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Mientras el país está pendiente de las elecciones presidenciales y la guerra en Medio Oriente, el gobierno de José Balcázar propina un golpe a la inversión privada con una decisión controversial.
Mientras el país está pendiente de las elecciones presidenciales y la guerra en Medio Oriente, el gobierno de José Balcázar propina un golpe a la inversión privada con una decisión controversial.
Y es que el Consejo de Minería ha resuelto anular la autorización ministerial que faculta a Souther Copper a iniciar actividades de explotación en el proyecto Tía María (Arequipa)
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Esto, en clara contradicción con la decisión gubernamental de declarar de Interés Nacional la ejecución del megaproyecto de US$1.800 millones.
El Consejo de Minería es, sin embargo, bastante tajante en su determinación de congelar el inicio de explotación de Tía María, como se deja ver en la resolución respectiva, con fecha 19 de marzo.
En ella el órgano adscrito al Minem justifica su decisión de anular la autorización otorgada por la Dirección General de Minería (DGM), bajo el supuesto de que Southern Copper habría incumplido con absolver satisfactoriamente dos observaciones formuladas a su solicitud de inicio de explotación.
Una, la “observación 5.1, referida al diseño detallado de botaderos”, y la otra, “la observación 9, referida al cronograma de ejecución de actividades (de explotación)”.
Resolución del Consejo de Minería en contra del inicio del proyecto Tía María.
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Por ello ha resuelto “declarar la nulidad de oficio de la Resolución Directorial N° 0692-2025-Minem/DGM” y devolver la causa a la DGM para que evalúe, nuevamente, si la empresa “ha cumplido totalmente” con absolver las observaciones.
Todo esto ocurre cuando la empresa minera ya ha avanzado con la construcción del megaproyecto en más de 30% y se alista a iniciar producción el próximo año, tras haber invertido en el camino más de US$800 millones.
Para Oswaldo Tovar, consultor en minería, se trata de una situación inconcebible, pues la DGM y el Consejo Nacional de Minería se encuentran a solo cinco metros de distancia en el mismo edificio y “¿no se pueden juntar a conversar y ponerse de acuerdo?«
“Actitudes burocráticas como esta – señala – son las que motivan buscar soluciones basadas en la Inteligencia Artificial, para así sustituir demoras, papeleos, burocracia estéril”.
Maria Cristina Alva, socia del área de minería de CMS Grau, advierte que la decisión del Consejo de Minería no configura un escenario ideal para ningún proyecto de inversión. Sin embargo, apunta que las observaciones formuladas por dicho órgano son formales y no materiales.
Eso significa, señala, que Southern Copper puede continuar con la construcción del proyecto y, en paralelo, absolver las observaciones. Sobre todo, porque su permiso de construcción sigue en pie y no ha sido anulado.
Tía Maria producirá cátodos (láminas) de cobre, las cuales venderá a nivel local y al exterior. (Foto: Difusión)
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Consultado al respecto, Southern señaló que ha solicitado una entrevista con el Gobierno para que aclare la decisión del Consejo de Minería. La empresa indicó también que la decisión no los afectaría porque Tía María no se halla aun en etapa de explotación.
Fuentes del sector minero indicaron a este Diario que la decisión de pausar Tía María se debería a una determinación política del Gobierno orientada a congraciarse con la población del sur de cara a las elecciones presidenciales.
Alva considera, sin embargo, que no se trata de un tema politizado porque el Consejo de Minería es un órgano autónomo (técnico e independiente) con personas con muchos años de experiencia.
La controversia en Tía María se suma a la detención del proyecto Zafranal (US$1.200 millones), cuyo operador, la canadiense Teck, indicó hace pocos días que posponía su decisión de inversión hasta el 2027.
Tía María producirá 120 mil toneladas anuales de cátodos (láminas) de cobre con tecnología ESDE, que no genera relaves.
Southern estima que el proyecto podría generar, con los precios actuales del cobre, un total de $20.200 millones en exportaciones y $4.600 millones en impuestos y regalías durante sus primeros 20 años de funcionamiento.
