Tal como había adelantado a fines del año pasado, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, emitió este martes 6 de enero una serie de resoluciones en las que desactiva todos los equipos especiales de fiscales, uno de ellos Lava Jato, que en el último año logró las condenas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, pero sufrió la anulación de su acusación contra Keiko Fujimori.
Los otros equipos especiales desactivados son el del Caso Cuellos Blancos del Puerto, que veía casos ligados a una presunta red de corrupción judicial y fiscal; el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investigaba a personajes ligados a los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte y Martín Vizcarra; y el grupo que investigaba las muertes y lesiones durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.
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Así, las carpetas que veían estos equipos incluyen a distintas figuras del sector público y empresarial, que van desde expresidentes y sus familiares, así como exministros hasta empresarios, jueces, fiscales y oficiales de la Policía. Algunos de estos procesos ya contaban con sentencias condenatorias de primera instancia, particularmente en el Caso Lava Jato, pero otros seguían en etapa de control de acusación o de investigación fiscal.
Equipo Especial Lava Jato
Era el más antiguo de los equipos especiales. Fue creado en diciembre del 2016 por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante el estallido del Caso Lava Jato en el Perú con la confesión de Odebrecht, ante la justicia de Estados Unidos, de que pagó cerca de US$ 30 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014.
El Equipo Lava Jato, inicialmente liderado por el fiscal Hamilton Castro, recibió continuidad por parte del siguiente fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien en julio del 2018 designó como cabeza del grupo al fiscal superior Rafael Vela y como sus integrantes a los fiscales provinciales José Domingo Pérez, Germán Juárez y Geovanna Mori.
Con distintos matices, los posteriores fiscales de la Nación (Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza) dieron continuidad a esa conformación.
Por sus investigados y la complejidad de sus casos, los fiscales de este equipo especial tuvieron un alto perfil mediático, particularmente Rafael Vela, José Domingo Pérez y Germán Juárez. A partir del 2019, sus investigaciones comenzaron a resultar en acusaciones y, desde el 2022, comenzaron los juicios.
Al momento de su resolución, habían presentado unas 30 acusaciones y siete de ellas derivaron en sentencias condenatorias en primera instancia.
Los casos que veían y que ya tenían condenas en primera instancia son los de: Carretera Interoceánica Sur (Alejandro Toledo), Ecoteva (Alejandro Toledo), Partido Nacionalista (Ollanta Humala y Nadine Heredia), Metro de Lima (Jorge Cuba), Bonos Soberanos, Alpha Consult y Lomas de Ilo/Hospital de Moquegua (Martín Vizcarra). Todos ellos ya estaban a cargo de la fiscalía superior, dirigida por Rafael Vela, que debía sustentar la sentencia en segunda instancia.
Otros casos estaban en pleno juicio, como el de Susana Villarán, Vía Evitamiento Cusco y Ositran; o con juicios por comenzar, como Westfield (Pedro Pablo Kuczynski) y Costa Verde Callao (Félix Moreno).
Lava Jato también tenía procesos que ya estaban con la investigación cerrada y en etapa de control previo a su pase a juicio. Estos incluyen los casos Gasoducto Sur (Ollanta Humala y Nadine Heredia), Club de la Construcción (Ollanta Humala), IIRSA Norte (Pedro Pablo Kuczynski), Caso Tren Eléctrico, Caso Gonzalo Monteverde, entre otros.
Un último grupo estaba en la fase final de investigación con una próxima definición respecto a si se iba a acusar o archivar.
El Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’
Fue creado en julio del 2019, durante la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación a raíz del estallido en el año previo del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, una presunta red de corrupción judicial que tuvo como principales protagonistas a los exjueces César Hinostroza y Walter Ríos.
Sin embargo, informes fiscales al respecto también alcanzaron al hoy fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien ha sostenido que este caso fue una “invención”.
Inicialmente liderado por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, este equipo especial sufrió constantes cambios en sus estrategias, integrantes y coordinación. Aun así, en noviembre pasado se dictó una primera sentencia a nivel de la Corte Superior Nacional. Previamente, se habían dictado condenas por colaboración eficaz.
El Eficcop
El Eficcop fue creado en julio del 2022, como una de las primeras acciones de la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Trabajó rápido y obtuvo resultados iniciales en torno a las investigaciones de casos de corrupción ligados al gobierno de Pedro Castillo y bajo la coordinación de la fiscal Marita Barreto.
Luego del gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, el avance fue perdiendo fuerza gradualmente, así como apoyo institucional.
Según información que obtuvo El Comercio, hasta el año pasado, el equipo solo había presentado una acusación fiscal derivada de las múltiples carpetas que habían iniciado desde julio del 2022. Era la del Caso Sunat, donde se acusa el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. El expediente aún no había llegado a ser debatida en juicio.
Los casos que seguían bajo investigación incluyen los ligados al gobierno de Pedro Castillo (Puente Tarata, Petro-Perú, Anguía, Sada Goray, Gabinete en la Sombra y ‘El Español’); al gobierno de Dina Boluarte (Waykis en la Sombra y presunto encubrimiento a Nicanor Boluarte); al gobierno de Martín Vizcarra (Intocables de la Corrupción) y a la gestión de Patricia Benavides (Caso Valkiria).
El Eficavip
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) fue creado en marzo del 2023, también durante la gestión de Patricia Benavides, para investigar las muertes y lesiones durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte de inicios de ese año y fines del anterior.
Los casos seguían en etapa de investigación preparatoria y al menos tres ya contaban con acusación fiscal. La más reciente fue por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca durante una protesta en Lima se pidió 35 años de prisión contra Víctor Zanabria, excomandante general de la Policía, y para otros oficiales en la cadena de mando de la PNP.
