Esto ocurrió luego de que el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo del juicio, admitió como ‘prueba nueva’ los documentos que contienen las declaraciones previas de ambos personajes, en relación al caso de la exalcaldesa. En cambio, otras pruebas adicionales ofrecidas por el Ministerio Público, como la declaración en el juicio del exalcalde limeño Rafael López Aliaga, fueron desestimadas.
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En total, el juzgado presidido por la jueza Nayko Coronado admitió 13 pruebas nuevas presentadas por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato; además de decenas de pruebas nuevas ofrecidas por doce de las partes acusadas, entre ellas un documento ofrecido por abogada de Susana Villarán.
Todo ello se sumará a la ya larga lista de 500 testigos y alrededor de 4,000 pruebas documentales que podrán ser evaluadas durante el juicio y que ya habían sido admitidas previamente por el Poder Judicial, durante la etapa del control de acusación. Pasados más de dos meses desde el inicio del juzgamiento a Susana Villarán y al resto de acusados, sin embargo, ninguna de estas pruebas aún ha sido actuada. Ello ocurrirá recién a partir de enero del 2026.
La fiscalía acusa a Susana Villarán de liderar una red criminal que recibió aportes de las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero para sus campañas contra la revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014), a cambio de favorecerlas en los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, respectivamente. Según la tesis acusatoria, los aportes sumaron más de US$ 11 millones. La exalcaldesa ha admitido haber recibido aportes, pero niega el monto y rechaza haber cometido delitos.
Las ‘pruebas nuevas’ fueron ofrecidas por la fiscalía y las defensas de los acusados a lo largo de siete audiencias del juicio realizadas a lo largo del mes de noviembre. De las presentadas por el Ministerio Público, las declaraciones ya brindadas de José Miguel Castro y Jorge Barata se perfilan como las más relevantes: ambos se sometieron a la colaboración eficaz y develaron los millonarios aportes de constructoras brasileñas a las campañas de la principal acusada.
Lo ideal hubiese sido que ambos declaren personalmente en el juicio. Sin embargo, ello es imposible en el caso de José Miguel Castro por su muerte, que ocurrió semanas antes del inicio del juicio y que sigue sin ser esclarecida ; y altamente improbable en el caso de Jorge Barata, debido a un impasse en su colaboración eficaz con la justicia peruana, por el cual se ha negado a declarar en los recientes juicios del Caso Odebrecht en el Perú.
Para remediar ambas situaciones y no perder sus declaraciones, la fiscalía recurrió a ofrecer como pruebas nuevas los documentos que contienen sus testimonios. En el caso de José Miguel Castro, se ofrecieron actas con sus declaraciones como investigado en la carpeta fiscal del Caso Línea Amarilla, en noviembre del 2020.
“Son manifestaciones que en vida dio Castro Gutiérrez en relación a estos hechos que son objeto de juzgamiento, los hechos en los que él participó como funcionario de la Municipalidad de Lima y parte de la estructura que la señora Susana Villarán conformó dentro de esta entidad para sus propósitos, que es materia de este juzgamiento. Es decir: los proyectos Línea Amarilla, Rutas de Lima y Vías Nueva de Lima”, dijo el fiscal José Domingo Pérez para sustentar su pedido.
En el caso de Jorge Barata, la prueba ofrecida son las declaraciones, por escrito y en video, que dio en el único juicio realizado en Perú donde sí cumplió con declarar como testigo: el juicio del Caso Metro de Lima. Allí, dentro del interrogatorio que le hizo el mismo fiscal Pérez, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú afirmó que la empresa hizo aportes a diferentes campañas políticas en el Perú, entre ellas las de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Susana Villarán.
Jorge Barata ya figura en la lista de testigos admitidos por la fiscalía para el juicio. Sin embargo, al momento de ofrecer ese testimonio, el fiscal recordó que “la cooperación internacional con la República Federativa del Brasil se encuentra suspendida de manera indefinida”, por lo que existe una “dificultad” para que los exdirectivos de Odebrecht que viven en Brasil declaren directamente en el juicio.
“No es una dificultad generada por la fiscalía, sino una dificultad generada precisamente por quienes han sido en su momento investigados, procesados, hoy acusados y condenados, quienes han recurrido a la justicia de dicho país para obtener lo que no pueden obtener ante una justicia peruana soberana: que la verdad no pueda conocerse en nuestros tribunales, qué es lo que finalmente están buscando”, dijo el fiscal.
