Un grupo numeroso de transportistas urbanos del Callao se movilizó este martes por distintos puntos de la provincia constitucional para exigir a las autoridades medidas urgentes contra la creciente ola de violencia que enfrentan. Con sus unidades móviles y pancartas en mano, pidieron “paz y seguridad” para poder trabajar sin miedo, luego de varios ataques perpetrados por presuntos sicarios en las últimas semanas.
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La protesta, que inició bloqueando de forma momentánea el tránsito en el cruce de las avenidas Venezuela y Faucett, fue convocada tras el asesinato de un conductor de combi en San Miguel, hecho que ha generado consternación en el gremio del transporte.
La movilización se extendió por otras vías del primer puerto y llegó hasta el mercado central del Callao, para finalmente dirigirse a la Municipalidad Provincial, donde esperan ser recibidos por el alcalde Pedro Spadaro.
Los recientes crímenes contra trabajadores del transporte público incluyen ataques a choferes de las empresas Etuchisa, conocida como “Los Chinos”, y “Aquarios”, lo que en su momento motivó una paralización parcial del servicio. En todos los casos, se presume que los agresores serían sicarios contratados por mafias extorsionadoras que operan en Lima y Callao.
Frente a esta escalada delictiva, los transportistas han anunciado una nueva convocatoria a paro para este jueves 10 de abril, con el objetivo de presionar al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a las autoridades municipales a tomar acciones concretas. Exigen patrullaje policial efectivo en rutas de alto riesgo, mecanismos de denuncia más rápidos y protección para quienes ya han recibido amenazas.
Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Municipalidad del Callao se han pronunciado oficialmente sobre los pedidos del gremio.
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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
