La exalcaldesa de Lima Susana Villarán evitó decir cuánto dinero recibió de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del no a la revocatoria del 2013 y su intento de reelección en el 2014, y dijo que su exgerente municipal José Miguel Castro y ella sabían de dichos aportes.
En entrevista con RPP Noticias, indicó que existen contradicciones sobre el monto total entregado y dijo que la cifra final se conocerá durante el juicio oral, que se iniciará este martes 23 de setiembre.
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Villarán de la Puente afirmó que calló en su momento sobre la entrega del dinero por ambas empresas por “razones políticas” porque había “un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a su institucionalidad, para frenar las reformas y las políticas”.
“Así que había que dar ese paso, yo lo di. José Miguel Castro -lamentablemente de una manera muy triste falleció antes de tiempo- y yo éramos los únicos que sabíamos de esos aportes. Otras personas que han sido comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad”, subrayó.
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Dijo que no puede dar una cantidad exacta de lo que se recibió, “pero sí fue una suma importante de dinero, muy lejos de esa exhorbitantísima suma de 11 millones (de dólares)“.
“No la puedo decir ahora porque hay contradicciones en el proceso y porque en el juicio es que se tiene que determinar y va a ser público y lo va a conocer todo el mundo y voy a ser la primera en decirlo”, refirió.
Se pronuncia sobre Castro
La exburgomaestre también aseveró que la muerte de su exgerente municipal José Miguel Castro, ocurrida en junio de este año, no le conviene al proceso, ya que él podía ofrecer detalles que conocía sobre los aportes con mayor profundidad.
“A nadie le sirve, ni a mí ni a las personas que estamos en el proceso la muerte temprana y tan dolorosa, en condiciones tan difíciles, como la que le ocurrió a José Miguel Castro no hace mucho. El dolor de su familia hay que respetarlo, no hay ventaja para nadie”, manifestó.
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“Es terrible que se me pregunte si me conviene a mí o a alguien. No le conviene al proceso, era muy importante escuchar las declaraciones de José Miguel en el juicio oral, por supuesto que era, porque había cosas que él sí sabía cosas con mayor detalle y eso hubiese aclarado muchos puntos”, añadió.
Del mismo modo, Susana Villarán también aseguró que no hubo ningún beneficio hacia Odebrecht y OAS en la concesión de peajes, mucho menos actos de corrupción durante su gestión, y dijo que aceptó los aportes de ambas empresas porque existía una “situación de riesgo”.
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“No ha habido ninguna prestación, no ha habido -y se va a poder probar- ningún vínculo de acto de corrupción relacionado con los aportes que ellos dieron. Que si era una situación de riesgo, lo era y en ese momento pensé que lo ameritaba, que había que enfrentar algo muy serio, que había que darle continuidad a reformas que Lima necesita, políticas que había que hacer”, remarcó.
“No hubo ningún hecho de corrupción, no les hemos entregado ninguna ventaja. La adenda número 1, el trato directo con la empresa OAS está plenamente justificado. Hay una pericia contable que pidió el equipo especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez, independiente, que ha salido en agosto y ha entrado en el proceso, que señala que la adenda y el trato directo no significaron ninguna desventaja para la municipalidad y ninguna ventaja indebida para las empresas”, acotó.
Niega ser corrupta
Finalmente, Villarán de la Puente enfatizó que si bien no se victimiza y que la prisión preventiva que afrontó fue “injusta” y “hecha con fraude”, admitió que dañó la confianza de mucha gente que la apoyó en su momento.
“Sí hay una decepción y sí he dañado la confianza de mucha gente de haber callado durante esos años, hasta el 2019. Lo reconozco, me apena mucho y les he pedido disculpas y perdón públicamente, y lo reitero ahora. Pero no soy una persona corrupta y nuestra gestión ha sido absolutamente, completamente transparente”, anotó.
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“No ha habido ninguna obra, ningún proyecto ni cultural, ni social, ni infraestructura ni de reformas que no hayan estado a la luz pública y que no se haya sometido mi persona y los demás miembros que trabajaron en esa gestión al mayor escrutinio de los medios de comunicación y del público”, sentenció.
El caso
Tal como explicó El Comercio en un informe, Susana Villarán es acusada de haber liderado una organización criminal que lavó más de US$ 11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y de Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014).
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Según la tesis fiscal, a cambio realizó pactos ilícitos vinculados a contratos o adendas con dichas empresas.
La fiscalía pide 29 años de prisión para la exautoridad por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