Admitidos
Luego de un debate entre las partes que se extendió por varias audiencias, el tribunal de la Corte Superior Nacional finalmente emitió su resolución respecto a la prueba nueva el pasado 25 de noviembre, en una semana en que toda la atención del ámbito judicial estaba centrada en las sentencias de los juicios de los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
En total, el colegiado admitió un grupo de tres ‘pruebas nuevas’ ofrecidas por la fiscalía: la declaración como testigo del exfiscal suizo Stefan Lenz y documento con un informe suyo sobre pagos hechos por Odebrecht vinculados a este caso; las declaraciones de los testigos técnicos Bernarda San Bartolomé González y Javier Espinoza Uribe y un informe pericial firmado por ellos; las declaraciones de los peritos Enrique Sarabia Malpartida y Mario César Chambilla junto a otro informe pericial.
También las actas con las declaraciones de José Miguel Castro en la carpeta fiscal 06-2018 (Caso Línea Amarilla) del 2, 3 y 4 de noviembre del 2020; el acta con la declaración de Jorge Barata en el juicio del Caso Metro de Lima (incluyendo el video de dicha audiencia); el acta con la declaración de la testigo brasileña Angela Palmeira, extrabajadora de la ‘Caja 2’ de Odebrecht, en el juicio del Caso Alpha Consult; la información del levantamiento del secreto bancario de los acusados Luis Gómez Rotalde y Felicita Cárdenas Vásquez; y documentos sobre la declaración del testigo extranjero Xavier Domínguez Méndez.
En cambio, el mismo tribunal no admitió las declaraciones de otros cinco testigos ofrecidos como prueba nueva por la fiscalía, entre ellas las de Rafael López Aliaga, exalcalde limeño y actual candidato presidencial. Tampoco se admitieron como pruebas las sentencias dictadas por la Corte Superior Nacional en los casos Ollanta Humala, Alpha Consult y Metro de Lima; así como las actas con las declaraciones de tres testigos brindadas en dichos juicios.
Finalmente, también se admitieron pruebas nuevas ofrecidas por las defensas de los acusados Susana Villarán, Marco Hugo del Mastro, Jorge Torres Padilla, Luis Gómez Cornejo y Cecilia Lévano; así como de las empresas Momentum, Mindshare, Lima Expresa, Rutas de Lima; y de los deudos (sucesión procesal) de José Miguel Castro, a quien la procuraduría busca cobrar una reparación civil.
Dentro de las pruebas admitidas a la defensa de Lima Expresa estuvieron las declaraciones de José Miguel Castro como investigado en la carpeta fiscal de este mismo caso, con lo que ese testimonio también podrá ser valorado por los jueces en este juicio.
En declaraciones a El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez remarcó que “es importante la lectura de las declaraciones que prestó Castro Gutiérrez en las investigaciones del caso Lava Jato, porque él admitió los dineros recibidos para las campañas políticas de Susana Villarán”.
En cuanto a Jorge Barata, remarcó que en el juicio se “visualizará” su declaración en el juicio del Caso Metro de Lima, el único que “se presentó ante los jueces peruanos y declaró que Odebrecht había financiado las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Susana Villarán con dinero de la caja 2″.
“Las nuevas pruebas admitidas son fundamentales en el escenario actual, en que Brasil ha suspendido de modo indefinido la Cooperación Judicial Internacional con el Perú, ha asilado a la sentenciada Nadine Heredia en su territorio y procura afectar la soberanía nacional anulando las pruebas”, agregó.
Finalmente, destacó la admisión como testigo de Stefan Lenz, quien ya “declaró en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo y fue fundamental para que se le dicte condena, porque afirmó que los registros de los pagos que había realizado la empresa Odebrecht, utilizando la Caja 2 y los sistemas informáticos Drousys y MyWebDay, no han sufrido alteraciones o manipulaciones que vicien de validez dicha prueba”.
Este Diario buscó la postura de la defensa de Susana Villarán respecto a la admisión de estas nuevas pruebas en el juicio de su defendida. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.
¿Qué dijeron Castro y Barata?
El Comercio accedió a parte de las declaraciones de José Miguel Castro como investigado en esas dos carpetas fiscales.
En su testimonio del 2 de noviembre del 2020, admitido para el juicio a pedido del Ministerio Público, el exgerente municipal detalló la relación entre la Municipalidad de Lima y la empresa OAS a raíz del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, así como el apoyo que dieron los directivos de la empresa a Susana Villarán y a la campaña contra su revocatoria a inicios del 2013, financiando inicialmente paneles de publicidad y luego destinando “dos millones y medio de dólares en publicidad” en medios de comunicación.
