Una marcha convocada este martes por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro del subsidio a los combustibles derivó en enfrentamientos con policías que resguardaban los accesos a la plaza Murillo, centro del poder político en La Paz.
Centenares de mineros que trabajan en el Estado y el sector privado, fabriles y maestros rurales marcharon hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo bolivianos, atendiendo una convocatoria de la COB en contra del decreto que levantó la subvención de los carburantes que rigió por más de dos décadas.
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Los movilizados intentaron ingresar a la plaza por cuatro lugares y trataron de retirar por la fuerza las vallas colocadas por la Policía.
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Desde la marcha se lanzaron petardos y se detonaron cargas de dinamita para hacer retroceder a los agentes antimotines, a lo cual estos respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos.
Algunos manifestantes también intercambiaron insultos con los transeúntes que les cuestionaron por su movilización.
El máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, dijo a los medios que su marcha es “pacífica” y justificó las detonaciones de dinamita al asegurar que tuvieron que “reaccionar” ante lo que consideró una provocación.
“Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Vean ustedes, nosotros estamos aquí y ellos provocan”, sostuvo Paye.
Tras la gasificación, los movilizados bloquearon la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales vías del centro histórico de La Paz.
La COB convocó a una huelga general e indefinida contra el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención de los combustibles, medida que solo cumplen los mineros, mientras que algunos sectores como los campesinos de la región sureña de Chuquisaca bloquean algunas carreteras en esa región.
En la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, también un grupo de vecinos bloquea la salida hacia la región andina de Oruro.
La COB fue aliada política de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Es el primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, dijo a los medios que el Gobierno respeta “toda movilización que respete los derechos de otros”.
Espinoza expresó su deseo de que “esto no pase de una gasificación” y se pueda “volver a dialogar de la manera más civilizada y más pacífica posible” con los sindicatos, aunque criticó que la COB ponga como condición para negociar la anulación del decreto.
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“Eso es el concepto del diálogo, es charlar y poner ideas. Pero si nos van a venir a decir ‘haces lo que me da la gana y recién ahí vamos a poder charlar’, eso no es diálogo”, manifestó.
También cuestionó que la COB no haya reclamado en su momento cuando hace dos años empezaron a encarecer los alimentos, o ante la falta de combustible.
“¿Por qué no se reclamó en su momento la falta de atención a la economía? Entiendo que en este momento algunos quieren demostrar fuerza para ver si hay algún beneficio político para ellos. No va a haber, el decreto no vuelve atrás porque la situación no puede sostenerse”, agregó.
El decreto 5503, emitido el pasado miércoles por Paz, estableció nuevos precios para combustibles, lo que supuso incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Según el Gobierno, mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), por lo que no es posible retirar parcialmente el subsidio, ni reponerlo.
