El inicio de esta semana estuvo marcado por una grave denuncia de presunta agresión sexual ocurrida en el colegio Innova Schools, sede Ate Vitarte, que involucra a un menor de 10 años como presunta víctima y a siete estudiantes de sexto de primaria como presuntos agresores.
De acuerdo con el testimonio que el niño brindó a sus familiares, los hechos habrían ocurrido una semana antes en los baños de la institución educativa. Al regresar a su vivienda y aún afectado por lo sucedido, el menor les relató lo ocurrido, tras lo cual la familia presentó la denuncia correspondiente.
El caso no es un hecho aislado. De acuerdo con el Sistema Especializado en la Prevención y Atención de la Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación, entre enero y mayo de 2026 se registraron 930 casos de agresiones sexuales y físicas en instituciones educativas de primaria y secundaria de Lima Metropolitana.
Denuncian que menor fue abusado sexualmente en colegio Innova Schools. Foto: Captura de Panamericana TV
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Días después de conocerse la denuncia, un grupo de padres de familia se congregó en los exteriores del colegio para expresar su indignación y exigir una respuesta por parte de la institución educativa. Según denunciaron, el plantel no habría actuado con la celeridad esperada tras tomar conocimiento del caso.
El 7 de julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, acudió al colegio para brindar atención a la presunta víctima de tocamientos indebidos. Además, presentó un escrito ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para solicitar que las diligencias e investigaciones se realicen de manera oportuna.
Por su parte, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Santa Anita abrió una investigación por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio del menor. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación contra Innova Schools, sede Ate, tras la denuncia presentada por los padres, con el fin de determinar si la institución cumplió con las obligaciones que le corresponden frente a un caso de presunta violencia sexual.
El detalle de las cifras
El SíseVe registra y da seguimiento a los reportes de violencia física, psicológica y sexual que afectan a estudiantes dentro o fuera de las instituciones educativas. Los registros correspondientes al periodo de enero a mayo de 2026 para Lima Metropolitana, han demostrado que en instituciones de educación secundaria y primaria se reportaron 240 casos de agresión sexual, diferenciados según el tipo de agresor: profesor o escolar.
En la capital, las agresiones de tipo sexual en el nivel secundaria alcanzaron un total de 162 casos, de los cuales 109 correspondieron a agresiones entre escolares y 53 a agresiones cometidas por profesores. El distrito con el mayor registro de agresiones entre estudiantes fueron San Juan de Miraflores con 30 casos, mientras que Ate presentó la cifra más baja con 8 casos.
En cuanto a las agresiones atribuidas a docentes, Cercado de Lima concentró el mayor número con 12 casos, seguido de Comas con 11 y San Borja con 9, mientras que San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Ate registraron 5 casos cada uno.
Mientras que en el nivel primaria se registraron 78 casos de agresiones sexuales, de los cuales 50 correspondieron a agresiones entre escolares y 28 a agresiones cometidas por profesores.
Las agresiones físicas en el nivel secundaria sumaron un total de 453 casos, de los cuales 434 correspondieron a agresiones entre escolares y 19 a agresiones cometidas por profesores.
En primaria se reportaron 237 casos de agresiones físicas, de los cuales 202 correspondieron a agresiones entre escolares y 35 a agresiones cometidas por profesores. En ambos niveles educativos, las cifras muestran que la mayor parte de las agresiones físicas se producen entre escolares.
La necesidad de la actuación inmediata
La presunta agresión sexual denunciada en el colegio Innova Schools, sede Ate, ha puesto nuevamente en el centro del debate la violencia entre estudiantes dentro de las instituciones educativas, debido a que no se trata de un hecho aislado. Ante este escenario, la abogada penalista Jacqueline López explicó que el tratamiento legal de un caso como el ocurrido en Ate dependerá, principalmente, de la edad de los presuntos responsables.
“Si el presunto autor es y resulta ser un adolescente que tiene entre 14 y 18 años, porque aquí importa mucho este criterio etario, podría ser investigado conforme a un régimen de responsabilidad penal del adolescente”, señaló la experta.
La especialista indicó que el primer paso es determinar el rango de edad de los involucrados, ya que ello define el procedimiento aplicable. “Tendríamos que verificar primero si se encuentra en el rango de 14 a 18 años para que sea analizado bajo este régimen. Ahora, si resulta ser menor de 14 años, quiere decir que no tiene una responsabilidad penal, pero sí le va a corresponder que intervenga un sistema de protección. Puntualmente, a ellos se les otorga una medida de protección que va desde la amonestación hasta el retiro de la tutela hacia los padres”, explicó López.
Respecto al rol de las instituciones educativas, López recordó que los colegios tienen la obligación de actuar de manera inmediata desde que toman conocimiento de una presunta agresión sexual, física o psicológica entre estudiantes.
“Cualquier institución educativa tiene un deber totalmente inmediato de protección. Tienen que activar todos los protocolos o adoptar medidas para evitar cualquier tipo de nuevo riesgo que pueda ocurrir para la presunta víctima y, principalmente, comunicar estos hechos a las autoridades competentes, entiéndase a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, y registrar este caso en el Sistema SíseVe. Esto es totalmente concurrente”, indicó la abogada penalista.
La penalista advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar consecuencias penales para las autoridades de la institución educativa. “El hecho de no denunciar oportunamente constituye igual un delito que se encuentra regulado en el artículo 407 del Código Penal, que se llama omisión de denuncia, que está a cargo de las autoridades, en este caso directorales de esta institución educativa, y que se sanciona con una pena que va hasta los cuatro años de pena privativa de libertad”, sostuvo López.
Asimismo, precisó que el deber de los colegios no se limita a la aplicación de protocolos internos. Esto debido a que no solo deberían activar los protocolos a nivel del colegio administrativo, sino también denunciar ante las autoridades este presunto hecho. Indicó que si no lo han realizado, ellos pueden ser catalogados o encuadrarse dentro del delito de omisión de denuncia.
Consultada sobre las cifras del SíseVe, López consideró que estos registros reflejan la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de hechos. “Estos claros casos requieren una investigación más especializada que tenga un enfoque en niñez y adolescencia. Es importante destacar aquí que si el colegio ha incumplido sus deberes de prevención y además supervisión o actuación oportuna, esto puede generar una responsabilidad administrativa o eventualmente alguna responsabilidad civil o penal por los hechos generados”, manifestó Jackeline López.
