“Mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo”, aseguró la madre de un opositor en Venezuela que murió junto con otras seis personas en un operativo de la policía en 2018, durante una audiencia el miércoles en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El tribunal busca determinar la responsabilidad del Estado venezolano por las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” de estas personas, que formaban parte de un grupo opositor al entonces presidente Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos.
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“La muerte de ellos fue horrible, mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo y laceraciones con arma blanca”, declaró ante los jueces Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini (33 años), uno de los fallecidos.
“Casi todos tenían disparos de gracia en la cabeza”, añadió la mujer exiliada en Costa Rica, donde está la sede de la Corte IDH.
El “Movimiento Equilibrio Nacional”, del que hacía parte Agostini, era liderado por Óscar Pérez, un expiloto de la policía judicial venezolana.
Pérez, de 36 años, protagonizó incidentes armados antes de ser abatido el 15 de enero de 2018 en una zona montañosa en las afueras de Caracas. Transmitió en sus redes sociales parte del operativo policial en el que murieron él y los otros integrantes del grupo.
El 27 de junio de 2017, en medio de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos, el piloto y actor aficionado lanzó un explosivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero y disparó hacia el Ministerio de Interior en el centro capitalino.
Luego de ese ataque, que no dejó víctimas, publicó videos en los que pedía la renuncia de Maduro acompañado de hombres armados.
Tras meses en la clandestinidad, en diciembre de 2017 un comando dirigido por él robó 26 fusiles kalashnikov y municiones en el norte del país, de lo cual también difundió videos.
En la audiencia sobre la llamada “masacre de El Junquito”, Zeila Agostini relató que los cuerpos de los fallecidos “estaban completamente destrozados”. “Espero justicia de parte de ustedes. En mi país no hay justicia”, subrayó.
La madre de Pérez no pudo asistir a la audiencia por problemas de salud, según el abogado Alfredo Romero.
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Por su parte, Angelita Baeyens, del Kennedy Human Rights Center, que asesora a los fallecidos, reiteró que la acción contra el piloto y sus compañeros fue un “asesinato extrajudicial”, cuyo objetivo era “aniquilar a este grupo que (…) había adquirido una posición notoria en Venezuela”.
Baeyens denunció que en los videos difundidos por Pérez en tiempo real este manifestó su intención de “rendirse”, pero el operativo continuó.
Tras los hechos “pudimos verificar la detención arbitraria de al menos 26 personas vinculadas a las víctimas, seis de las cuales denunciaron haber sufrido torturas extremas, colgamientos, palizas, descargas eléctricas, mutilaciones en las plantas de los pies y negación deliberada de atención médica”, agregó Baeyens.
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