En solo unos días, tres hechos han expuesto con crudeza el deterioro del clima social y político en el Perú. Un empresario furioso agrede físicamente a una transeúnte en plena vía pública. El presidente encargado sostiene una reunión nocturna clandestina con un empresario chino. Y, el presidente del Congreso irrumpe en un proceso judicial para increpar y presionar a jueces que no fallan conforme a sus expectativas.
A primera vista, estos episodios parecen aislados. Sin embargo, observados en conjunto, revelan un patrón preocupante: una crisis de salud mental y de liderazgo que atraviesa tanto a la ciudadanía como a quienes ejercen poder.
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La agresión del empresario en Miraflores no es solo un acto de violencia individual, es la expresión de una intolerancia normalizada y de la pérdida de control emocional. Que el agresor pertenezca a un sector privilegiado no es un detalle menor: cuando quienes tienen poder económico reaccionan con violencia ante una corrección ciudadana básica, el mensaje que se transmite es que la ley y el respeto dependen de quien los ejerce.
La reunión clandestina del presidente encargado con un empresario chino, fuera de agenda y sin registro oficial, refuerza otra forma de descomposición: la naturalización de la opacidad. Aunque se minimice como un “error”, el daño está hecho. La confianza pública se erosiona no solo por actos ilegales, sino por decisiones que ignoran deliberadamente los estándares éticos que se espera de la máxima autoridad del país.
Más grave aún resulta la intromisión del presidente del Congreso en el ámbito judicial. La sola insinuación de represalias contra jueces que no interpretan la ley de determinada manera debilita la independencia de poderes y normaliza el uso de la intimidación como herramienta política. En un país con instituciones frágiles, estos gestos no son simbólicos: son profundamente corrosivos.
¿Qué conecta estos hechos? La incapacidad de gestionar el poder, el conflicto y la frustración con responsabilidad emocional. El Perú arrastra una crisis de salud mental que se ha profundizado desde la pandemia. Antes del 2020, uno de cada cinco peruanos presentaba algún problema de salud mental; hoy, la cifra se acerca a uno de cada cuatro. Solo en 2024, el sistema público de salud atendió más de 250 mil casos de depresión y más de un millón de atenciones por trastornos mentales.
Este deterioro no se queda en los consultorios. Se filtra en la vida pública, en la forma en que se toman decisiones, en cómo se ejerce la autoridad y en cómo se resuelven los desacuerdos. Cuando los líderes actúan con impulsividad, soberbia o desprecio por las normas, amplifican el malestar colectivo y legitiman conductas que luego se replican en la calle.
Los tiempos recios que atravesamos exigen algo más que discursos o indignación pasajera. Exigen liderazgo consciente, capaz de entender que cada gesto público modela conductas privadas. Si no asumimos esta responsabilidad ahora, la violencia, la desconfianza y el deterioro institucional dejarán de ser excepciones para convertirse en norma. Y entonces, el costo ya no será político: será social y profundamente humano.
