Tomás Gálvez había mencionado esta posibilidad desde que inició su gestión interina como cabeza del Ministerio Público en septiembre pasado. Sin embargo, inicialmente dijo que la decisión dependería de un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos.
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La Junta de Fiscales Supremos no llegó a una acuerdo para ello, pero luego Tomás Gálvez anunció que iba a proceder de todas formas con la disolución, alegando que los equipos no habían cumplido su cometido y que habían derivado en “encubrimiento” y “persecución”. Incluso había adelantado que las resoluciones saldrían el 6 de enero: “como estos (fiscales) se han considerados ‘reyes’, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes”.
Si bien procedió con la disolución de todos los equipos especiales, su enfrentamiento en los últimos años había sido particularmente con el Equipo Especial Lava Jato, en especial con su coordinador, Rafael Vela, y el fiscal provincial José Domingo Pérez. Además, había calificado el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ -investigado por el equipo especial del mismo nombre y en el que él mismo se vio implicado- como una “invención”.
Los otros equipos especiales desactivados son el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investigaba a personajes ligados a los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte y Martín Vizcarra; y el grupo que investigaba las muertes y lesiones durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Ya sin dedicación exclusiva a este casos, la mayoría de fiscales que integraban el Equipo Lava Jato y las carpetas a su cargo pasarán ahora a las Fiscalías Contra el Lavado de Activos; mientras que los de Cuellos Blancos del Puerto y el Eficcop irán a la Fiscalías Anticorrupción. Los del Eficavip, por su parte, irán a las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Una excepción es la de José Domingo Pérez, hasta este martes fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato. Mientras el resto de fiscales destacados al grupo pasarán al Subsistema contra el Lavado de Activos, la resolución no menciona que se le asigna una plaza allí, por lo que se prevé que retorne a su puesto original en la Fiscalía Anticorrupción. Esto fue confirmado este martes por Tomás Gálvez en una conferencia de prensa.
Así, el fiscal deberá dejar los casos que venía conociendo como parte del Equipo Especial Lava Jato. Entre ellos está el juicio de la exalcaldesa limeña Susana Villarán.
La justificación de Tomás Gálvez
Este mismo martes, durante su discurso por la inauguración del Año Fiscal 2026, Tomás Gálvez justificó su decisión de desactivar los equipos especiales y negó que esto vaya a afectar los casos que venían conociendo.
Sobre el equipo Cuellos Blancos, remarcó que ya había una fiscal suprema que también conocía los casos ligados a esta trama; mientras que justificó la desactivación del Eficcop alegando que sus casos estaban pasando a la coordinación del fiscal coordinador de las Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, quien “maneja criterios muy especializados”.
“Los equipos especiales por naturaleza tienen una existencia temporal para lograr determinados resultados y, lamentablemente, en muchos casos no se han logrado. Por ejemplo, en el Equipo Lava Jato, tenemos casos que han durado casi siete, ocho o nueve años y no se ha logrado ningún resultado. Finalmente, el propio Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto las decisiones que se habían tomado al interior de esos procesos”, añadió en alusión al Caso Cocteles.
No obstante, también reconoció que ese mismo equipo sí obtuvo resultados con sentencias condenatorias a expresidentes, aunque solo los limitó al trabajo del fiscal Germán Juárez, su actual coordinador de las Fiscalías Contra el Lavado de Activos. “No va a haber ningún retraso (en estos casos); no es una cuestión política ni de ser mesa de partes del Congreso, como dicen. Lo que estamos buscando es fortalecer la función fiscal”, agregó Gálvez.
A lo largo de nueve años, siete y medio de ellos con su composición actual, el Equipo Especial Lava Jato presentó una treintena de acusaciones fiscales en casos complejos y obtuvo siete condenas: tres logradas por el fiscal Germán Juárez (entre ellas las de los expresidente Ollanta Humala y Martín Vizcarra), dos por el fiscal José Domingo Pérez (la de Alejandro Toledo y el Caso Metro de Lima), una por el fiscal Rafael Vela (la de Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva) y una por la fiscal Geovana Mori (caso Alpha Consult).
