Él es un chico de solo 15 años, amante del fútbol, el básquet y la bicicleta. Con esta última se encontraba paseando el 30 de mayo por el cruce de las avenidas Manuel Holguín y El Derby, en Surco. Era un día cualquiera; se despedía de sus amigos cuando un vehículo apareció en el camino y lo atropelló, dejándolo gravemente herido. Ahora, sus familiares denuncian la liberación del responsable, la falta de apoyo económico para cubrir los tratamientos médicos y una serie de trabas que, según sostienen, se han presentado durante el proceso.
Quien se encontraba al volante del vehículo era Junior Michaels Acevedo Chávez, de 34 años, quien embistió al menor cuando este se desplazaba en su bicicleta. El adolescente terminó en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones. Fue trasladado de emergencia a la Clínica San Pablo, donde se le diagnosticó una hemorragia encefálica de localizaciones múltiples. Debido a ello, tuvo que ser sometido a intervenciones quirúrgicas y permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Acevedo Chávez es investigado por el presunto delito de lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito. Sin embargo, Ricardo Elías, abogado de la familia del menor, informó a El Comercio que se determinó que el investigado siga el proceso en libertad, bajo el argumento de que no representaba un riesgo de fuga. “Luego de conseguir su libertad, se ha mantenido indiferente con el caso”, aseguró.
En su manifestación policial, realizada el mismo día del siniestro, Acevedo Chávez reconoció la gravedad de lo ocurrido y afirmó que los gastos estaban siendo cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de su vehículo. Sin embargo, la familia sostiene que este seguro solo cubre una parte mínima de los gastos médicos y que el conductor no ha mostrado interés por la evolución del estado de salud del menor.
La familia asegura que “los gastos médicos acumulados ascienden a S/ 289.155, monto que ha sido asumido íntegramente por nosotros. La cobertura del SOAT representó unos S/ 27.499,99 adicionales, pero no alcanzó para cubrir una sola cirugía. Fuera de este monto, el conductor no ha realizado ningún aporte económico para cubrir los gastos derivados del accidente”.
“El investigado es indiferente. Para que lo liberen, dijo que trabaja, que tiene familia y que estaría dispuesto a ayudar a mis representados. Pero hasta ahora no se ha comunicado con ellos y no ha aportado. La estrategia es evidente: prometió que ayudaría para que lo liberen y, luego de eso, fue indiferente”, agregó el abogado.
La familia informó que el menor ya se encuentra en su casa, bajo el cuidado de enfermeras especializadas casi a tiempo completo y con terapias dos veces al día. Sin embargo, todavía deberá someterse a una operación de cráneo.
El menor fue sometido a dos cirugías por una hemorragia y un coágulo cerebral.
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En diálogo con El Comercio, Thais Salas, hermana del menor, contó que la recuperación “ha sido un proceso muy complicado y emocionalmente desgastante para todos como familia. Él entró a la clínica el 30 de mayo y permaneció internado durante 35 días, hasta que regresó a casa el 4 de julio. Cuando llegó a la Clínica San Pablo, fue sometido a una operación para detener una hemorragia interna en la cabeza. Luego fue inducido a un coma y, al día siguiente, tuvieron que volver a operarlo por un coágulo en el cerebro y nuevamente fue inducido a un coma”, relató.
“Él se golpeó en el lado derecho de la cabeza. En la primera operación le retiraron una parte del cráneo para descomprimir el cerebro, que estaba muy inflamado por el golpe que sufrió. El procedimiento fue una craneotomía descompresiva. Recién cuando su cerebro se desinflame por completo podrán operarlo para colocarle una prótesis”, contó.
Thais afirmó que la familia no ha recibido apoyo económico del conductor, más allá de la cobertura del SOAT. “En realidad, es un seguro obligatorio para cualquier vehículo que circula en Lima y que se activa automáticamente. Pero todo lo hemos asumido nosotros, con apoyo de rifas y campañas. De los S/ 289.155 que hemos gastado, ya hemos pagado S/ 184.098 y tenemos una deuda de S/ 105.057. En esos montos no nos ha ayudado el señor”, afirmó.
“Los actos de esta persona son contradictorios, porque el primer día dijo que sí nos iba a apoyar y que iba a asumir su responsabilidad por producir el accidente. Pero nunca tuvo ni siquiera la más mínima intención de contactarse y saber sobre el estado de salud de mi hermano”, agregó.
El adolescente de 15 años es amante del fútbol, el básquet y la bicicleta.
