Después de dos meses de clases virtuales a causa de amenazas de extorsión, el colegio Gran Amauta, situado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, sufrió un ataque con explosivos en las primeras horas de hoy, lunes 28 de abril.
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Según la información proporcionada por la policía, dos delincuentes que viajaban en una motocicleta hicieron estallar un artefacto en la entrada principal de la institución, dejando las ventanas completamente destruidas y provocando pánico entre los residentes.
Testigos de la zona informaron haber visto a los atacantes bajar de la moto para colocar el explosivo antes de escapar. Indicaron que las amenazas hacia la escuela comenzaron en marzo, cuando empezaron a recibir mensajes de extorsión pidiendo 20 mil dólares para no atentar contra los estudiantes.
Frente a esta situación, el director de la institución había presentado una denuncia formal el 16 de abril pasado en la comisaría 2 de octubre, solicitando además protección policial para reiniciar las clases presenciales, programadas para hoy. Sin embargo, el ataque frustró el regreso seguro de los alumnos.
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Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo, quienes están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el colegio para identificar a los culpables. Asimismo, los padres de los estudiantes, reunidos en el frente del colegio, expresaron su preocupación no solo por este incidente.
Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
