Sin prioridad en el Congreso: Reforma de impedimentos para postular lleva casi un año en el limbo legislativo

Detrás de las intenciones políticas de Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, se esconde un aliado –directo o indirecto– que desde el JNE parece estar moviendo el terreno político para colocarnos una bomba de tiempo que puede estallar en pleno proceso electoral 2026.

Y es que la actitud del señor Salas Arenas de pretender ningunear el hecho de que el partido A.N.T.A.U.R.O. lleve el nombre de un asesino de policías, destila suspicacias en los sectores demócratas. 

Lejos de la mirada política del responsable de las elecciones más cuestionadas de los últimos años, la propuesta de Humala va contra todo criterio razonable, pues no solo ensalza a grupos terroristas, sino también propone, sin arrepentimiento alguno, la muerte de policías y militares; así como el cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una asamblea constituyente.

Por ello, ante esta arremetida filoterrorista y frente a lo dispuesto por el TC que, de manera errada, sopesa el derecho individual de un condenado por encima del derecho de todos los peruanos a vivir en democracia; además de la actitud pasiva del JNE, hemos accionado en nuestro deber de ciudadano y de autoridad.

De esta forma, ha quedado en manos del pleno, mi propuesta N°3911 para impedir que condenados por rebelión, traición a la patria, terrorismo y corrupción de funcionarios puedan acceder a cargos de elección popular.

Asimismo, he oficiado a Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que, en razón al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, puedan declarar la ilegalidad de esta organización por promover conductas antidemocráticas. La fiscalía ya inició indagaciones que esperemos, no sean un saludo a la bandera. Después no digan que nadie hizo nada por evitarlo.