puedan vislumbrar para quitarle su exención fiscal, al menos de acuerdo a cómo está la ley en este momento, donde se pide que las instituciones sin fines de lucro deban estar ajenas a los procesos políticos”, considera el también comentarista de la CNN en Español. “Por su parte, Harvard puede argumentar que no está involucrada en movimientos políticos, sino que está defendiendo la libertad de expresión, la autonomía universitaria y el debido proceso.”
Agrega que el alto nivel de jerarquía jurídica permitirá a Harvard contratar experimentados abogados que sabrán poner trabas a cualquier juicio, permitiéndole dilatar o apresurar ciertos procesos a su favor, quizás en espera de un mejor clima político en el que crezca el apoyo a la autonomía universitaria o para que otras instituciones sientan el respaldo en caso tuvieran que también afrontar los mismos recortes de los recursos federales o la pérdida de su exención al pago de impuestos.
La preparación de Harvard también se ha centrado en los estudiantes internacionales, que en los últimos meses se han visto como objetivos de la Administración Trump, a pesar de que en muchos casos cumplen todas las normas legales para mantenerse en territorio estadounidense.
“El ánimo de los estudiantes internacionales en Harvard se ha visto afectado por las recientes cartas del gobierno federal de EE.UU hacía la autonomía de la universidad. Debido a las demandas en las cartas y también las muchas revocaciones arbitrarias de visas de estudiantes en varias universidades en EE.UU, la universidad nos ha estado brindando sesiones virtuales para que cada estudiante sepa sus derechos”, le dice a este Diario un estudiante peruano en Harvard que prefirió hablar desde el anonimato. “También nos ha dado los contactos de abogados de inmigración puestos a disposición por la universidad en caso necesitemos sus servicios. Adicionalmente nos dieron un número de emergencia si en algún momento nuestras visas son revocadas deliberadamente como ya ha pasado a otros estudiantes internacionales”.
“Lamentablemente, estos son momentos sin precedentes en que la actual administración no está actuando imparcialmente, yendo en contra de la autonomía de universidades privadas, tratando de coaccionar a Harvard si no acata los pedidos de la administración. Los estudiantes internacionales estamos preparados gracias a las iniciativas de la universidad y la comunidad internacional en varias universidades está comunicando lo que está pasando en sus campus”, resalta.
Una pelea que no se puede perder
La decisión de pelear por parte de Harvard ha revitalizado a sus pares, con otros centros de altos estudios como Yale y Stanford mostrándole apoyo a Harvard en su batalla legal con el gobierno.
“Las universidades deben responder a las críticas legítimas con humildad y apertura. Pero la forma de lograr un cambio constructivo no es destruyendo la capacidad de investigación científica de la nación, ni haciendo que el gobierno tome el mando de una institución privada”, dice una carta firmada por el presidente de Yale, Jonathan Levin, y su rectora, Jenny Martínez. “Las objeciones de Harvard a la carta que recibió están arraigadas en la tradición estadounidense de libertad, esencial para las universidades de nuestro país y que merece la pena defender.”
Otro en aplaudir la decisión fue el expresidente Barack Obama, quién se graduó de la escuela de derecho de Harvard en 1991.
“Harvard ha dado ejemplo a otras instituciones de enseñanza superior, rechazando un intento ilegal y despiadado de reprimir la libertad académica, al tiempo que adopta medidas concretas para garantizar que todos los estudiantes de Harvard puedan beneficiarse de un entorno de investigación intelectual, debate riguroso y respeto mutuo”, escribió el exmandatario en X, rompiendo su usual silencio en materias gubernamentales.
Pero para Octavio Pescador, la pelea principal en torno a las universidades no solo se centra en la autonomía, sino que se da en función a una incluso aún más preocupante propensión por parte de la administración de Trump de desacatar el debido proceso, donde el gobierno opera bajo la lógica de “es mejor pedir perdón que pedir permiso”, algo que ha causado grave preocupación entre los juristas.
“Esta resistencia de Harvard y de voces que se están haciendo escuchar en los sectores jurídicos se da porque parece que estamos entrando en una fase donde los poderes del Estado podrían enfrentarse a tal grado que se considere una crisis constitucional”, considera.
Ejemplo del desacato de la administración de Trump a las cortes las hemos visto con las batallas legales en torno a la agencia de ayuda extranjera USAID, la expulsión de decenas de estudiantes internacionales como Mohsen Mahdawi, Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk y Yunseo Chung con endebles justificaciones o, de manera más descarnada, en el caso de Kilmer Ábrego García, un residente legal en Estados Unidos que fue enviado por un supuesto error administrativo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y que la administración actual se rehúsa a traer de vuelta a pesar de la exigencia de las cortes, incluyendo la Suprema.
Una situación que se agrava aún más porque en este momento, las más altas instancias de ambas ramas, el Congreso y la Corte Suprema, se encuentran bajo el control de una mayoría conservadora. “En el sistema de jurisprudencia la interpretación de que la ley no solo se da de acuerdo a precedentes, sino también a la opinión pública, por lo que hay un temor de que si se cede ahora, qué más vas a esperar a tener que ceder en adelante si toda la estructura institucional favorece al actual gobierno”, acota el analista internacional.
Algo que aprendió la Universidad de Columbia, que a un mes de haber claudicado encontró que la administración de Trump la quería poner bajo un decreto de consentimiento que la obligaría legalmente a seguir todas las directrices federales en la forma de combatir el antisemitismo, según un informe del Wall Street Journal, exigencia que probablemente no esperaban cuando aceptaron la demandas del gobierno en marzo. Aunque la reciente rebeldía de Harvard parece haber revitalizado a la universidad, con su presidenta, Claire Shipman, afirmando el último lunes que rechazará cualquier trato que “requiera entregar nuestra independencia y autonomía”.
Para Pescador, el asunto migratorio es particularmente ilustrativo de la manera en que el gobierno de Trump ha tomado control de poderes que usualmente no le pertenecen, ya que en principio estas materias están bajo el control del Poder Legislativo. Sin embargo, señala que como también se está involucrando la política exterior – controlada por el Ejecutivo- el tema se vuelve ambiguo, permitiendo al gobierno decir que “este tipo es un terrorista y lo puedo sacar”.
“Es un juego muy hábil que ha tomado la administración de decir que va a hacer todo lo que pueda hacer en este momento y si las cortes lo rebotan, ni modo, y si las cortes declaran qué debo hacer, puedo aplazar cualquier decisión y seguir haciendo lo que quiero”, considera, indicando que ese es el meollo del problema en que se ven quienes, por voluntad o circunstancia, se ven enfrentados a la administración actual. “Si ya viste que le están pegando a alguien igual que a ti, pues mejor desde ahora empiezas a ganar eventos y a encabezar la resistencia. Esa es la idea de Harvard”.
