La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el delito de concusión.
La denuncia acumulada está integrada por la 086 (antes 435), formulada por Yvan Quispe; la 195, formulada por Manuel Merino, Leonardo Inga y Luis Roel Alva, todos, en su entonces condición de congresistas. También incluye la 365, presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
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El delegado ponente, Jorge Montoya (Honor y Democracia), afirmó -en su informe final- que se le imputa a Martín Vizcarra haber abusado de su cargo para inducir al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para la entrega de dosis para beneficio de su persona y de su entorno cercano.
Respecto a Mazzetti Soler también se le atribuye haber inducido a otro investigador del mismo equipo la entrega de varias dosis para ella y su entorno.
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El informe fue aprobado con 11 votos a favor (uno con reserva), 2 en contra y 1 abstención. Ahora pasará a la Comisión Permanente, que deberá nombrar una subcomisión acusadora, a fin de sustentarlo y formular acusación ante el Pleno del Congreso.
Otros informes
La subcomisión también archivó la denuncia constitucional presentada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la congresista María Córdova (Renovación Popular) por el presunto delito de peculado doloso por utilización.
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A Córdova Lobatón se le atribuía utilizar los servicios de la coordinadora parlamentaria de su despacho, Shirley Martínez Paredes, para que realice funciones de asesora en la empresa LOT International, perteneciente al novio de la legisladora.
El informe de calificación concluye que la denuncia es improcedente porque no satisface el criterio material de procedencia establecido en el literal c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Fue aprobado por unanimidad (14 votos).
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La subcomisión también archivó la Denuncia Constitucional 540, presentada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la congresista Hilda Portero (Acción Popular) por el presunto delito de concusión.
A Portero López se le acusaba de haber inducido a algunos de sus trabajadores a entregar dinero para comprar sillas de ruedas para su labor social. El informe concluye que la denuncia es improcedente y se aprobó por unanimidad (14 votos).
Caso Ascensos
Finalmente, se concluyó con la audiencia de la Denuncia Constitucional 403, formulada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
La denuncia también incluye al exministro de Defensa Walter Ayala por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.
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A ambos se les atribuye una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional (PNP) en el 2022, en el marco de una supuesta organización criminal que estaría liderada por Castillo Terrones.
Luego de concluida la audiencia, de acuerdo con el literal d5) del artículo 89 del Congreso, se dio el plazo de cinco días hábiles al delegado ponente, Arturo Alegría (Fuerza Popular), para que presente su informe final.
