Al filo de la medianoche del último lunes y a poco de que venza el plazo legal que tenía, el gobierno de Dina Boluarte presentó una serie de observaciones a la autógrafa del Congreso que restablecía la detención preliminar en casos de no flagrancia. El texto- que lleva las firmas de la presidenta y del primer ministro, Gustavo Adrianzén- limita el uso de esta figura, de acuerdo con expertos consultados.
Por ejemplo, el Ejecutivo plantea que la detención preliminar solo se aplique para 10 delitos: feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Bajo esta fórmula, los ilícitos de corrupción de funcionarios son excluidos.
Otra sugerencia del gobierno al Congreso– que tiene como punto de partida un informe de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia- establece que la referida figura legal solo pueda ser aplicada cuando el delito imputado sea sancionado con más de ocho años de prisión.
Esto dejaría fuera a la minería ilegal, la contaminación ambiental, el tráfico ilícito de migrantes y el financiamiento prohibido de organizaciones políticas, entre otros.
Las observaciones también apuntan a los jueces, en el sentido de que establece que no podrán utilizar los mismos elementos de convicción que motivaron la detención preliminar para dictar una prisión preventiva. Asimismo, sugiere que aquellos magistrados que ordenen una detención preliminar, omitiendo toda motivación o con una motivación deficiente, podrían incurrir en prevaricato [ver recuadro].
| Principales propuestas del Ejecutivo en su observación |
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| 1. Plantea que la detención preliminar sin flagrancia solo sea para 10 delitos: feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. |
| 2. Propone que la detención preliminar se dicte solo a los delitos cuyas penas sean superiores a los ocho años de prisión. |
| 3. Sugiere que se establezca la prohibición de que un mismo juez de investigación preparatoria resuelva la detención preliminar y la prisión preventiva. |
| 4. El gobierno plantea la prohibición de que los elementos de convicción que motivaron la detención preliminar sin flagrancia sean empleados para dictar una prisión preventiva. |
| 5. Busca establecer una restricción con el objetivo de que la fiscalía y la Policía no expongan mediáticamente a los detenidos preliminarmente. En ese sentido, prohíbe la difusión de fotografías y videos de estos. |
| 6. Plantea que el juez que dicte una detención preliminar, omitiendo toda motivación o con una motivación deficiente, podría incurrir en prevaricato. |
Mecanismo de presión
Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para observar la autógrafa del Parlamento figura que la detención preliminar “podría usarse como un mecanismo para presionar a los detenidos y obtener alguna confesión o acogimiento al procedimiento de colaboración eficaz”. Y, además, de que esta figura no tiene “autonomía respecto a la prisión preventiva”.
Precisamente, esa fue una de las justificaciones que dio el perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, cuando presentó el proyecto de ley que dio origen a la eliminación de la detención preliminar cuando se trate de casos de no flagrancia.
En esta iniciativa, que fue presentada el 29 de mayo del año pasado, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, alegó que la detención preliminar se había convertido en “un abuso frente a los investigados, al extremo que muchos juristas han referido que son un medio de fábrica de colaboradores eficaces”.
El gobierno no cita el proyecto cerronista, pero sí un informe de la Defensoría del Pueblo- que es controlada por Josué Gutiérrez, exmilitante perulibrista y ex abogado de Cerrón- que va en el mismo sentido.
El documento defensorial indica que “la detención preliminar judicial en muchas oportunidades resulta ser un riesgo de abuso por parte de los operadores de justicia, así como existe una alta probabilidad de que esta sea usada para la criminalización de ciertas conductas ejercidas por los ciudadanos como son la protesta social”.
El Ejecutivo “busca impunidad”
Al respecto, Juan Jiménez Mayor, ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia y DD.HH., consideró que las observaciones planteadas por el Ejecutivo, a nivel general, “buscan la impunidad” y plantean un retiro de herramientas a los operadores de justicia. Agregó que la responsabilidad política por este texto recae en el primer ministro, Gustavo Adrianzén.
En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor advirtió que el gobierno parece haber tirado la toalla, en el sentido de que ya no le importa lo que piensa la opinión pública y ha decido “legislar a favor de los intereses particulares de ciertas personas” y “proteger” a determinados funcionarios públicos.
Recordó que anteriormente la administración de Boluarte “ha sido permisiva” para dejar pasar leyes que le “cortan los brazos a los fiscales y jueces para enfrentar a la criminalidad”. Añadió que esta observación es una muestra más de ello.
El ex titular de Justicia remarcó que el texto presentado por el gobierno “genera pretextos” para que la detención preliminar “no funcione”.
