Desde hace cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC) mantiene pendiente la resolución de la demanda competencial que presentó el Ministerio Público (MP) contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En noviembre del 2023, el Pleno del TC analizó la causa, teniendo 30 días hábiles para pronunciarse. Sin embargo, tras su el ingreso del magistrado Pedro Hernández como el séptimo integrante de la entidad, realizó una nueva audiencia donde tomó conocimiento de la demanda.
Es más, Hernández Chávez se convirtió en el ponente del caso y como tal debía elaborar un proyecto de resolución al que, de coincidir con el criterio de la mayoría de los siete magistrados que integran el Pleno, estos debían adherirse.
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Ese es el proceso que sigue cada caso que llega al TC. No obstante, en la demanda competencial entre el MP y la JNJ, los magistrados no coincidieron con el criterio de Hernández debido a “discrepancias” con sus argumentos, señalaron fuentes del TC a El Comercio.
El proyecto de Hernández fue discutido hace dos semanas “No genera consenso de cinco votos para resolver conflictos de competencia. Va a demorar construir consenso”, indicaron.
Como se recuerda, la Ley Orgánica del TC dispone que para hacer una sentencia se requiere como mínimo el voto de cinco magistrados conformes con la propuesta de resolución del ponente. Y, de no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos, el TC puede rechazar la demanda.
Caso en manos de magistrado Ochoa
Otra salida, que si bien no está contemplada en la norma, pero es de uso permanente en el TC, es que el pleno disponga que un nuevo integrante del Pleno asuma el caso y proponga otro proyecto.
En este caso, el Pleno del TC decidió que el magistrado César Ochoa asuma la ponencia para la presentación de un nuevo texto que pueda resolver el conflicto competencial entre el Ministerio Público y la JNJ.
“El cambio de ponente obliga a un nuevo debate”, indicaron las fuentes.
Debido a ello, el caso recién estaría siendo nuevamente analizado por Ochoa por lo que su resolución tomaría aún más tiempo.
Este Diario buscó la versión del magistrado Hernández Chávez, así como la del presidente del TC, Francisco Morales, pero ninguno de los dos respondió.
La demanda interpuesta por el MP, cuando estaba al frente la ahora suspendida Patricia Benavides, cuestionaba la competencia de la JNJ para abrirle investigación en su condición de Fiscal de la Nación, debido al cambio de fiscales de diversas instancias.
En su demanda, el MP indicó que las investigaciones a la fiscal de la Nación tenían por objeto la “revisión administrativa o jurisdiccional” de las decisiones adoptadas por la máxima autoridad de dicha entidad.
En contraparte, la JNJ indicó que las investigaciones contra la fiscal de la Nación tenían como fin determinar si estas constituyen “actos de abuso o desviación de poder”, mas no tenían por objeto anular, revocar o confirmar las decisiones de la FN.