La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó —por mayoría— un informe que plantea enviar al archivo la denuncia que interpuso la Fiscalía de la Nación en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como un grupo de exministros de Estado, por presunto homicidio calificado. Todo ello, a propósito de las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales luego que asumiera el poder a fines de 2022.
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La denuncia fue presentada ante el Congreso en julio del 2024, por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Los hechos se vinculan a las manifestaciones ocurridas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022 —cuando Boluarte asumió el cargo— y el 9 de febrero del 2023, respectivamente.
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Según señaló el Ministerio Público en su denuncia, en ese período se registraron 44 personas fallecidas, así como 47 personas con lesiones graves y 69 con lesiones leves. Específicamente, a la mandataria Boluarte se le denunció por homicidio calificado, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, además de lesiones graves y lesiones leves.
En la denuncia, también se incluyó a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola. Además, a los exministros de Defensa e Interior Jorge Chávez Cresta, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Lo aprobado y lo que se viene en el Congreso
El análisis de esta denuncia recayó en el congresista José Jeri (Somos Perú), quien fue designado como delegado de la misma en diciembre pasado. Tras todo el proceso interno, en la sesión de este viernes 18 Jerí sustentó finalmente de manera breve el informe elaborado, en el cual recomendó enviar al archivo la denuncia. Según indicó, debido a falta de pruebas.
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Jeri dijo que luego de analizar todos los documentos que sustentan la denuncia y los descargos formulados, entre otros, “hemos podido determinar que no se han presentado a la fecha elementos de convicción suficientes” que acrediten fehacientemente y de manera indubitable la conducta que se atribuye a los denunciados. Jeri Oré es voceado como candidato a presidir la nueva Mesa Directiva del Congreso.
“En ese sentido, no se ha identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese período de tiempo. Por tanto, en atención a la falta de pruebas suficientes, la ausencia de elementos que configuren con claridad los tipos penales señalados, se recomienda el archivo de la denuncia”, expresó ante la subcomisión.
Agregó que esto se da “sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones en el ámbito de sus competencias, a fin de establecer las eventuales responsabilidades individuales”.
El informe fue expuesto muy brevemente y no hubo mayor debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fue aprobado con 11 votos a favor, dos en contra y una abstención. Esta última, de la presidenta del subgrupo, María Acuña (Alianza para el Progreso), quien cambió su primer voto emitido a favor por abstención.
Así fue la votación:
| Nombres | Grupo Parlamentario | A favor | En contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|---|
| Acuña Peralta María Grimaneza | ALIANZA PARA EL PROGRESO | X | ||
| Montoya Manrique Jorge Carlos | HONOR Y DEMOCRACIA | X | ||
| Chacón Trujillo Nilza Merly | FUERZA POPULAR | X | ||
| Cruz Mamani Flavio | PERÚ LIBRE | X | ||
| Dávila Atanacio Pasión Neomias | BANCADA SOCIALISTA | X | ||
| Flores Ruíz Víctor Seferino | FUERZA POPULAR | X | ||
| Heidinger Ballesteros Nelcy Lidia | ALIANZA PARA EL PROGRESO | X | ||
| Jáuregui Martínez de Aguayo María de los Milagros Jackeline | RENOVACIÓN POPULAR | X | ||
| Jeri Oré José Enrique | SOMOS PERÚ | X | ||
| Medina Minaya Esdras Ricardo | RENOVACIÓN POPULAR | X | ||
| Moyano Delgado Martha Lupe | FUERZA POPULAR | X | ||
| Quiroz Barboza Segundo Teodomiro | NO AGRUPADO | X | ||
| Ventura Angel Héctor José | FUERZA POPULAR | X | ||
| Vergara Mendoza Elvis Hernán | ACCION POPULAR | X | ||
| TOTAL | 11 | 2 | 1 |
Los otros votos a favor del informe que planteaba el archivo provinieron de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú —el propio Jeri— y Acción Popular. Los votos en contra provinieron de Perú Libre y la Bancada Socialista.
En el informe de calificación, al que accedió El Comercio, se apuntó que, si bien a Boluarte como jefa del Estado le corresponde velar por la legalidad del accionar del Ejecutivo, “no se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real”. “No hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender”, se indicó en el informe.
Además, se sostiene que “no se ha encontrado evidencia documental ni testifical que permita sostener que los denunciados hubieran diseñado, aprobado o consentido una estrategia represiva con ese propósito”.
Y que, si bien “es innegable” la existencia de personas fallecidas en el marco de las protestas sociales, “no se ha acreditado que los denunciados hayan actuado con conocimiento y voluntad directa ni eventual para producir dichos resultados”.
“Por tanto, se concluye que no existen elementos de convicción suficientes para afirmar que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes o lesiones, sea de manera directa o por aceptación del resultado. La imputación formulada carece del respaldo probatorio necesario”, se indicó en otro punto.
En diálogo con este Diario, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos indicó que, tras esta decisión, se remitirá el informe a la Comisión Permanente. Si es confirmada allí, se archivará de manera definitiva la denuncia. Ello, sin perjuicio de que se formule una nueva acusación con otros elementos.
“Tras la decisión de la subcomisión, lo que corresponde es que el informe se remita a la Comisión Permanente. Este grupo de trabajo tendrá que confirmar y observar el mismo. Si lo confirma, entonces esta acusación se archiva de manera definitiva (…) Si el motivo se relaciona con que, a criterio del Congreso, los elementos de juicio presentados por la fiscalía no son suficientes, entonces, esta deberá aportar nuevos elementos de juicio [en una eventual nueva denuncia]”, comentó Campos.
Sin perjuicio de ello —explicó— lo cierto es que durante el mandato de un presidente no es posible acusarlo constitucionalmente. Por ello, agregó que la subcomisión debería de, contrario a recomendar el archivo de la denuncia fiscal, “suspender su tramitación para que sea el nuevo Congreso el que se aboque a la misma”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Erick Urbina indicó que, de confirmarse el archivo, ya la fiscalía “no puede hacer más” y “tendrá que esperar a que culmine el gobierno”. Al menos por este expediente en específico sobre el que ya hubo pronunciamiento.
“Al ordenarse el archivo, la fiscalía no puede hacer más. Tendrá que esperar a que culmine el gobierno. Luego de ello, el nuevo Parlamento podría abrir nuevamente el caso. Y también hay otra posibilidad, de que finalmente los parientes de las víctimas acudan a la justicia internacional, porque hay una razón muy objetiva: hay muertos y alguien tiene que responder por estas muertes”, comentó Urbina.
El otro expediente
En noviembre de 2023, la Fiscalía de la Nación, entonces bajo el mando de Patricia Benavides, presentó una primera denuncia constitucional contra Boluarte, también por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, pero en agravio de solo cinco víctimas.
Aunque el informe de calificación plateaba dar curso al proceso, la denuncia fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuyos integrantes argumentaron un presunto “sesgo” de Benavides.
