Era un secreto a voces. Tarde o temprano Eduardo Arana reemplazaría a Gustavo Adrianzén en la Presidencia del Consejo de Ministros y así fue. El último miércoles, el hasta entonces ministro de Justicia juraba como el cuarto presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte.
La salida de Adrianzén se precipitó, pues prefirió la renuncia antes que la censura. Lejos de calmar a la tribuna con los cambios ministeriales que hizo, lo único que logró fue acelerar su alejamiento del Gabinete.
Arana tuvo la oportunidad de enmendar los cambios que le dejó su antecesor, el más llamativo el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a donde ha ido a parar César Sandoval Pozo, activo militante de Alianza para el Progreso (APP) y sospechoso de haber mantenido vínculos con la minería ilegal. Según información propalada por este Diario, como jefe del gabinete de asesores del Minem, sostuvo al menos cinco reuniones con el abogado Kílder García Calderón, representante legal de los hermanos Teonila y Víctor Sánchez Iparraguirre, ambos con investigaciones abiertas por delitos vinculados a la minería ilegal en Pataz, La Libertad. Este personaje está a cargo del MTC, el ministerio con la mayor cantidad de presupuesto del Ejecutivo y encargado de ejecutar importantes obras de infraestructura.
Boluarte y Arana tuvieron 24 horas para corregir este nombramiento y no lo hicieron, prefirieron el acuerdo político antes que despejar las sospechas.
Además, el artículo 122 de la Constitución establece claramente que “el presidente de la República nombra y remueve al presidente del consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del consejo”. Arana optó por el acuerdo y no por la propuesta.
Más bien, la única propuesta de Arana ha sido su reemplazo en la cartera de Minjus, para la que ha nombrado a Juan Carlos Alcántara Medrano, quien no ha negado su cercanía con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
Entre sus antecedentes figura una investigación por presunta negociación incompatible ante la fiscalía anticorrupción. Alcántara también se ha desempeñado como fiscal, y como tal no se le renovó la confianza por no haber actuado adecuadamente en procesos vinculados a tráfico de drogas y pérdida de actas de investigación, según información consignada por El Comercio.
El ministro Arana y su equipo se deben presentar en 30 días ante el Congreso. Si bien las bancadas de izquierda han adelantado que votarán en contra de darle la confianza al Gabinete, este encontraría el apoyo fundamentalmente en las bancadas de Fuerza Popular (FP) y APP.
La congresista Patricia Juárez de FP no ha negado su satisfacción por el nombramiento de Arana, de quien ha dicho que “va a tener la capacidad de concertar con los grupos políticos”.
“Espero que los 130 congresistas den el voto de confianza porque necesitamos estabilidad”, ha dicho César Acuña, presidente de APP.
No son alentadores los cambios en el Gabinete ni tampoco el futuro.
