La también conocida como ‘La bebecita del crimen’ y expareja del fallecido criminal ‘Maldito Cris’, Christopher Joseph Fuentes Gonzales, participó remotamente en las audiencias desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
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La acusación formal indica que Wanda del Valle ofreció dinero a sicarios pertenecientes a la organización criminal internacional Tren de Aragua para ejecutar el asesinato del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo Farfán. Este oficial fue jefe de la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) de la Dirección de investigación criminal (Dirincri) y de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce), y venía liderando operativos para desmantelar dicha organización criminal, así como la que también era liderada por ‘Maldito Cris’.
Durante la primera audiencia realizada el pasado 2 de julio, la fiscal Gabriela Teresa Pascual, quien está a cargo del caso, explicó que con anterioridad Wanda del Valle, mediante su abogado, reconoció los hechos que se le imputan y mostró su disposición de acogerse a un proceso de terminación anticipada. “Debe tomarse como una aceptación de su actuación en los hechos que se le imputan, es decir, como una declaración asimilada”, dijo la fiscal.
No obstante, en la audiencia reciente, del 7 de julio, el abogado de la acusada, Ángelo Franco Navarrete Torricelli, argumentó que no existen pruebas claras ni contundentes que demuestren la participación directa de su defendida.
Por su parte, el juez del caso, Víctor Jesús Fausto Alfaro Yarma, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Lurigancho (SJL), aclaró que Wanda no está acusada de cometer el crimen directamente, sino de haber planeado y organizado el atentado.
El magistrado también señaló que aún falta que el Ministerio Público detalle cómo se hizo la oferta de dinero para cometer el asesinato y si alguno de esos ofrecimientos se concretó. Se han mencionado montos de S/20.000 y hasta USD $40.000, pero no se ha precisado quién los ofreció ni a quién.
Aunque la Fiscalía sostiene que existen suficientes pruebas para sustentar su acusación, el lunes 7, el juez remarcó que aún no está clara la relación exacta entre ‘Maldito Cris’ y la red criminal Tren de Aragua. Tampoco se ha demostrado en qué términos Wanda del Valle se vinculaba con él: si eran pareja formal, si tenían hijos, si ingresaron juntos de manera ilegal al Perú, si vivieron juntos y cómo terminó su relación.
El Ministerio Público ha solicitado una condena de seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva para Wanda del Valle por el delito de ofrecimiento para el sicariato, es decir, por presuntamente haber ofrecido pagar a cambio de acabar con la vida del reconocido policía de investigación.
El análisis de la situación actual del caso
Si bien algunos medios han informado que Wanda del Valle se ha sometido a una terminación anticipada, es decir, que ha reconocido los hechos y se asume responsable de los mismos, el panorama es distinto según el análisis del abogado penalista Aaron Aleman, socio del Estudio Aleman y López.
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Para el especialista, la defensa de la investigada actualmente está cumpliendo con llevar a cabo el control formal y sustancial y un control de sobreseimiento acerca del requerimiento acusatorio de la Fiscalía. “Se entiende que la imputada quiere seguir defendiéndose y que va a continuar, lógicamente, para efectos de llegar a un juicio o inclusive esta propia etapa—de control de acusación— no pueda superar el filtro y se logre sobreseer la causa, ya sea por una cuestión formal o sustancial”, dijo Aleman.
Resaltó que durante la más reciente audiencia de control de acusación el juez a cargo de la causa devolvió el expediente para que la Fiscalía pueda realizar las correcciones correspondientes, es decir, que esto no evidencia que la defensa de Wanda esté sometida a una terminación anticipada. “Si yo me someto a la terminación anticipada estaría conforme, satisfecho con los hechos y sobre esto quiero tener un beneficio”, agregó el abogado penalista.
El socio del Estudio Aleman y López resaltó que de realmente haberse acogido a una terminación anticipada y que a su vez también se esté llevando un control formal de acusación, se trataría de un caso incompatible.
“Ahora, me sorprende —me llama la atención, la verdad— que el abogado haya llamado a reflexión en esta etapa de incorporación de un control formal. Porque, en realidad, lo que hacen los abogados es señalar que la Fiscalía ha cometido un error. Y no solo eso: no advierte ese error, sino que pretende que el proceso continúe como si todo estuviera en regla, hasta llegar a juicio”, explicó Aleman.
