Este miércoles, la cadena de restaurantes Tanta se pronunció sobre la muerte de Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional de buceo, quien perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar, de 21 años, mientras conducía un vehículo registrado a nombre de la periodista Marisel Linares.
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La cadena de restaurantes aclaró que, a pesar de no contar con un requerimiento formal, mantiene abiertos sus canales de comunicación para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
“Desde el primer momento hemos estado y seguimos estando a total disposición para brindar toda la información que pueda ser requerida en el marco de la investigación”, agregaron.
Sin embargo, un informe de ‘Magaly TV, la Firme’, evidenció que cuando Gino Marzano acudió al local para solicitar las grabaciones de seguridad, el administrador del negocio le negó el material.
A su vez, la defensa de Villar presentó un voucher que indica que no consumió alcohol antes del atropello, acompañando a su novia, la ‘influencer’ Francesca Montenegro. Un mesero también confirmó esta versión.
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El pronunciamiento de la empresa coincide con la difusión de material audiovisual por parte del programa “Magaly TV, la Firme”, que reconstruye el accionar de Adrián Villar (21), quien conducía el vehículo implicado.
Las imágenes muestran que, tras el impacto ocurrido a las 11:20 p.m. en la avenida Camino Real, Villar huyó del lugar omitiendo semáforos en rojo, al punto de casi provocar dos accidentes vehiculares adicionales.
A las 3:00 a.m. del día siguiente, las cámaras captaron una reunión en el parque Alfonso Ugarte donde participaron el padre del joven, Rubén Villar, su pareja Francesca Montenegro y la periodista Marisel Linares.
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Estas evidencias contradicen la versión de la defensa, que alegaba que el investigado se encontraba en “estado de shock” o internamiento clínico.
Por otro lado, debido a su presencia en las coordinaciones posteriores al siniestro, el Ministerio Público incluyó formalmente a Marisel Linares en las investigaciones por presunto encubrimiento personal en agravio del Estado.
Según el Ministerio Público, las reuniones registradas habrían tenido como objetivo “sustraer al investigado de la persecución penal”.
