Las condiciones laborales en la adultez no son un punto de partida, sino el resultado de una trayectoria que se moldea a lo largo del tiempo, a partir de decisiones, oportunidades y eventos que ocurren antes del primer empleo. El acceso a servicios, y la calidad de estos, los entornos familiares y las responsabilidades tempranas influyen en la manera en que cada persona logra insertarse y mantenerse en el mercado laboral.
Estas trayectorias, sin embargo, no son neutras. Para hombres y mujeres, los factores que intervienen en etapas tempranas pueden operar de manera distinta. En este contexto, y a propósito del 8 de marzo, la reflexión no solo se centra en las brechas salariales o de empleo que aún persisten a nivel mundial, sino a los factores que influyen en estas trayectorias desde la infancia y la adolescencia.
En el Perú, en el último año, alrededor del 50% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y el 31% ha sido víctima de ella en el último año (ENDES, 2025-I). Solo en 2025, los Centros de Emergencia Mujer registraron más de 141 mil casos, de los cuales 21% correspondieron a violencia sexual y más del 60% de estos ocurrió en menores de edad, principalmente en el entorno familiar. Estos datos no solo muestran un problema social, sino condiciones que afectan al bienestar, continuidad educativa y autonomía futura. A ello se suma la maternidad temprana, la cual, como lo menciona la UNFPA –de la ONU–, se encuentra relacionada con una menor probabilidad de completar la educación secundaria y con trayectorias laborales precarias y de baja remuneración a largo plazo. Esta situación sigue siendo alarmante en el país. Entre 2020 y lo que va de 2026, según datos del Minsa, se han registrado en promedio casi cuatro nacimientos diarios en niñas y adolescentes menores de 15 años.
Otro factor relevante está relacionado a la distribución del trabajo de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican más del triple de horas que los hombres a tareas domésticas y de cuidado en el hogar, limitando, entre otras cosas, su acumulación de experiencia laboral y condicionando posibilidades de inserción laboral formal. Como consecuencia, el mercado laboral refleja parte de ello. En 2025, el 72% de mujeres ocupadas se encuentra en situación de informalidad, proporción que se acerca al 80% entre las más jóvenes.
Mirar estas dimensiones en conjunto permite una reflexión más amplia, sobre todo, en un contexto cercano a elecciones. Las prioridades de política pública no pueden limitarse a medidas aisladas en el mercado de trabajo: la prevención de la violencia, la continuidad educativa, el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud y la ampliación de sistemas de cuidado forman parte de una misma agenda orientada a fortalecer el capital humano. Así, no se trata de igualar hacia abajo en un entorno laboral frágil, sino de nivelar los pisos desde etapas tempranas, que permitan fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la productividad y el crecimiento del país.