En su conferencia de prensa posterior, ante una pregunta de El Comercio, Gálvez dijo que las condenas logradas por el fiscal José Domingo Pérez fueron en casos que “tenían pruebas desde hacía muchísimo tiempo que debieron resolverse en el 2020 o 2021”.
“Había pruebas de sobra, se hicieron largos (esos casos) y recién se ha condenado cuando ya no había otra alternativa. Pero el doctor Germán Juárez sí ha logrado condenas; ha demorado un poco también, pero siguen siendo oportunas y obviamente por eso es que estamos trabajando con él”, insistió.
En diálogo con este Diario, Gálvez se negó a admitir una responsabilidad en caso el cambio de estrategia en los casos Lava Jato, a partir de que los fiscales ya no tendrán dedicación exclusiva, resulte en que ya se dejen de lograr sentencias condenatorias. “Primero, los que investigan son los fiscales y si hay algún responsable son los fiscales” dijo.
“No puedes hablar de responsabilidades inventadas. Si no terminas un caso en 10 años, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a esperar 20 años para que se resuelva un caso, para entonces ya prescribieron todos. Descarto categóricamente esa posibilidad de que los fiscales que están a cargo ahora —que en gran medida son los mismos adjuntos y provinciales que han estado en Lava Jato— no vayan a hacer su trabajo”, sostuvo.
Agregó que “lamentablemente, no ha habido un control ahí porque el Equipo Lava Jato era prácticamente una fiscalía autónoma: ellos no tenían jefe, no había fiscal superior, ni supremo, ni de la nación. Eso ya no va a ser así; ahora habrá trabajo con determinados controles y tengo la plena seguridad que así trabajarán bien”.
En respuestas a preguntas de otros medios, insistió en que la desactivación de los equipos especiales no afectará a los casos que veían, ya que seguirán siendo vistos por los mismos fiscales, solo que ahora dentro de las respectivas fiscalías especializadas a las que han sido reasignados (Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios, yTerrorismo y Derechos Humanos).
Consultado por El Comercio respecto a cuál considera que fue el motivo detrás de la desactivación de los equipos especiales, el fiscal José Domingo Pérez dijo que es “parte de una estrategia” y se remitió a un artículo suyo publicado en el portal LP. Allí sostuvo que Tomás Gálvez anunció su decisión “recitando los mismos argumentos que sostienen quienes buscan destruir la labor de los fiscales”.
Según el fiscal, la desactivación del equipo especial Lava Jato es la culminación de un largo proceso o “estrategia de anulación” impulsada por sectores políticos y mediáticos, con el objetivo de convertirlos en un “enemigo interno” dentro del Ministerio Público y “destruirlos”.
“La más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales”, dijo.
“A fin de cuentas, Gálvez sabía que era hora de sellar la bitácora de Lava Jato, cuando en la conferencia de prensa del 19 de diciembre, se jactaba como el cazador de sus presas, con la siguiente frase: las palomas no matan a las escopetas», dijo. “La situación de riesgo de crear, personalizar y atacar estructuradamente al enemigo interno (…) en estos tiempos rancios, se ha materializado en manos del hombre fuerte interino de la institución”, culminó.
Consultado por El Comercio sobre qué pasará con las carpetas fiscales que tenía a su cargo, respondió que “en adelante los juicios y casos son de responsabilidad de quienes los asuman”.
En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que la desactivación de los equipos especiales es negativa y “contraproducente”. “Solamente se ha generado la desactivación de todos los equipos; pero no se ha dicho cómo va a continuar el manejo de los casos, porque recordemos que la formación de cada uno de estos equipos tenía como principal dedicación exclusiva a estos casos”, dijo.
