En setiembre, mientras la coyuntura mediática sobre la ola de extorsiones se centraba en el transporte público, la directora de El Roble School, institución de educación inicial ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), recibía un mensaje por WhatsApp de un criminal que le exigía que pagara un cupo. La amenaza no prosperó porque ella evitó responder y cambió de número. Desde entonces, no ha vuelto a ser intimidada, pero asegura que muchos colegas suyos sufren constantemente ese tipo de amenazas. Algunos cerraron sus escuelas y se mudaron de zona. “Tengo colegas que han cerrado [sus colegios], se han dedicado a otra cosa para no ceder porque incluso las amenazas siguen”, dijo a El Comercio la directora, cuyo nombre no se mencionará.
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Sin ir muy lejos, el viernes último el centro educativo estatal Las Semillitas, también en SJL, no abrió. Tras una reunión de familiares y autoridades, se optó por que las clases sean virtuales. Una fuente de este Diario confirmó que la medida se adoptó porque la directora recibió amenazas de extorsionadores. Al lado de Las Semillitas está la institución educativa pública Francisco Bolognesi. Al enterarse sobre la situación de su vecino, las familias expresaron su temor y preocupación.
De acuerdo con información que El Comercio recogió de autoridades y representantes de asociaciones de centros educativos, las extorsiones son constantes en distintas regiones del país y desde hace tiempo. Los consultados coinciden en que, cuando ceden, en promedio pagan cupos de entre S/10.000 y S/20.000 a través de diferentes modalidades. Quienes no ceden sufren atentados.
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Montos y zonas
El coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, señaló a este Diario que, por las investigaciones del Ministerio Público (MP), los colegios extorsionados son sobre todo de zonas “periféricas de las ciudades”.
“Por ejemplo, los distritos elegidos han sido San Juan de Lurigancho, de Lima norte, [en Ate] Vitarte también ha habido este tema. En las provincias, en Trujillo tenemos por ejemplo [los distritos de] La Esperanza y El Porvenir [los más poblados de la capital de La Libertad], donde los promotores de los colegios están siendo víctimas de extorsionadores”.
Chávez Cotrina precisó que los criminales buscan lugares donde los colegios, casi siempre particulares, son “pequeños y obviamente sus promotores son fáciles de amedrentar, asustar, y ese es, digamos, su mercado que usan para conseguir dinero ilícito porque los criminales hacen un estudio también”.
Esto último lo menciona porque, según las indagaciones, los delincuentes saben qué sectores amedrentar. “Ven dónde hay mayores facilidades o dónde hay menos presencia policial, porque [si] tú vas a San Juan de Lurigancho no encuentras ni un policía, o a [Ate] Vitarte o Lima norte [todos con bastante población]; cosa diferente a otro tipo de distritos, donde los colegios son más grandes, pagan su propia seguridad particular”.
Sobre los cupos, sostuvo que piden cantidades que van “entre 5.000 y 10.000 soles, pero no es un solo pago, es una especie de pensión cada mes, cada dos meses, dependiendo. Si ven que cumplen, les aumentan el pago”.
Dato
A nivel nacional
La Asociación de Colegios Privados (Anacopri) tiene el registro de 172 casos de extorsión a colegios durante este año.
Desde la Asociación de Colegios Privados (Anacopri) dijeron que los montos son de entre S/10.000 y S/15.000.
La situación es parecida en Trujillo, donde la criminalidad organizada se ha desbordado. “[A los colegios] les pedían 10.000, 15.000 [soles]. Mucho más en los conos […]. Me refiero a Trujillo centro y los distritos de El Porvenir, La Esperanza; en esos lugares, la gran mayoría de colegios paga, casi todos, por no decir todos, por la tranquilidad”, afirmó la representante de una asociación de instituciones educativas de La Libertad, quien prefirió mantener su nombre en reserva.
El jefe policial de La Libertad, el general PNP José Zavala, dijo que los extorsionadores “pueden pedir 20.000 soles, 10.000 soles, depende del colegio”. Incidió en que hay instituciones “más grandes […], particulares”, que los delincuentes “saben que manejan [una] economía”.
Respecto a las instituciones públicas, Zavala afirmó que en estas casi no hay extorsiones porque carecen de una economía que los criminales “puedan explotar”.