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En esa línea, el penalista señaló que el Ministerio Público tiene que regularizar el proceso, ya que las anotaciones que ha hecho el juez son bastante particulares. “Si la fiscalía no tiene esos datos mínimos de la investigación —es decir, con quién, cuándo, cuánto y dónde—, simplemente, como bien ha sostenido la defensa, estaríamos ante una imputación basada en meros dichos”, explicó Aleman, quien también refirió que que esto podría resultar en que no se llegue a la etapa de juicio oral.
En ese contexto, se explicó el posible escenario si la Fiscalía regulariza los aspectos formales pendientes, se llevaría a cabo la continuación de la audiencia para evaluar la excepción de improcedencia de acción, bajo el argumento de que “el hecho es atípico” por no concurrir uno de los elementos del tipo penal, como la falta de identificación del sujeto activo o la inexistencia del verbo rector del delito. Si esta excepción fuera declarada fundada, “prácticamente el caso se ganó para la defensa”. De lo contrario, se analizará la solicitud de sobreseimiento por insuficiencia probatoria.
Asimismo, el abogado Aleman advirtió sobre un aspecto técnico relevante: la Fiscalía no solo tendría que subsanar los vacíos argumentativos, sino también vincular expresamente a la acusada con los elementos centrales del caso. “Tendrá que justificar utilidad, pertinencia y conducencia de cada uno [de los medios de prueba] para efectos de vincularla directamente con el hecho delictivo”, indicó, subrayando que incluso el juez solicitó explicaciones claras sobre la supuesta conexión de la acusada con el Tren de Aragua y con ‘Maldito Cris’, en razón de una relación sentimental. Esta omisión, de mantenerse, podría invalidar todo el proceso.
“Si se ganase por un tema de excepción de improcedencia de acción, se tendría que decir que en realidad el Poder Judicial y la Fiscalía actuaron de manera negligente”, alegó Aleman. Ello implicaría que se dictara una prisión preventiva en base a elementos que, en la etapa intermedia, no alcanzan ni siquiera el estándar mínimo para ir a juicio.
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Uno de los puntos más críticos que se ha identificado es la tipificación penal empleada por la fiscalía. Según lo señalado, el magistrado ha cuestionado de manera oral la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, la cual ha sido encuadrada como conspiración para el sicariato, un delito cuya pena no supera los ocho años. “El juez indica que a pesar de que los hechos revisten una gravedad importante, entiende que hay una mala tipificación del tipo”, se indicó, sugiriendo que el magistrado se inclinaría por una imputación más severa, aunque no ha explicitado cuál sería, según el abogado penalista Jimmy Sotomayor del estudio Jimmy Sotomayor y Abogados.
Respecto a las recientes declaraciones de la fiscal del caso, quien indicó que Wanda habría aceptado su responsabilidad, el abogado precisó que esa afirmación debe interpretarse cuidadosamente. “Debe tomarse como una aceptación de su actuación en los hechos que se le imputan, es decir, como una declaración asimilada”, sostuvo la fiscal. No obstante, desde el análisis del experto se aclara que esto podría ser interpretado simplemente como un alegato para fortalecer la acusación, o eventualmente como un paso hacia una terminación anticipada. De concretarse esta opción, y aplicando el Decreto Legislativo 1585, se le reduciría un sexto de la pena y podría aspirar a una pena suspendida, según Sotomayor.
Finalmente, se destacó que este caso podría concluir en diferentes vías el próximo 24 de julio, fecha clave para el proceso. “El día 24 podría decidirse si es que el caso va a juicio, si se acoge una terminación anticipada o si no hay suficientes hechos probatorios para que se continúe el juicio”, detalló el abogado penalista Jimmy Sotomayor.
Actualmente, Wanda se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 18 meses mientras continúan las investigaciones. La audiencia fue reprogramada y continuará el próximo jueves 24 de julio, cuando la Fiscalía deberá presentar la información adicional solicitada por el juez.