“Esta es una medida para dilatar y entorpecer [que vuelva a estar vigente la detención preliminar]. Ahora el Congreso debe definir si acepta o no las observaciones. Si realmente el gobierno quisiera perfeccionar la detención preliminar, una observación al límite no es la vía. Incluso, el primer ministro, que firma el documento, no estaba enterado de qué trataba. Es lamentable que la política criminal del país esté en manos de este gobierno”, acotó.
“El objetivo es prolongar”
El exprocurador anticorrupción José Ugaz afirmó que la observación a último momento por parte del Ejecutivo de la autógrafa que restablece la detención preliminar revela que existe una “intención política, cuyo objetivo es prolongar” la ausencia de esta figura “lo más que se pueda”. ¿La razón? “Los beneficiados son personajes del entorno de la presidenta”, expresó.
En diálogo con este Diario, Ugaz refirió que Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia, es parte de los beneficiados con la eliminación de la detención preliminar en no flagrancia. El alto funcionario está implicado en las investigaciones por la red de corrupción en Qali Warma.
“Esto los pinta de cuerpo entero, lo que busca el gobierno es blindarse dado que atraviesa cuestionamientos por actos de corrupción, que podrían llegar hasta la presidenta. [En la observación] existe una distorsión del concepto de detención preliminar”, cuestionó.
El exabogado del Estado advirtió que, a raíz de las modificaciones a la ley de crimen organizado, un conjunto de delitos de corrupción de funcionarios quedará fuera de la detención preliminar, si es que el Congreso se allanase a las observaciones del gobierno.
La actual ley de crimen organizado establece que solo los ilícitos con penas iguales o mayores a cinco años podrán ser enmarcados en la referida figura. En ese sentido, los casos de concusión, cobro indebido, colusión simple, peculado doloso, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, negociación incompatible y tráfico de influencias no serán pasibles de una aprehensión preliminar.
Entre el 2023 y 2024, el Congreso aprobó unas 60 modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la ley de crimen organizado, a través de 11 normas. Estas han tenido un impacto negativo en el sistema de administración de justicia. A pesar de ello, el Ejecutivo solamente observó en parte una: la iniciativa que limitó la colaboración eficaz.
Los reparos a la autógrafa que restituye la detención preliminar representan un comportamiento atípico del gobierno.
Las posturas en el Congreso
El portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que está de acuerdo con que la observación del Ejecutivo vaya a ser debatida directamente en el pleno y se le exonere del trámite del Comisión. Aunque precisó que su agrupación mantendrá su postura de votar en contra de la restitución de la detención preliminar en casos no flagrancia.
“Nosotros lo habíamos advertido, hay una redacción muy genérica, y el Ejecutivo exige que haya más precisión”, manifestó en declaraciones a la prensa.
En diálogo con Canal N, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) refirió que, si el Ejecutivo busca desnaturalizar la detención preliminar, “no cabe la posibilidad de un allanamiento”.
Explicó que se requiere de un acuerdo en la Junta de Portavoces para exonerar, a través de un acta virtual, el trámite de comisión de las observaciones. Y luego reunir 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario.
“No es fácil [reunir las 78 firmas], ojalá que en esta oportunidad nos podamos poner de acuerdo para llevar [a cabo] un pleno extraordinario. De lo contrario, vamos a esperar hasta marzo”, complementó.
Muñante criticó al Ejecutivo por esperar hasta el final para presentar una observación, “sabiendo del problema que tenemos [en el Parlamento] de no poder tener un pleno ordinario”.
Este Diario intentó comunicarse con el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.
En conferencia de prensa, la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) señaló que su bancada aún no se ha reunido para tomar una determinación sobre cuál será su propuesta ante la observación del gobierno.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) sostuvo que “los delincuentes no necesitan pagar abogados, porque tienen al gobierno de Dina Boluarte”.
“Los argumentos para la observación de la restitución de la detención preliminar son una muestra de ello, en el fondo prefieren que no exista la figura de la detención preliminar. El Congreso debe ratificar su decisión de restituir la detención preliminar”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Luque solicitó- por medio de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana- la exoneración del trámite de comisión de la observación del gobierno. “Esperamos que las diversas bancadas respalden este pedido y no cederle paso a la delincuencia que el Ejecutivo irresponsablemente defiende al no restituir la detención preliminar”, remarcó.
Más información
De acuerdo con fuentes de El Comercio, a raíz de la eliminación de la detención preliminar para casos de no flagrancia ya se han frenado unos cuatro megaoperativos contra organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, la trata de personas, el tráfico de terrenos y el tráfico de drogas en distintos puntos del país. La Policía Nacional, tras un trabajo de inteligencia, ya tenía ubicados a todos los objetivos.
El Ministerio Público, a través de su cuenta de X, advirtió que seis leyes dadas por el Congreso “afectan la lucha contra el crimen y la búsqueda de justicia en el Perú”.
