El Gabinete Ministerial que el presidente José María Balcázar presentó el último martes, tras varias horas de incertidumbre, está marcado por una señal de alerta: siete de sus miembros consignaron en sus declaraciones juradas que enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por distintos presuntos delitos. Estos van desde negociación incompatible y colusión ilegal hasta falsificación de documento.
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La primera ministra, ingeniera economista formada en la Universidad Nacional de Ingeniería, llegó al cargo tras haber sido ministra de Economía durante la administración del censurado expresidente José Jerí.
La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, reportó una investigación fiscal en su contra por presunto genocidio y otros delitos. No obstante, luego informó a El Comercio que el caso se encuentra archivado.
“La investigación fiscal se inició en el marco de las indagaciones por los hechos de violencia ocurridos en diciembre del 2023 e incluyó a todo el Consejo de Ministros de ese período. No se determinó responsabilidad individual en mi contra y, actualmente, el caso se encuentra archivado”, dijo mediante la Oficina de Comunicaciones de su cartera.
Paredes formó parte del gabinete de la entonces mandataria Dina Boluarte como ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Ese cargo lo ocupó entre diciembre del 2022 y septiembre del 2023.
La ministra añadió a este Diario: “Tengo más de 30 años de trayectoria profesional y he actuado con transparencia. La investigación fue archivada, no existe impedimento legal y, bajo el principio de presunción de inocencia, cuento con la autoridad moral para asumir el cargo”.
En tanto, el titular de Economía, Gerardo López Gonzales, marcó inicialmente la opción “no” en el rubro de investigaciones fiscales y/o procesos judiciales, aunque luego consignó que sí tiene conocimiento de procesos en calidad de imputado y que completaría la información en el anexo correspondiente.
El economista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exconsultor del Fondo Monetario Internacional es una de las piezas clave del gabinete por el rol que le toca jugar en un gobierno de izquierda.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Economía tampoco respondió las preguntas que enviamos a López.
En el Ministerio de Defensa, el general del Ejército en retiro Luis Arroyo reportó, en una misma casilla, un proceso contencioso administrativo y un proceso en el fuero del tribunal militar.
En la misma casilla escribió: “Explicaré con oportunidad de mayores detalles”. Este Diario buscó contactarlo mediante la Oficina de Comunicaciones del ministerio, pero no respondió hasta el cierre de esta publicación.
Por su parte, el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, dio cuenta de un proceso en el Juzgado Unipersonal Lima Este por presunta falsificación de documento.
Según su declaración, el caso se originó por la firma de una declaración jurada vinculada al saneamiento de un terreno de la comisaría de Santa Anita, en un acto de función cuando era jefe de la Región Policial Lima.
En respuesta a El Comercio, el ministro del Interior aseguró: “He actuado en todo momento conforme a ley, en cumplimiento de mis funciones como Jefe de Región Policial”.
Begazo precisó: “Se alega que suscribí una declaración jurada que formó parte de un expediente administrativo de saneamiento físico legal elaborado por la Oficina de Administración de la Región Policial Lima y especialistas de saneamiento contratados previo a mi asignación en el cargo de Jefe de la Región”.
El titular del Interior agregó que los documentos se suscribieron en el marco de las delegaciones de facultades que se otorgan a los jefes de regiones a nivel nacional para procesos administrativos.
Begazo, general en retiro de la Policía Nacional, asumió la cartera del Interior con el encargo de enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de la población.
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, concentra el mayor número de investigaciones en trámite dentro del gabinete: cinco investigaciones fiscales por presuntos delitos de contaminación ambiental, formas agravadas de usurpación, defraudación y negociación incompatible. Este último delito tiene una imputación que se remonta a su paso por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, donde se le atribuye haberse interesado indebidamente en la contratación de un abogado bajo la modalidad de servicios de terceros, pese a que la persona propuesta no contaba con el título profesional correspondiente.
La investigación recoge testimonios de funcionarios que señalan que Sifuentes habría intervenido directamente en el pedido de contratación y en la presentación del currículum del beneficiado.
El caso también alude a una relación laboral previa entre Sifuentes y el contratado en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, lo que para la Fiscalía configuraría un posible conflicto de interés.
El titular de Vivienda reportó las investigaciones fiscales en su contra.
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En respuesta a El Comercio, el ministro señaló que las investigaciones se iniciaron a partir de sus funciones como superintendente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y como funcionario en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
Precisó que como superintendente de la SBS se vio expuesto a denuncias de personas desalojadas.
“Como funcionario público uno está expuesto a ser objeto de procesos fiscales, los cuales se dieron en el ejercicio de mis funciones. Soy un profesional que durante toda mi trayectoria he actuado al servicio de mi país y las instituciones en las que he laborado. Jamás he cometido ningún delito, porque vengo de una familia con valores, y todos los procesos se encuentran archivados o en trámite, es decir, se están realizando las investigaciones respectivas, y como ya se ha dado en casos similares, lo que se espera es el archivamiento de las mismas. Yo confío en la institucionalidad, y tengo la tranquilidad que siempre he actuado correctamente”, dijo en un escrito remitido a este Diario.
El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, reportó un proceso por presuntos delitos de omisión de denuncia y colusión.
El Ministerio de Trabajo respondió a El Comercio que la investigación consignada se remonta a su gestión como presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y está vinculada a una licitación pública para la adquisición de bicicletas de alta competencia.
Según la versión oficial, el proceso fue conducido por un Comité de Selección autónomo e independiente, y la presidencia del IPD no tenía, por mandato legal, facultades para intervenir en la calificación de postores ni en la suscripción del contrato.
De acuerdo con la explicación remitida, al detectarse observaciones técnicas formuladas por el Órgano de Control Institucional, Fernández dispuso la nulidad del contrato por no cumplir requisitos esenciales y ordenó iniciar las acciones para determinar responsabilidades administrativas.
Finalmente, la cartera indicó que el ministro rechaza las imputaciones por colusión, negociación incompatible y omisión de denuncia, al sostener que no existió injerencia en el proceso de selección y que, por el contrario, su actuación fue la de un “agente de control” que activó los mecanismos correctivos al advertir irregularidades.
El miércoles, un informe de Willax reveló que en el 2013, el flamante ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, fue denunciado por presunto abuso sexual, según consta en un documento policial. Este caso no fue incluido por el ahora miembro del Gabinete en su declaración jurada.
El jueves, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que señaló que la denuncia “atribuida al recientemente nombrado ministro de Educación” fue investigada y “archivada” por el Ministerio Público, “considerando el informe del Instituto Médico Legal, el cual acreditaba que la denunciante presentaba problemas de salud mental”.
