El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue enfático durante su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso al advertir que la falta de recursos compromete seriamente la autonomía institucional.
Durante su alocución en la que sustentó el proyecto de la nueva Ley de Organización del Ministerio Público, indicó que actualmente se han despedido a varios trabajadores e incluso ya no tienen el suficiente personal de limpieza.
“Si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del Ministerio Público es un cuento; porque todo se hace a avance de presupuesto y si no tenemos los medios para hacer nuestro trabajo simplemente no vamos a poder hacerlo. El desprestigio sería para nosotros y un fracaso para el Estado”, señaló a los medios a su salida de la comisión.
“Como no tenemos partida para terceros, hemos despedido a casi las dos terceras partes, y especialmente en limpieza, ya en los despachos no hay quien haga la limpieza y la están haciendo los mismos fiscales”, afirmó.
Durante su intervención, también solicitó que el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público tenga “la mayor receptividad” en el Congreso de la República, al tratarse —según indicó— de “una reforma exigida por muchos entornos políticos, económicos y sociales”.
El titular del Ministerio Público cuestionó la vigencia del marco normativo actual. “Tenemos una norma de 1981 con la Constitución de 1979. Tenemos nuevas leyes para todo, pero el Decreto Legislativo 052 del 18 de marzo de 1981 sigue vigente para el Ministerio Público, por lo que es obsoleto aun con sus modificaciones”, sostuvo.
En ese contexto, planteó la necesidad de una reforma estructural. “Tenemos que buscar la reestructuración del Ministerio Público y la redefinición de la investigación del delito”, indicó.
Sobre este último punto, criticó el enfoque tradicional del sistema. “El Decreto Legislativo 052 se ha sustentado en una persecución de los agentes delictivos para imponerle la pena. Pero una estrategia de investigación en ese sentido no nos ha dado los resultados esperados en materia de términos preventivos. El diseño se basa en principio en tomar declaraciones a las personas y eso ya no es suficiente”, explicó.
“La causa de los delitos es el ánimo de lucro del 98% de los delitos, y cuando se cometen los delitos el agente delictivo sabe que siempre va a ser suya la ganancia del delito, el beneficio siempre se quedará con él aun cuando lo procesen y condenen”, afirmó.
Como ejemplo, citó el caso Odebrecht en Perú. “No se ha decomisado un céntimo de los aproximadamente 30 mil a 50 mil. Se tenía que privar principalmente del patrimonio criminal a los agentes del delito”, sostuvo.
Finalmente, alertó sobre la baja eficacia del sistema penal. “La cifra negra del delito, es decir la cifra de los delitos que no llegan al conocimiento de ninguna autoridad, es del orden de 80%. De esos no se investiga por lo menos la mitad, y de lo que se investiga solo se llega a condena en no más 0.5%. Lo que significa que si solo pensamos en la condena y optimizamos vamos a llegar al 1%”, concluyó.
Durante la sesión, también informó que en la elaboración del proyecto participaron representantes de instituciones, universidades públicas y privadas, cuatro colegios de abogados, alrededor de 40 fiscales y especialistas de medicina legal.
Advirtió, además, sobre la problemática de bajos salarios en el área de medicina legal, lo que dificulta la incorporación de médicos especializados.
