Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el equipo legal del grupo, liderado por la abogada Romy Chang, está avanzando rápidamente en el cierre de acuerdos extrajudiciales con las víctimas y los familiares de los fallecidos. Hasta la fecha, se habrían concretado más de 80 acuerdos de compensación con un total de 93 agraviados.
Estos acuerdos incluirían ciertas condiciones, entre ellas, el compromiso de las víctimas de no declarar en la investigación y desistir del proceso penal. De acuerdo con la publicación periodística, esto tendría como objetivo reducir la acusación que pueda formular el Ministerio Público y evitar que los afectados se pronuncien públicamente sobre lo sucedido.
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Asimismo, una fuente cercana a la investigación señaló que también se busca restringir la divulgación de información en los medios de comunicación y evitar que se denuncien o cuestionen posibles irregularidades.
La Fiscalía de la Nación no habría encontrado varios reportes clave sobre el mantenimiento del techo del patio de comidas. Entre ellos, destaca un informe interno de diciembre de 2024 que advertía sobre el deterioro de las mallas de nylon que cubrían la cúpula del establecimiento, las cuales, pese a su mal estado, no habrían sido reemplazadas.
En tanto, la noche de la tragedia un agente de seguridad del centro comercial habría afirmado que poco tiempo atrás habían encontrado pernos caídos en el patio de comidas, lo que guarda relación con un evento registrado el pasado 8 de diciembre, donde se reportó la falla de anclajes de rejilla corta viendo en la cúpula del patio de comidas.
Rafael Huarcaya, exfuncionario de la Municipalidad de Trujillo, se habría comunicado con la fiscal Carmen Varas mientras ella se encontraba en el patio de comidas realizando diligencias. En la llamada le informó que en febrero de 2024 el Real Plaza presentó una solicitud para aumentar el metraje en la zona del patio de comidas, pero al identificar una serie de observaciones no se le brindó el certificado.
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Tiempo después, Moisés Hurtado León asumió el cargo de gerente y subgerente de la oficina de gestión y riesgo. En ese entonces sí se le habría brindado el certificado de inspección técnica de seguridad al centro comercial, no obstante, el semanario señala que se desconoce si hubo una subsanación de las observaciones previamente vistas.
El pasado 28 de febrero, la fiscal Carmen Varas habría solicitado formalmente a Luis Santa María Torres, gerente general del Real Plaza Trujillo, información relevante para las investigaciones, según el semanario Hildebrandt en sus trece. Se le requirió el nombre del personal a cargo de las operaciones, los informes sobre las modificaciones en el patio de comidas y los datos de las empresas o profesionales responsables del mantenimiento.
La Fiscalía le advirtió que, si no enviaba la información en un plazo de cinco días, podría ser denunciado por desobediencia a la autoridad. Sin embargo, según la carpeta fiscal, Santa María solo entregó un documento con la lista de los responsables que diseñaron y construyeron el patio de comidas.
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Por otro lado, las víctimas del colapso han denunciado la difícil situación que enfrentan. Paola Cerna, de 34 años, declaró al semanario que el siniestro le causó una fractura en la rodilla y un traumatismo en los tendones, lo que le impide desplazarse para trabajar, ya que se dedica a la venta ambulatoria. Según explicó, el Grupo Intercorp le transfirió S/400 como apoyo mientras se negocia un acuerdo compensatorio con su abogado.
Responde Real Plaza
Real Plaza comunicó a El Comercio que el centro comercial de Trujillo ha cumplido con las inspecciones municipales requeridas. La Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) más reciente fue aprobada en noviembre de 2024, luego de subsanar observaciones menores no relacionadas con temas estructurales y que fueron informadas y corroboradas por el municipio de la jurisdicción.
Acerca de los reportes internos, precisó que se tratan de incidencias no relacionadas a factores estructurales vinculados al colapso del techo del patio de comidas. “Todos los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en el centro comercial han seguido los protocolos establecidos y no reportaron ningún riesgo estructural”, informó.
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En relación al reporte del deterioro de las mallas de nylon en la cúpula del patio de comidas, indicó que el objetivo de ellas era evitar que ingresen aves al establecimiento. Además, su arreglo y reemplazo fue programado para enero del presente año. “Descartamos que este incidente haya sido una advertencia al posterior colapso del techo, debido a que dicha malla no tiene vínculo alguno con factores estructurales del patio de comidas”, enfatizó.
Respecto a las negociaciones de compensaciones a los afectados, señaló que su objetivo es brindarles apoyo inmediato y aliviar, en la medida de lo posible, las cargas económicas que enfrentan.
“Queremos ser muy enfáticos en aclarar que en ningún momento se ha presionado a ninguna persona afectada a firmar algún acuerdo compensatorio. Respetamos completamente si alguna familia prefiere optar por el proceso judicial. Los acuerdos son confidenciales por motivos de seguridad y tienen como finalidad que una persona afectada pueda poner fin a cualquier controversia a través de una compensación económica que cubra en su totalidad las expectativas de reparación por el daño sufrido”, explicó Real Plaza.
Implicancias legales
El abogado penalista Jimmy Sotomayor informó que las víctimas no tienen ningún impedimento para declarar como testigos durante el proceso penal. “La razón jurídica es que una cosa es la pretensión civil, que se cierra con la transacción de acuerdos extrajudiciales, y otra es el objeto penal en el proceso. Por lo tanto, los testigos irán a sumar a la teoría del caso del fiscal para buscar responsabilidad penal”, explicó el experto.
Asimismo, resaltó que, en algunos casos donde los delitos no sean graves, el Código Procesal Penal permite la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Esto significa que se puede pagar una indemnización a cambio de que el fiscal no continúe con la acción penal. “En un homicidio con pluralidad de víctimas, esto es imposible. No podría aplicarse”, señaló Sotomayor.
Además, agregó que el pago que se viene realizando solo serviría para evitar que las víctimas arremetan contra la empresa en los medios y para saldar la reparación civil por parte de esta, mas no la pretensión penal, por lo que el proceso debe continuar.
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El abogado penalista Aaron Alemán también se pronunció sobre el tema y señaló que los acuerdos no guardan relación con el proceso penal en lo que respecta a excluir o no de responsabilidad penal a los involucrados, incluidos los gerentes de la empresa. Lo mismo ocurre con los testimonios de las víctimas, ya que estas tienen deberes y obligaciones al comparecer en un juicio oral. “En caso eludan responder preguntas o hagan falsedad en su declaración, inclusive es un tipo penal en el que podrían estar en curso”, advirtió.
“Aun cuando se haya efectuado conciliaciones o transacciones extrajudiciales, no se puede aplicar el principio de oportunidad ni acuerdo reparatorio, porque en el presente caso hay pluralidad de víctimas y hay concurso de delitos de gravedad, con lo cual se seguirá el proceso penal y eventualmente imponerse las penas privativas de libertad respectivas contra los sujetos investigados”, concluyó Alemán.