El jefe de la PNP en La Libertad recordó que Óscar Daniel Cruz Basilio está detrás de las extorsiones a los colegios de Trujillo. Él es hijo de Miller Mauricio Cruz Arce, fundador de Los Pulpos junto con sus hermanos. Recalcó que esta organización criminal usa menores de edad para cobrar los cupos, como en el caso del colegio Montalcini European College. En mayo pasado, en esta institución se detonó un explosivo en horario escolar.
“[Los extorsionadores] ven dónde hay mayores facilidades o dónde hay menos presencia policial”.
En Lima hay registro de extorsiones a colegios desde antes de la pandemia (2020), como recordó el fiscal Chávez Cotrina. “[En el] 2017, 2018, empezó a haber organizaciones criminales en San Juan de Lurigancho, donde incluso mataron a un director; estaban involucradas organizaciones criminales dirigidas por ‘Loco Larry’ y ‘Loco Aroni’”. Agregó que los delincuentes luego se mudaron a otros distritos de Lima norte o Lima este.
Chávez Cotrina explicó la complejidad de las organizaciones que están detrás de las extorsiones y que migran de un distrito a otro. “Lo que ocurre es que las otras, [las bandas] pequeñas, cuando ven que hay una organización criminal que ha sido desactivada, entonces entran a tallar otras porque, digamos, el mercado ya quedó libre, salió la competencia por decirlo así”.
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Sin cifras consolidadas
Cuando fue amenazada en setiembre, la directora de El Roble School no denunció el hecho ante la policía. Como ella, muchos centros educativos tampoco lo hacen.
Para la representante de la asociación de colegios de La Libertad, no hay una cifra exacta de los colegios extorsionados por eso mismo. Precisó que hasta mayo de este año sabía de 153 escuelas extorsionadas, solo en Trujillo. Dijo que, por su tranquilidad, las instituciones ceden a los delincuentes. “Debe haber muchos más, seguro […]; sé de algunos que están cancelando”.
La cifra que dio esa persona difiere del número que la policía de La Libertad maneja. El general Zavala indicó que, si bien este año recibieron una denuncia de más de 200 instituciones víctimas de extorsión, el registro después se redujo a 99 casos. “[…] Hicimos que cada [policía] responsable […] vaya colegio por colegio, que son 4.186 en La Libertad, y levante un acta con el director de cada colegio para que nos informen y tener una data exacta de cuánta gente […] venía siendo extorsionada en ese momento”.
Dato
En Trujillo
De acuerdo con una asociación de instituciones educativas de La Libertad, 153 escuelas han sido extorsionadas en Trujillo hasta mayo de este año.
Tras esa labor, precisó Zavala, la cifra bajó a “99 colegios que en el transcurso del año, le estoy hablando de mayo, […] habían sufrido algún tipo de extorsión”.
Las amenazas y atentados fueron de distinto tipo: a 29 colegios llegaron mensajes por WhatsApp, 13 recibieron llamadas, 16 manuscritos, a 16 les enviaron mensajes de texto, 16 sufrieron detonaciones, en cinco hubo disparos contra la institución y en cuatro un “hallazgo”.
Fuera de La Libertad, una vocera de la Asociación Representativa de Instituciones Privadas del Perú, que agrupa a 3.280 escuelas de todo el país (también pidió mantener su nombre en reserva), indicó que entre mayo y setiembre recibieron 17 casos de extorsión. Dijo que reportaron los casos ante el ministro de Educación, Morgan Quero, quien no le tomó importancia a la denuncia. El Comercio accedió a los chats de esos casos.
“[En La Libertad] pueden pedirles 20.000 soles, 10.000 soles, depende del colegio, hay algunos más grandes”.
Desde la Anacopri informaron que, a escala nacional, conocen de 172 colegios extorsionados.
Además de que muchos casos no se denuncian ante la policía, Chávez Cotrina acotó que no hay información que englobe la situación en el país, y que el MP no llega a investigar varios casos porque las denuncias se quedan en las comisarías o en la Depincri (unidad básica desconcentrada de la PNP). “Es lamentable porque eso debería llegar a la unidad especializada, que es [en] Lima [la] Dirincri [Dirección de Investigación Criminal] para que tenga la estadística general”.
Este Diario pidió información a la PNP y al Ministerio de Educación sobre las extorsiones a los colegios, pero no la brindaron.
Mientras este problema no tiene solución estatal, no solo en los colegios se sienten inseguros; también los padres de familia. “Con toda esta situación, ya ni nosotros estamos seguros”, dijo a El Comercio la madre de un estudiante del colegio público Francisco Bolognesi de San Juan de Lurigancho.