Luego, contó cómo a fines de ese mismo año, él y Susan Villarán a viajaron a Rio de Janeiro y tuvieron una cena con Leo Pinheiro, presidente de OAS, quien ratificó su “apoyo total a la alcaldesa y a su gestión”. Después, en una reunión en Sao Paulo de junio del 2014, Valdemir Garreta, jefe de OAS en Perú, le dijo que su empresa y el proyecto Línea Amarilla estaban en “una grave situación financiera” y que era difícil que concluyan la obra ese año, pero le ratificó que la entonces alcaldesa tenía “todo el apoyo” de OAS y que “contaríamos con el apoyo económico para futuras campañas”.
En ese contexto, detalló cómo OAS y la Municipalidad de Lima avanzaron en la negociación de un “trato directo” para resolver controversias en torno al proyecto Línea Amarillo; al mismo tiempo que Leo Pinheiro, Valdemir Garreta y otros ejecutivos de esa constructora brasileña se reunían con la alcaldesa para manifestarle su apoyo. Al final, explicó, ese “trato directo” derivó en acuerdos como el aumento del peaje de la Línea Amarilla.
En sus declaraciones en la otra carpeta fiscal, abordó los montos de dinero que, según su conocimiento, aportaron las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero para el No a la Revocatoria. “US$ 4 millones fueron aportados por OAS, US$ 3 millones fueron aportados por Odebrecht y US$ 100 mil por Graña y Montero”, precisó.
Por su parte, en el testimonio brindado por Jorge Barata en el juicio del Metro de Lima, este corroboró la versión de que Odebrecht aportó US$ 3 millones de dólares a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán.
“Hemos aportado a la campaña del señor [Ollanta] Humala, de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor [Pedro Pablo] Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña en contra de la revocatoria de la doctora [Susana] Villarán. Esa son las que me acuerdo”, dijo aquel día. Consultado por los montos y receptores, indicó que “los montos han sido variados, de US$ 100 mil, US$ 200 mil, hasta US$3 millones”.
“Fueron varios montos distintos. Sin haber preparado o tener un papel con los montos exactos de cada campaña, temo que pueda estar cometiendo algún error. Me acuerdo del monto del señor Humala, que era US$ 3 millones; me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era US$ 1 millón; de la señora Villarán, US$ 3 millones. Los otros, exactamente, no me acuerdo”, afirmó.
Adicionalmente, refirió que no los todos aportes se entregaron con dinero en efectivo, sino también mediante cuentas offshore cuando los montos eran más significativos”. En el caso de Susana Villarán, según la acusación fiscal, las entregas habrían sido de ambas formas.
Junto a esta prueba derivada de otro juicio, la fiscalía también podrá exponer ante el tribunal las declaraciones previas que brindó como testigo el mismo Jorge Barata ante la fiscalía durante la etapa de investigación de este caso; siempre y cuando suceda lo que se prevé: que el empresario brasileño no se presente a declarar en el juicio.
Lo que viene por delante
Si bien con esto las declaraciones de José Miguel Castro y Jorge Barata ya se encuentran asegurados como pruebas documentales, todavía falta un largo camino para llegar a la fase del juicio en que ambas serán leídas y expuestas ante el tribunal.
El juicio contra Susana Villarán y sus 16 coacusados inició el pasado 23 de septiembre, por lo que ya lleva más de dos meses en desarrollo. Sin embargo, su complejidad el acto de número de procesados han hecho que en todo ese tiempo aún no se haya podido iniciar con las declaraciones de los testigos o de los propios acusados.
La fase de alegatos de apertura del juicio inició en la segunda sesión, el 24 de septiembre, y se extendió por un mes, hasta el pasado 27 de octubre. Después se debatieron y se desestimaron pedidos hechos por algunas partes para que parte de las acusaciones sean declaradas prescritas y luego, entre el 4 y el 25 noviembre, se abordó todo lo referido a la prueba nueva.
En la sesión posterior, el pasado martes 2 de diciembre, el juzgado preguntó a cada uno de los acusados si accedían a ser interrogados durante el juicio en este momento (antes de las declaraciones de los testigos) o si se reservaban el interrogatorio para la fase final del juicio. Solo siete accedieron a declarar en esta etapa. Otros nueve, entre ellos Susana Villarán, indicaron que declararán al final y uno indicó que no iba a declarar “por el momento”.