“Desde el momento de la desactivación, estos casos van a pasar a fiscalías comunes que correspondan. Asumirá el fiscal que corresponda y este va a tener que ver estos casos con sus demás casos y con el resto de carga que tiene y con el personal que cuenta actualmente. Los equipos especiales tenían un grupo de fiscales dedicados a dedicación exclusiva y un grupo de asistentes también dedicados a dedicación exclusiva. Es decir, se está quitando capacidad operativa y técnica al seguimiento de estos casos”, indicó.
Para Andía, “obviamente aquí hay un retroceso”. “Eso no quiere decir que no se pueda evaluar (a los equipos especiales), no se pueda reconfigurar y demás, pero es preocupante que no se diga cómo se va a cubrir esta exclusividad. Estos casos tenían la particularidad de que avanzaban y seguían un camino porque tenían exclusividad y ahora no la van a tener. ¿Cómo se va a cubrir eso? Eso creo que para mí es lo más preocupante”.
Por otro lado, el abogado criticó que Tomás Gálvez “haya hecho evidente” su animadversión personal a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, incluso cuando ya era fiscal de la Nación. “Ha hecho comentarios tan subjetivos, como que se van a desactivar en Bajada de Reyes, porque ellos se creían unos reyes. El tema subjetivo o personal está realmente presente (…) Una decisión administrativa funcional no puede tomarse bajo elementos netamente subjetivos y personales de quien dirige la institución”, dijo.
Para el exministro de Justicia José Tello, el Equipo Especial Lava Jato no había obtenido los resultados esperados y algunos de sus integrantes se habían “politizado” o habían desnaturalizado en su función a partir de sus constantes apariciones en medios de comunicación.
No obstante, consideró que sí sería preocupante que “la decisión de desactivar haya sido tomada en base a personalidades de los grupos” y no en una decisión con sustento técnico y planificación.
“Lo complicado sería alguna prescripción que pudiera darse. Desde la perspectiva del litigio los tiempos son fundamentales. Es importantísimo, en observancia del debido proceso, cumplir con los tiempos. Cada persona que, por ejemplo, ahora se incorpore a asumir estos casos dentro de lo que ya es el esquema ordinario, al no haber grupos especiales, va a tener que procesar miles de folios, cientos de miles de folios (hojas)”, dijo a El Comercio.
En esa línea, consideró que debe haber “un plan de contención muy eficiente para hacer lo que está haciendo el Ministerio Público, que debe pasar por conservar cierto personal crítico, gente que conozca [los casos]. Estoy seguro que José Domingo Pérez o Rafael Vela no han leído los 30 mil folios de los casos, pero hay gente que sí lo ha hecho, que ha procesado, que tiene la data, que tiene información, el soporte. Esa gente es la que no puedes perder porque es la posibilidad de poder desarrollar y llevar adelante los procesos sin mayor dificultad».
Por ello, consideró vital “que esto no sea una depuración, que saquen a todo el mundo y le trasladen esta carga a otras personas”. “Es sumamente importante que sea algo muy bien manejado, de una manera muy técnica, que haya menos apasionamiento tras esta toma de decisión y haya una mente muy fría, propia de una gestión eficiente, la que finalmente concrete este proceso”, concluyó.
Los equipos desactivados
EL EQUIPO ESPECIAL LAVA JATO
Era el más antiguo de los equipos especiales. Fue creado en diciembre del 2016 por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante el estallido del Caso Lava Jato en el Perú con la confesión de Odebrecht, ante la justicia de Estados Unidos, de que pagó cerca de US$ 30 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014.
El Equipo Lava Jato, inicialmente liderado por el fiscal Hamilton Castro, recibió continuidad por parte del siguiente fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien en julio del 2018 designó como cabeza del grupo al fiscal superior Rafael Vela y como sus integrantes a los fiscales provinciales José Domingo Pérez, Germán Juárez y Geovanna Mori.
Con distintos matices, los posteriores fiscales de la Nación (Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza) dieron continuidad a esa conformación.
