Una tendencia similar se observa en regiones altamente vulnerables a la ocurrencia de El Niño Global así como en aquellas afectadas por la conflictividad social durante los primeros meses del año. A la fecha, en este grupo quedan por invertir el 65% de los recursos programados para obras. A menos de cinco meses para finalizar el 2023, aún no se han ejecutado S/22.820 millones de los S/35.146 presupuestados.
Las regiones comprendidas en el análisis para la zona norte son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash; mientras que en la zona sur se tomó en cuenta a Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
En zonas vulnerables
La inversión pública total en las regiones del norte mostró un crecimiento superior al promedio nacional en enero y febrero (durante la ocurrencia de lluvias); sin embargo, entre marzo y mayo reportó una desaceleración para luego dar paso a una contracción en junio y julio. Durante los siete primeros meses, este indicador creció 8,1% respecto al período similar del 2022, pero con algunas variaciones entre regiones. En Piura y Lambayeque el monto gastado fue menor en 5,7% y 29,2%, mientras que en La Libertad, Tumbes y Áncash se registraron variaciones positivas [ver gráfico].
En la zona sur, afectada por la conflictividad social a inicios de año, se presentaron caídas mensuales en cinco de los siete primeros meses. Solo julio registró un descenso de 19,8%, porcentaje mayor al promedio nacional. Si bien el monto invertido de enero a julio retrocedió en 0,3% respecto al 2022, las mayores disminuciones se presentaron en Arequipa (-6,6%), Puno (-10%) y Apurímac (-28%).
Mal endémico
Según especialistas consultados, la lentitud de la ejecución presupuestal es un mal endémico de los tres niveles de Gobierno. Para Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), las cifras de caídas interanuales todavía pueden ser inferiores si se considera la alta inflación que hubo en el último año.
“La alta inflación en términos nominales significa menor avance físico, menos productos o menos servicios por el mismo costo del año anterior. Entonces, considerando la inflación, Apurímac tuvo una caída que incluso llega al 33% y Puno al 17%”, afirmó.
“Tenemos un grave problema de muy baja ejecución, que es crónico, y que se agudiza cada cuatro años con el cambio de autoridades. Luego está el problema más importante: se debe de realizar la inversión pública en servicios y proyectos de calidad, que cierren brechas, pero aún estamos lejos de esa discusión”, agregó.
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En un contexto de conflictividad social o de desastres naturales, la falta de liderazgo impide aún más que se logren las metas.
“El liderazgo político debe ser para generar inversiones para el desarrollo local, pero pocos lo tienen. En un ambiente de conflictividad, los alcaldes o gobernadores mismos tendrían que liderar y llegar a acuerdos con la población movilizada para sacar adelante proyectos, pero muchas veces los alcaldes están deslegitimados o no generan confianza. Así, los Gobiernos Regionales y Locales pueden hacer poco para hacerle frente a la conflictividad social ante el Gobierno Nacional”, explicó Carlos Casas, exviceministro de Economía.
Casas indicó que si bien la conflictividad de este año paralizó la economía en diversas regiones, hoy sus efectos no se ven reflejados directamente en la ejecución presupuestal.
“Viendo el presupuesto de solo proyectos, se ve que es complicado tratar de elevar las cifras de ejecución. Hoy Puno está en alrededor del 35%, Cusco en 34%, ambos por encima de promedio de los Gobiernos Regionales [29% hasta el cierre de esta edición]. En estas regiones al parecer no afectó la conflictividad en comparativa, pero todavía estamos muy por debajo del avance que se debería tener en agosto”, advirtió.
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Además de la falta de liderazgo, un problema para la ejecución son los largos procesos para la adjudicación de obras y servicios.
“Lo primero es que la Ley de Contrataciones es una norma que, como está basada en la desconfianza, tiene procedimientos que son muy engorrosos, entonces provoca que sea baja la posibilidad de adjudicar en plazos establecidos. Luego está la dificultad de hacer un proceso de inversión pública, porque puede que los expedientes técnicos estén mal hechos, o que la entidad no pueda contratar al equipo que realice los expedientes a tiempo. Los estudios de preinversión demoran”, resaltó Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Pontifia Universidad Católica.
«La Ley de Contrataciones es una norma que, como está basada en la desconfianza, tiene procedimientos que son muy engorrosos, entonces provoca que sea baja la posibilidad de adjudicar en plazos establecidos»
Respecto a la ejecución de este año, Ausejo coincidió con Fuentes en que los equipos de gobiernos subnacionales recién entraron en funciones este año y que la curva de aprendizaje suele traer bajos resultados en sus primeros meses de gestión.
“Ni todos son corruptos, ni todos son ineptos, pero lo cierto es que son nuevas autoridades que recién toman control del Gobierno. No hubo planificación previa a su ingreso y en un escenario en el que los sistemas administrativos están constituidos y han ido desarrollándose con un tránsito engorroso, es imposible avanzar”, dijo.
Posibilidades
Según Ausejo, desde el Gobierno Nacional se debería de focalizar las problemáticas regionales y presentar paquetes de intervenciones para solucionar las particulares en cada caso específico. Ello, con una transferencia eficiente de los recursos, podría aliviar a la larga la baja ejecución. “Si te dan la plata en agosto y los procesos pueden durar hasta seis o siete meses, no se van a llegar a las metas. Además, que a ello le tienes que agregar los procesos de control”, añadió.
En tanto, Casas señaló que los programas del Gobierno Nacional para descentralizar la inversión pública, como el Foncor, están bien pensados. Sin embargo, advirtió que solo tener la política no es sinónimo de mejoras en la ejecución. “Están condicionadas a la coyuntura política. Dar más recursos no significa que se va a gastar más y ello escapa a las posibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.
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Para Fuentes, se deberían impulsar mayores inversiones de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos. “Será difícil cerrar brecha solo con la inversión del sector público”, advirtió.
