Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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El próximo martes 2 de junio, Lima, Callao y diversas regiones del país podrían verse seriamente afectadas por un paro nacional convocado por los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada. La medida surge tras el presunto incumplimiento de una serie de acuerdos firmados con el Ejecutivo hace más de dos meses. Los dirigentes del sector aseguran que el Gobierno aún no concreta las medidas económicas prometidas para mitigar el impacto del alza del combustible y la crisis financiera que atraviesan las empresas de transporte.
El próximo martes 2 de junio, Lima, Callao y diversas regiones del país podrían verse seriamente afectadas por un paro nacional convocado por los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada. La medida surge tras el presunto incumplimiento de una serie de acuerdos firmados con el Ejecutivo hace más de dos meses. Los dirigentes del sector aseguran que el Gobierno aún no concreta las medidas económicas prometidas para mitigar el impacto del alza del combustible y la crisis financiera que atraviesan las empresas de transporte.
Anuncio de paro de transportistas.
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Según los representantes del sector consultados por El Comercio, el paro responde principalmente a la demora en la emisión de un decreto de urgencia que debía oficializar un subsidio focalizado para el combustible y facilidades crediticias para las empresas formales.
¿Es solo el precio del combustible lo que motiva la medida?
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, explicó que la crisis que enfrenta el sector no solo está vinculada al aumento del precio del diésel, sino también a problemas de inseguridad y pérdida de personal. “Como consecuencia del temor y de estas cosas que estaban sucediendo (las extorsiones), una gran cantidad de conductores de las empresas estaban migrando o dedicándose a otras actividades”, señaló.
Las personas buscaron distintas formas de llegar a sus destinos durante el paro de transportistas. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
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Vargas explicó la situación se agravó desde octubre del año pasado y ha llevado a varias empresas al borde de la quiebra. Indicó que muchas compañías mantienen compromisos financieros por la adquisición de unidades, pero actualmente no cuentan con suficientes conductores para operar sus flotas. “Varias empresas ya han quebrado porque no hay conductores para que conduzcan los vehículos”, afirmó.
Los dirigentes sostienen que desde el 2024 advirtieron al Ejecutivo sobre el riesgo de colapso del sistema de transporte si no se tomaban medidas inmediatas. Tras varias jornadas de protestas y reuniones técnicas, el Gobierno habría aceptado establecer tres mecanismos de apoyo: un subsidio temporal para el combustible, créditos blandos similares al programa Reactiva y facilidades tributarias.
Baja el precio del GLP, pero precio de otros combustibles en Arequipa sigue en el alza (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
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De acuerdo con los transportistas, el subsidio contemplaba la devolución de S/4 por galón de combustible para los sectores de carga pesada y transporte interprovincial, a través del reintegro del impuesto selectivo al consumo.
En el caso del transporte urbano formal, el esquema acordado se basaba en pagos por kilómetros recorridos. Vargas explicó que las empresas formales cuentan con sistemas GPS que permiten verificar la cantidad de kilómetros realizados por cada unidad. “En nuestro caso, como ya habíamos tenido una experiencia con el COVID, se dijo que nos iba a devolver por kilómetro recorrido”, indicó.
El dirigente detalló que el cálculo se realizaría sobre la base de información enviada a la plataforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Según precisó, los pagos serían diferenciados dependiendo del tipo de unidad. Pese a ello, aseguró que los acuerdos nunca llegaron a concretarse. “Llegó fines de abril, no salió el decreto de emergencia; llegó inicios de mayo, mediados de mayo y no sale”, cuestionó.
Ante esta situación, los gremios decidieron anunciar un paro nacional como medida de presión. Vargas sostuvo que el objetivo es obtener una respuesta definitiva del Ejecutivo y evitar el colapso de más empresas. “Lo menos que queremos nosotros es generar un problema a la ciudadanía”, afirmó.
Otro de los puntos que preocupa a los transportistas es el acceso al financiamiento. Los gremios solicitaron al Gobierno la implementación de créditos con tasas preferenciales y plazos más amplios para refinanciar sus deudas.
Héctor Vargas aseguró que muchas empresas renovaron sus unidades mediante créditos bancarios con tasas elevadas y que la reducción de operaciones ha complicado seriamente el pago de esas obligaciones.
Además de la crisis económica, los transportistas denuncian que la inseguridad también ha afectado el funcionamiento del sector. Vargas indicó que las extorsiones y amenazas han provocado la salida de conductores y una fuerte reducción de la capacidad operativa de las empresas. “En una empresa de 50 unidades vehiculares solo el 30% está trabajando; el 70% no trabaja”, sostuvo.
Crimen contra chofer de combi reaviva temor por extorsiones en el transporte público. (Foto: César Grados/@photo.gec)
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Por su parte, Martín Ojeda, gerente general de COTRAP-APOIP y representante del gremio de transporte interprovincial, confirmó que los acuerdos firmados con el Ejecutivo tampoco han sido cumplidos. “Se acordó en esa acta firmada la devolución de cuatro soles por galón como subsidio al transporte interprovincial de carga, al transporte urbano de provincias y al transporte interprovincial”, señaló.
Ojeda recordó que el documento fue firmado el 14 de abril y que las autoridades habían anunciado que los pagos se realizarían entre mayo y junio. “Ellos indicaron que estos pagos se iban a realizar en mayo y en junio, cosa que no se ha dado”, afirmó.
El dirigente también advirtió que el incremento del precio del diésel continúa golpeando duramente al sector transporte. Según indicó, antes de la crisis el combustible costaba alrededor de S/12, mientras que actualmente supera los S/25 en Lima y alcanza hasta S/29 en algunas regiones. “El precio del diésel ha subido un 100%”, aseguró.
Ojeda añadió que el transporte interprovincial y de carga enfrenta además problemas de competencia desleal en zonas de frontera. “Es una situación externa, una externalidad que se hace en la frontera con camiones modificados, y se sigue dando”, sostuvo en referencia al ingreso de vehículos abastecidos con combustible adquirido en países vecinos.
Sobre las motivaciones del paro, el dirigente explicó que el incremento del combustible es el principal reclamo, aunque reconoció que la inseguridad también forma parte de la crisis que atraviesa el sector. “Este paro también le suma la crisis de inseguridad”, indicó.
A estas demandas también se sumó Bruno Aberasturi, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (Anatec), quien confirmó que el gremio de carga pesada participará en la paralización.
El dirigente indicó que los transportistas aceptaron mantener sus tarifas sin incrementos a cambio de recibir una compensación temporal por el alza del diésel. “El Gobierno nos decía que manejemos bien lo de las tarifas para mantener los precios y no afectar al sector”, señaló.
Respecto a la modalidad de la protesta, Aberasturi precisó que no se realizarán bloqueos de carreteras y que las unidades permanecerán detenidas en sus bases. “No vamos a salir a trabajar. Los carros se quedan guardados en cochera. Eso es apagado de motores. No hay intención de ningún bloqueo de vías”, afirmó.
Los gremios señalaron que todavía esperan una respuesta del Ejecutivo antes de ejecutar la paralización. Sin embargo, advirtieron que, de no concretarse el decreto de urgencia y las medidas económicas ofrecidas, el paro nacional se realizará en los próximos días.
Anuncio de conferencia de prensa.
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En tanto, han convocado una conferencia de prensa para el día 26 de mayo donde expondrán la problemática y las medidas que tomarán ante la falta de respuesta del Ejecutivo.