Por sus investigados y la complejidad de sus casos, los fiscales de este equipo especial tuvieron un alto perfil mediático, particularmente Rafael Vela, José Domingo Pérez y Germán Juárez. A partir del 2019, sus investigaciones comenzaron a resultar en acusaciones y, desde el 2022, comenzaron los juicios.
Al momento de su resolución, habían presentado unas 30 acusaciones y siete de ellas derivaron en sentencias condenatorias en primera instancia.
Los casos que veían y que ya tenían condenas en primera instancia son los de: Carretera Interoceánica Sur (Alejandro Toledo), Ecoteva (Alejandro Toledo), Partido Nacionalista (Ollanta Humala y Nadine Heredia), Metro de Lima (Jorge Cuba), Bonos Soberanos, Alpha Consult y Lomas de Ilo/Hospital de Moquegua (Martín Vizcarra). Todos ellos ya estaban a cargo de la fiscalía superior, dirigida por Rafael Vela, que debía sustentar la sentencia en segunda instancia.
Otros casos estaban en pleno juicio, como el de Susana Villarán, Vía Evitamiento Cusco y Ositran; o con juicios por comenzar, como Westfield (Pedro Pablo Kuczynski) y Costa Verde Callao (Félix Moreno).
Lava Jato también tenía procesos que ya estaban con la investigación cerrada y en etapa de control previo a su pase a juicio. Estos incluyen los casos Gasoducto Sur (Ollanta Humala y Nadine Heredia), Club de la Construcción (Ollanta Humala), IIRSA Norte (Pedro Pablo Kuczynski), Caso Tren Eléctrico, Caso Gonzalo Monteverde, entre otros.
Un último grupo estaba en la fase final de investigación con una próxima definición respecto a si se iba a acusar o archivar.
EL EQUIPO ESPECIAL CUELLOS BLANCOS
Fue creado en julio del 2019, durante la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación a raíz del estallido en el año previo del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, una presunta red de corrupción judicial que tuvo como principales protagonistas a los exjueces César Hinostroza y Walter Ríos.
Sin embargo, informes fiscales al respecto también alcanzaron al hoy fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien ha sostenido que este caso fue una “invención”.
Inicialmente liderado por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, este equipo especial sufrió constantes cambios en sus estrategias, integrantes y coordinación. Aun así, en noviembre pasado se dictó una primera sentencia a nivel de la Corte Superior Nacional. Previamente, se habían dictado condenas por colaboración eficaz.
EL EFICCOP
Fue creado en julio del 2022, como una de las primeras acciones de la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Trabajó rápido y obtuvo resultados iniciales en torno a las investigaciones de casos de corrupción ligados al gobierno de Pedro Castillo y bajo la coordinación de la fiscal Marita Barreto.
Luego del gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, el avance fue perdiendo fuerza gradualmente, así como apoyo institucional.
Según información que obtuvo El Comercio, hasta el año pasado, el equipo solo había presentado una acusación fiscal derivada de las múltiples carpetas que habían iniciado desde julio del 2022. Era la del Caso Sunat, donde se acusa el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. El expediente aún no había llegado a ser debatida en juicio.
Los casos que seguían bajo investigación incluyen los ligados al gobierno de Pedro Castillo (Puente Tarata, Petro-Perú, Anguía, Sada Goray, Gabinete en la Sombra y ‘El Español’); al gobierno de Dina Boluarte (Waykis en la Sombra y presunto encubrimiento a Nicanor Boluarte); al gobierno de Martín Vizcarra (Intocables de la Corrupción) y a la gestión de Patricia Benavides (Caso Valkiria).
EL EFICAVIP
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) fue creado en marzo del 2023, también durante la gestión de Patricia Benavides, para investigar las muertes y lesiones durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte de inicios de ese año y fines del anterior.
Los casos seguían en etapa de investigación preparatoria y al menos tres ya contaban con acusación fiscal. La más reciente fue por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca durante una protesta en Lima se pidió 35 años de prisión contra Víctor Zanabria, excomandante general de la Policía, y para otros oficiales en la cadena de mando de la PNP.
