El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, contra diversas diligencias del Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, contra diversas diligencias del Ministerio Público.
El TC aseguró que “las actuaciones de la fiscal de la Nación y demás fiscales demandados… no determinan ninguna restricción o limitación en la libertad personal del recurrente, ni configuran amenaza alguna a dicho derecho”.
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Es decir, las acciones cuestionadas por Santiváñez, como los requerimientos de allanamiento y la apertura del secreto de las investigaciones, no constituyen una amenaza inminente ni efectiva al derecho a la libertad personal.
Además, el TC resaltó que las diligencias se encuentran respaldadas por resoluciones judiciales, y que “los actos del Ministerio Público, en principio, son postulatorios, y no decisorios sobre lo que la judicatura resuelva”.
Corte Suprema rechaza levantar secreto bancario y telefónico a exministro Santiváñez. (Foto: Andina)
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De acuerdo a la demanda de Santivañez, las acciones fiscales como “el allanamiento desproporcionado y arbitrario en su domicilio, respondía a una presión política autorizada con más de dos semanas de anticipación y ejecutada justo antes de un debate en el Congreso”
Santiváñez afirmó que estas diligencias estaban relacionadas con una investigación por tráfico de influencias y que “la fiscal demandada viene desplegando un conjunto de actuaciones que no corresponden a una conducta objetiva, imparcial y respetuosa al debido proceso penal”.
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Además, señaló que los medios de comunicación difundieron noticias sobre posibles órdenes de captura y detenciones en su contra, lo que habría alimentado una percepción de persecución y afectando su derecho a la libertad personal.
Por ello, el exministro pedía que se declarasen nulas diversas actuaciones, entre ellas, el requerimiento del 12 de febrero de 2025 para allanamiento y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Además, denunció que la Fiscalía supuestamente transgredía los deberes funcionales y la imparcialidad en el ejercicio de su cargo.
A su vez, según la demanda, estas actuaciones fiscales podrían implicar una inminente vulneración del derecho a la libertad personal, dado que “de emitirse el auto de detención preliminar y que este se ejecutara, ya se habría vulnerado su derecho, sin que exista un procedimiento judicial para cuestionarlo”.
