“Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales”, justificó en diálogo con Canal N.
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Consultado si esta medida podría implementarse antes de fin de año, precisó: “No creo porque en este tiempo hay demasiado trabajo, demasiadas cosas por hacer. En todo caso, en las próximas semanas”.
El titular del Ministerio Público agregó que la decisión será sometida a la Junta de Fiscales Supremos, pero añadió que si dicha instancia no la aprueba, él puede tomarla de manera autónoma. “Lo vamos a hacer en la junta, pero si no lo hace la junta, lo hago yo como fiscal de la Nación. Sí tengo la potestad”.
Consultado expresamente sobre si considera que el Equipo Especial Lava Jato ha protegido a la empresa brasileña Odebrecht, respondió: “Obviamente. Yo los he denunciado”.
¿Qué equipos desaparecerían?
El Ministerio Público cuenta con al menos cuatro equipos especiales vigentes, cada uno encargado de investigar casos de alta complejidad. Uno de ellos es el Equipo Especial del Caso Lava Jato, creado durante la gestión de Pablo Sánchez.
Ese grupo investiga casos de corrupción y lavado ligados a Odebrecht y otras constructoras. El último jueves presentó ante el Poder Judicial una acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, por el Caso IIRSA Norte.
Según precisó la fiscalía, se trata de la acusación número 31 que presenta el Equipo Especial Lava Jato para el control de legalidad.
Otro grupo que sería desactivado es el equipo especial para el caso Cuellos Blancos del Puerto. Este fue creado durante la gestión de Zoraida Ávalos e indaga una presunta red de corrupción judicial que involucra a magistrados del Callao y otros actores del sistema de justicia.
También desaparecería el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), creado durante la gestión de Patricia Benavides. Este investiga presuntos hechos de corrupción atribuidos a los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
En la gestión de Delia Espinoza, el Eficcop ya había perdido parte de su autonomía. Fue asimilado a la Fiscalía Anticorrupción, un movimiento similar al que ahora plantea Gálvez para el resto de equipos.
Según fuentes del Ministerio Público, Espinoza prefería trabajar con coordinadores de fiscalías especializadas nombrados directamente por ella, antes que con coordinadores de equipos especiales.
También se desactivaría el equipo especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), también creado bajo la gestión de Benavides.
Escenario
Gálvez señaló en septiembre pasado que la disolución de los equipos no implicará la remoción de los fiscales a cargo.
“Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”, afirmó.
El fiscal de la Nación interino se refirió aquella vez al fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo Lava Jato, quien conduce la acusación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y otros.
“Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del doctor José Domingo Pérez. Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Susana Villarán”, sostuvo.
“Medida garantiza la impunidad”
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia consideró que la decisión es “absolutamente incorrecta”.
“Esta medida se enmarca en una hoja de ruta destinada a copar el sistema de justicia y garantizar la impunidad. La justificación de que los equipos ya cumplieron su objetivo es un absurdo”, afirmó en diálogo con El Comercio.
Vargas Valdivia consideró que, lejos de haber cumplido un ciclo, los equipos especiales se encuentran en pleno desarrollo de investigaciones sensibles.
“La decisión de desmantelar estos equipos, sin que se haya erradicado la corrupción o la criminalidad organizada, tiene como objetivo claro acabar con las investigaciones en curso, como Cuellos Blancos y delitos anticorrupción”, señaló.
En opinión del exprocurador, la medida atenta contra un principio básico en la lucha anticorrupción moderna: la especialización.
“El mundo moderno tiende a la especialización de los órganos de investigación y persecución, y pretender que los fiscales comunes conozcan todos los temas —el ‘todismo’— es una barbaridad que revierte este principio”, aseveró.
En lugar de desactivar los equipos, Vargas Valdivia planteó una ruta distinta. “En lugar de desarticular, lo que se debe hacer es evaluar a los fiscales dentro de los equipos, cambiar a quienes no han obtenido resultados y, en general, fortalecer las unidades de investigación y persecución”.
“No dieron los resultados esperados”
No obstante, para el abogado penalista Vladimir Padilla la medida es adecuada.
Padillo señaló que, pese al personal y presupuesto designado, los equipos especiales “no han brindado los resultados que se esperaba”.
“Si lo evalúas, te darías cuenta de que los equipos especiales no te han dado los resultados que se esperaba, con lo cual no han servido para los fines que se buscaron… Por el contrario, pareciera que han tenido no solamente personal, sino también presupuesto mayor que cualquier otra de las fiscalías”, dijo en diálogo con El Comercio.
El penalista agregó que la especialización por competencia —como crimen organizado, lavado de activos o corrupción— ya existe dentro de la estructura del Ministerio Público, por lo que no es necesario mantener equipos especiales de manera indefinida.
“Este tipo de grupos son necesarios de manera temporal, pero no de manera perpetua”, dijo.
Respecto al futuro de los casos, consideró que la desaparición del “cascarón” no significaría un retroceso, siempre que las investigaciones se integren a fiscalías especializadas ya existentes. “Otros casos complejos, como el caso Orellana, son vistos por fiscalías de lavado de activos ‘comunes’ sin necesidad de un grupo especial”, recordó.
No obstante, y aunque reconoció que el fiscal de la Nación tiene la potestad de disolver los equipos, señaló que sería preferible una decisión consensuada. “Sería más saludable y transparente que una medida de tal magnitud sea consensuada o al menos comunicada con los demás fiscales supremos”.
