Toda Nación requiere de un marco legal que defina las reglas de juego, así como de un marco institucional que garantice que dichas reglas se implementen y apliquen de manera justa, transparente y equitativa a todos los miembros de la sociedad. No obstante, un exceso en la regulación genera efectos perversos que afectan de manera significativa el desarrollo y bienestar de un país.
Los crecientes requerimientos regulatorios, asociados a trámites que requieran de aprobación de una entidad estatal, generan tanto costos tangibles como costos intangibles. Los permisos, licencias, certificados, o cuanta documentación se exija, así como las constantes supervisiones o inspecciones que se deben enfrentar, no hacen más que elevar los costos directos asociados a cualquier negocio.
No menores son los costos que no se visualizan, como por ejemplo los negocios que dejaron de emprenderse y los respectivos bienes o servicios que dejaron de proveerse, la infraestructura que dejó de construirse, las oportunidades de empleos que dejaron de generarse, y por qué no, los impuestos que dejaron de pagarse, entre otros. En resumen, la riqueza que dejó de producirse y que pudo beneficiar a toda la sociedad.
Pero, ¿quiénes son los que más se ven afectados por un marco legal que se expande vertiginosamente produciendo una maraña de regulaciones y exigencias complejas o cuando las regulaciones cambian constantemente dejando de ser predecibles? En la práctica, son aquellos que poseen menos posibilidades de disponer de recursos y tiempo. ¿No es acaso esto una fuente de mayores desigualdades? Inclusive puede desencadenar una crisis de supervivencia del negocio o que este pase a formar parte del mundo de la informalidad, uno de los principales problemas estructurales del Perú.
El tiempo que le dedicamos a completar todo el papeleo requerido es un costo al ser recursos que podrían ser destinados a usos más productivos. El reporte del Banco Mundial, Business Ready 2024, menciona, entre varios ejemplos, que las empresas en el Perú gastan 480 horas al año en declarar y pagar impuesto, mientras que en las economías más eficientes solo 12 horas. Recordemos que el tiempo es un recurso escaso.
Los proyectos de infraestructura aeroportuaria a cargo de Aeropuertos del Perú son catalogados como Obras Públicas a pesar de ser capital privado, obligando a la empresa a pasar por todos los procesos asociados a la normativa que rige al sector público; contradictorio si las concesiones pretenden aprovechar las capacidades diferenciales que tiene un privado en comparación con una empresa del sector público. La consecuencia es la ralentización del desarrollo de infraestructura pública necesaria para mejorar la competitividad.
El exceso de regulaciones genera un sistema burocrático que, usualmente, termina expandiéndose y, finalmente, mermando y poniendo en riesgo nuestras libertades y derechos fundamentales. ¡El fin de las leyes no debe ser abolir o restringir libertades, sino preservarlas y ampliarlas!
