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La aprobación del dictamen congresal que busca “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas” ha despertado la alerta del sector minero no solo por sus implicancias para la minería formal sino también para el proceso de formalización.
La aprobación del dictamen congresal que busca “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas” ha despertado la alerta del sector minero no solo por sus implicancias para la minería formal sino también para el proceso de formalización.
“Este dictamen no contribuye en absoluto a formalizar la minería sino todo lo contrario: desincentiva la inversión”, apunta Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Mira también:
– ¿Qué tan riesgoso es este dictamen congresal aprobado recientemente en la Comisión de Energía y Minas del Congreso?
Efectivamente, el martes se aprobó este dictamen que apunta al régimen de concesiones mineras sobre la base de una serie de argumentos, como que el régimen actual de concesiones impide la formalización minera porque todo el territorio está concesionado en beneficio exclusivo de la gran minería.
– Lo que el dictamen señala es que la gran minería obstaculiza el desarrollo minero porque opera ‘concesiones ociosas’.
Todos sabemos que son narrativas creadas porque solamente el 15% del territorio peruano está concesionado, por lo cual hay un amplio margen para concesionar. El régimen de concesiones mineras es muy dinámico en ese sentido. Es más, si revisas los petitorios del año pasado verás que llegan casi a 13 mil, de los cuales el 70% son de pequeños mineros. Entonces, no es que no pueden acceder a las concesiones.
– Esas cifras rebaten el fundamento del dictamen.
Ese es el tema: esos argumentos no son reales. Han construido el dictamen sobre la base de falacias que no resisten el menor análisis. Esta no es una norma hecha técnicamente y eso es un problema para la minería formal y el país.
– ¿Qué propuestas son las más perjudiciales?
Por ejemplo, reduce de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero. Esto, obviamente, con un desconocimiento profundo de cómo se realiza la actividad minera. Sabemos perfectamente que 15 años no va a ser un plazo suficiente para poner en marcha un proyecto porque este requiere trabajos de exploración arduos. Solamente el descubrimiento conceptual puede tardar de 12 a 19 años, según promedio internacional.
El 70% de los petitorios mineros registrados en el 2025 correspondieron a pequeños mineros,
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– Y en Perú el tiempo debe ser mayor debido a la permisología.
Y porque nuestros yacimientos mineros no son superficiales (se encuentran a profundidad) por lo cual requieren de una inversión muy importante y tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una producción con solamente 15 años, si contabilizamos la exploración y el trabajo de construcción e ingeniería, que también toma un tiempo? Esto es un desconocimiento real de cómo se realiza la actividad minera.
– ¿Cómo impacta esto en la minería?
Esto desincentiva cualquier inversión formal, incluyendo las actividades de exploración. Es un desincentivo abierto y claro a la actividad formal en el país, pero es solo uno de los aspectos más graves del dictamen. El otro es la elevación de las tasas de derecho de vigencia y penalidad para la gran y mediana minería. En lo que respecta al derecho de vigencia el incremento es de 300%, mientras que la penalidad aumenta en 400%.
– Se podría decir, sin embargo, que la gran y mediana minería tienen dinero para pagar eso.
Pero se trata de un desincentivo para invertir, el cual es mayor si lo comparamos con lo que ocurre en otros países. En el Perú un proyecto de cobre paga cuatro veces más por derechos de vigencia y penalidad que países mineros como México, Chile, Sudáfrica, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Además, no todos los países pagan una penalidad. Nosotros si pagamos.
– El dictamen también propone eliminar el carácter irrevocable de la concesión. ¿Qué tan grave es?
El concepto de irrevocabilidad existe y está expresamente señalado en la Ley de General de Minería, justamente, para evitar que una concesión pueda ser expropiada. En vez de eso existe el concepto de caducidad que te da las herramientas para lograr que esas concesiones pasen nuevamente al Estado peruano.
– El dictamen también incentiva la participación de las comunidades en los beneficios empresariales de la minería. ¿Esto también es contraproducente?
De hecho, las empresas ya incluyen a las comunidades en sus trabajos de responsabilidad social y proyectos de Obras por Impuestos. Son sus aliados, junto con los gobiernos sub-nacionales. Pero esto podría generar unas expectativas mucho mayores porque habla de instrumentos financieros, y eso genera expectativas que podrían llevar a una conflictividad social que es, justamente, lo que no se busca.
– En resumidas cuentas, esto va a afectar la competitividad de la minería formal.
Esto apunta a la minería formal, claramente, a aquella minería que trabaja responsablemente, que presenta sus permisos y que cumple con lo establecido por la ley. Eso es lo que está afectando.
La exploración minera será una de las actividades más perjudicadas por el dictamen congresal. (Foto: Referencial)
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– ¿Qué tan grave es esta afectación?
Es gravísimo porque va a afectar no solamente la competitividad de la minería formal sino también las actividades de las empresas mineras formales, sobre todo, de la exploración, que es tan importante para el país. Sin exploración no vamos a tener reservas. Con este dictamen lo único que se va a fomentar son invasiones de mineros informales en concesiones de terceros, en las áreas donde ya se sabe que hay actividad minera porque una empresa (formal) ya ha realizado actividades de exploración.
– ¿El dictamen perjudicará, entonces, los esfuerzos de formalización del Estado?
Hay algunos partidos que estarían buscando, justamente, impulsar a los actores del sector informal que no quieren promover la formalización en el país. Este dictamen no contribuye en absoluto a formalizar ni generar formalidad en el país. Es todo lo contrario: desincentiva la inversión y los esfuerzos que se realizan para tener una actividad minera sostenible en el tiempo.
– ¿La SNMPE ha participado con opiniones en la Comisión de Energía y Minas?
Nosotros hemos comentado por escrito los proyectos de ley que han sido presentados, pero este dictamen fue debatido el último martes sin presencia del sector público o privado, ni de especialistas para analizar el tema. No se invitó a nadie. Por eso digo que no puede verse tan a la ligera, sino que debe ser analizado técnicamente.
– ¿Qué esperan que ocurra con el dictamen?
Esperamos que este tema no entre a ser visto próximamente en el Pleno del Congreso. Confiamos en que haya cierta sensatez y que se puedan revisar estos temas técnicamente y no bajo las premisas falaces que han mencionado.
