Tres de cada diez limeños han sufrido o conocen directamente a alguien que ha sido víctima de extorsión. Esta cifra pone en una situación crítica la seguridad en el país. Así lo revelaron el BCP y el Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social (CHS), durante la presentación del segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú. Esta iniciativa busca aportar información y análisis sobre la evolución de la criminalidad en el territorio nacional.
Los ponentes, Carlos Basombrío y Ricardo Valdés, expertos en seguridad ciudadana, explicaron a El Comercio las razones de esta problemática y las soluciones a corto plazo que se pueden aplicar.
La información fue recopilada y analizada a partir de datos obtenidos de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Censo Nacional de Comisarías, y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.
Consecuencias económicas de la inseguridad
Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad y economías criminales, señaló que el 81% de los encuestados considera que la inseguridad ciudadana influye en sus decisiones y hábitos financieros cotidianos. En Lima, este porcentaje sube al 90%, mientras que en provincias es del 77%.
Ante esta situación, la mayoría de los peruanos ha considerado alternativas para minimizar los riesgos en sus transacciones financieras. En este contexto, el 66% afirmó haber optado por utilizar canales digitales, como la banca por internet, aplicaciones bancarias y billeteras digitales, para evitar los peligros asociados con las transacciones presenciales.
Avance de la extorsión en el país
Durante la conferencia, se informó sobre el crecimiento de la extorsión. Con el apoyo de Ipsos, se precisó que un 21% de los peruanos —y un 27% de limeños— han recibido alguna comunicación amenazante o extorsiva en los últimos tres meses, o conocen a alguien que ha pasado por esto. Estas amenazas pueden manifestarse en cartas, audios, videos o llamadas. En números absolutos, esta cifra equivale a 5 millones de personas. En el caso de Lima, el porcentaje del 27% representa a más de 1,7 millones de personas que han sido víctimas o conocen a alguien que ha vivido esta situación.
Asimismo, el 23% de los encuestados afirmó haber presenciado un tiroteo callejero o conocer a alguien que recientemente haya experimentado uno. Esto equivale a 5.6 millones de personas afectadas.
El informe también destaca los efectos del crimen organizado en la economía de las familias peruanas. A nivel nacional, el 23% de los encuestados afirmó que ellos o alguien que conocen han visto afectada su economía por delitos como la extorsión o el cobro de cupos. La afectación es mayor en los niveles socioeconómicos C (29%), D (26%) y E (24%).
Brechas en la asignación de recursos policiales
Basombrío también mencionó las deficiencias en la asignación de recursos policiales para combatir el crimen. Según el especialista, los recursos actuales son claramente insuficientes. “Esto perjudica especialmente a las zonas donde el crimen organizado ha echado raíces, como los distritos de El Porvenir y La Esperanza en Trujillo, que llevan años siendo golpeados por la delincuencia”, advirtió.
La ONU recomienda un efectivo policial por cada 300 habitantes. Sin embargo, en el Perú, el único distrito que se acerca a esta cifra es Miraflores, con 0.68 efectivos por cada 300 personas. Le siguen Chorrillos (0.49), Villa María del Triunfo (0.48), San Juan de Lurigancho (0.36), Ate (0.33), Comas (0.27), Santiago de Surco (0.27), La Esperanza, Trujillo (0.22), y El Porvenir, Trujillo (0.18). Ninguno de estos distritos alcanza la cifra recomendada, y en los casos de El Porvenir y La Esperanza, se requeriría quintuplicar el número de efectivos (que es 147 y 173, respectivamente).
El especialista también alertó sobre la escasez de vehículos policiales en zonas críticas. Por ejemplo, en El Porvenir, Trujillo, hay solo 8 motocicletas y 6 automóviles para patrullaje, en comparación con Miraflores, donde hay 18 motocicletas y 15 automóviles. Considerando que El Porvenir es cuatro veces más extenso que Miraflores, necesitaría al menos multiplicar por nueve su flota de motocicletas para alcanzar una cantidad razonable.
Falencias en el patrullaje y acción policial
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior, indicó que, según el Censo Nacional de Comisarías del INEI, existen 1.459 comisarías en el país. En el caso de las comisarías urbanas, el sistema opera en dos turnos de ocho horas: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. Esto significa que no hay patrullaje policial entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m., precisamente cuando ocurren más delitos en las calles.
Además, en los últimos tres años, se han registrado más de 50.000 denuncias por extorsión. Sin embargo, hasta noviembre de 2024, solo había 1.233 personas privadas de libertad por este delito, una cifra similar a la de hace nueve años (1.166 en 2015).
Evolución de la extorsión y posibles soluciones
Ricardo Valdés explicó que el 75% de la población económicamente activa es informal, y muchos de estos trabajadores tienen miedo de denunciar la extorsión por temor a ser intervenidos. Algunos manejan productos adquiridos ilegalmente, lo que los lleva a preferir pagar la cuota extorsiva antes que acudir a las autoridades.
Sobre la evolución del delito, destacó que desde finales de los 90 la extorsión ha estado asociada al sector de la construcción civil, pero en los últimos años se ha expandido hacia los emprendedores, especialmente aquellos que se publicitan en redes sociales.
Resaltó que el uso de inteligencia artificial podría ser clave para combatir la extorsión, filtrando la información policial en categorías como tipo de pago, modalidad y temporalidad del delito.
“La clave está en estructurar, analizar y utilizar estos datos de manera eficiente. El análisis de esta información también facilitaría la detección de redes criminales”, agregó Ricardo.
Indicó que la labor del Ministerio Público es clave para garantizar que las investigaciones avancen y que los casos no queden impunes. Ante ello, es necesario que fiscales especializados trabajen en conjunto con la PNP para agilizar la obtención de órdenes de allanamiento, incautación y detención, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.
“Para combatir la extorsión transnacional, se debe reforzar la cooperación con organismos internacionales como Interpol y las fuerzas de seguridad de países vecinos, con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales que operan en múltiples jurisdicciones”, agregó.
