El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató el sábado de invocar una antigua ley usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, esta vez para perseguir a la banda de origen venezolano Tren de Aragua, decisión bloqueada por un juez.
Trump había emitido una orden para deportar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, al argumentar que tenía derecho a declararlos “enemigos extranjeros” bajo una ley de hace más de dos siglos.
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Sin embargo, el intento del republicano, que ha prometido a sus partidarios una campaña agresiva para deportar a miles de inmigrantes indocumentados, se vio bloqueado por una decisión judicial.
El juez James Boasberg aún debe deliberar sobre el fondo del asunto, y ordenó el sábado una suspensión de 14 días de cualquier deportación bajo el nuevo decreto de Trump, al menos hasta que lo haga.
La Ley de enemigos extranjeros de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite a un presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga.
Ha sido invocada tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1946, para detener a unos 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés.
Trump buscaba usar dicha norma contra la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada como organización “terrorista” por Estados Unidos.
En una proclama publicada el sábado, la Casa Blanca declaró que el Tren de Aragua está estrechamente vinculado al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Es un Estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos”, señala la declaración presidencial.
Trump considera que el Tren de Aragua está “llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro”.
La declaración da a la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, 60 días para poner en práctica la proclama, haciendo que todos los integrantes de la banda estén “sujetos a aprehensión inmediata, detención y expulsión”.
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Bondi dijo en un comunicado que la decisión judicial “hace caso omiso de la bien establecida autoridad con respecto al poder del presidente Trump, y pone en riesgo al público y a las fuerzas del orden”.
La orden de detención y expulsión se dirige a todos los miembros venezolanos del Tren de Aragua mayores de 14 años que no sean ciudadanos estadounidenses naturalizados o residentes legales permanentes.
La Casa Blanca tiene hasta el lunes para presentar una moción si quiere anular la pausa, y en su defecto la próxima audiencia será el 21 de marzo, según la resolución judicial.