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Thais también pidió celeridad en el proceso y relató la difícil situación que atraviesa su familia. “Esta también es una carga emocional muy fuerte para él, porque ha tenido que detener su vida por completo. Es un niño de 15 años que está perdiendo un año escolar y probablemente tenga que repetirlo. Pido que se haga justicia y que se siga el proceso de la manera correcta”, concluyó.
El abogado Ricardo Elías explicó a este Diario que el caso está a cargo del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco. Sin embargo, advirtió que en las últimas semanas se ha registrado una demora en el avance de la investigación. “Esta demora resulta perjudicial porque continúan incrementándose los gastos derivados de su rehabilitación, los cuales vienen siendo asumidos por su entorno familiar”, reiteró.
También afirmó que aún no se ha programado la declaración de los testigos. “El conductor investigado, para su liberación, señaló que tenía dos testigos: un copiloto y otra persona más en su vehículo. La Fiscalía consideró pertinente llamarlos a declarar. Pero luego de que recuperó su libertad, ninguno se ha presentado. Además, aún no se ha programado la declaración de nuestro testigo, quien socorrió al menor y se comunicó con la familia”, concluyó.
El Comercio se comunicó con el abogado de Junior Michaels Acevedo Chávez, Mercedes Adrianzén Palacios, para solicitar sus descargos y conocer la versión de la defensa. En respuesta, remitió un comunicado por correo electrónico.
Junior Michaels Acevedo Chávez. Fuente: Reniec.
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“Sobre el caso que plantea, existe una investigación fiscal y sobre esta circunstancia, nuestra parte se determina a sus términos. Las causas, circunstancias y responsabilidades en relación al evento deberán ser esclarecidas por medio de la investigación y el proceso correspondientes, por lo cual, cualquier exigencia reparatoria, sin el sustento o exigibilidad correspondiente, resultaría prematura”.
“Sin perjuicio de lo anterior, en la investigación se ha verificado la adecuada y oportuna atención por parte del señor Junior Acevedo de sus obligaciones de orden legal como conductor del vehículo partícipe del evento; incluyendo la adecuada y oportuna identificación como partícipe del hecho, la activación del SOAT de su vehículo para la atención del menor y la presentación de un escrito, en el marco de su detención, señalando datos de contacto y su disposición para atender, dentro de lo correspondiente, lo que se pudiera requerir para la atención del menor”.
“En la investigación, la defensa de los padres del menor ha presentado documentación que da referencia del pago de los gastos de atención médica por medio de un seguro particular y, al verificarse la declaración de la madre del menor, ante pregunta de nuestra parte sobre la atribución del pago, se ha recibido respuesta en reserva”.
“Incluso, se ha verificado que la defensa de los padres del menor ha pretendido vincular a la empresa empleadora del señor Junior Acevedo; pero tal indebido proceder ha sido adecuadamente rechazado por la Fiscalía”.
“En el caso no concurre ni retardo ni entorpecimiento a la investigación. A la fecha, se encuentran pendientes de actuación la declaración del menor y del investigado, pero antes se debe verificar la diligencia de visualización de contenido de video, además de otras actuaciones solicitadas por esta defensa; sin embargo, estas diligencias se han debido reprogramar a pedido de la propia familia del menor, debido a su estado, lo cual resulta comprensible”.
Fuente: Sunarp.
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Por otro lado, El Comercio también se contactó con el Ministerio Público, que informó que “el despacho fiscal a cargo del caso actuó conforme a ley y emitió la disposición de apertura de investigación el mismo día en que ocurrieron los hechos. Asimismo, con la finalidad de asegurar una eventual reparación civil, se emitió el requerimiento de secuestro conservativo del vehículo involucrado”.
“Cabe precisar que no corresponde al fiscal disponer que el investigado efectúe de manera inmediata el pago de los gastos asumidos por la familia, pues la reparación civil se determina conforme a las reglas y etapas establecidas en el proceso penal. El despacho fiscal viene coordinando y supervisando la ejecución de las diligencias y pericias dispuestas para el esclarecimiento de los hechos”, agregó.
La entidad también señaló que la investigación se encuentra dentro del plazo establecido y que “el despacho fiscal viene realizando los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del delito y establecer la responsabilidad que corresponda. Del mismo modo, se vienen solicitando medidas orientadas a garantizar una eventual reparación civil”.
“El Ministerio Público persigue el delito, busca que los responsables sean sancionados y que se repare el daño ocasionado. Todo ello se realiza con estricto respeto de las reglas, etapas y garantías que establece el sistema procesal penal”, concluyó.
El tiempo pasa y una familia sigue incrementando sus deudas para que el menor pueda recuperarse, mientras también crece su preocupación por si realmente llegarán a obtener justicia.
