La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que intervendrá la avenida Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal. Estas acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la vía, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que intervendrá la avenida Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal. Estas acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la vía, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención.
Para ordenar este tramo de Javier Prado participan seis entidades: la MML, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).
La presencia de todas estas instituciones plantea una pregunta: ¿por qué se necesitan seis entidades para ordenar una sola avenida?
No todas cumplen la misma función. La Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la MML tiene entre sus responsabilidades la regulación de la movilidad urbana y el tránsito, así como el uso de las vías en la provincia de Lima. La ATU, en cambio, tiene competencias sobre el transporte público de personas y el Sistema Integrado de Transporte, lo que incluye su planificación, regulación, supervisión y fiscalización.
La Municipalidad de Lima, ATU, PNP, GMU, SAT y Emape participan en la intervención de ocho kilómetros de Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal. Foto: GEC / Cesar Bueno.
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En esa distribución también aparecen la PNP, el SAT y Emape, aunque con funciones diferentes. La Policía Nacional tiene entre sus atribuciones garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal, además de ejercer las funciones de tránsito que establece la normativa. El SAT, por su parte, interviene principalmente en la administración y cobranza de las sanciones derivadas de infracciones de tránsito y en los procedimientos vinculados a estas. Emape cumple funciones relacionadas con la infraestructura vial que tiene a su cargo, como mantenimiento, conservación y atención de incidencias.
El punto en el que estas competencias pueden encontrarse es la fiscalización y el ordenamiento de la vía. Pero no se trata de seis entidades haciendo exactamente lo mismo, sino de distintos organismos que intervienen sobre problemas que ocurren en un mismo espacio físico, cada uno de acuerdo con sus respectivas competencias.
El magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en ciudades sostenibles Krishan Barr Rosso explicó a El Comercio que esta situación revela una gobernanza atomizada que dificulta la consolidación de un Sistema Integrado de Transporte.
“La superposición de funciones entre entidades de infraestructura, tránsito y fiscalización retrasa la implementación de políticas integrales que promuevan la intermodalidad, la caminabilidad y el transporte limpio”, indicó.
Estas acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la vía, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías. Foto: GEC / Cesar Bueno.
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Además, señaló que si los problemas reaparecen apenas terminan los operativos, es porque, en realidad, se requiere un cambio estructural que implique una transformación de la avenida Javier Prado. “Esta avenida debe ser un corredor multimodal eficiente, donde se priorice el transporte masivo sobre el privado, se garantice la continuidad de las redes peatonales y ciclistas y se integre la gestión del tránsito bajo un enfoque de Pirámide de la Movilidad”, dijo.
“Los operativos son temporales. La solución permanente exige acelerar la integración tarifaria y física del transporte público formal, combinada con fiscalización electrónica y un diseño urbano ‘autofiscalizable’ que imposibilite maniobras inseguras y proteja a los usuarios vulnerables”, complementó.
El experto resaltó que el problema principal responde a un modelo enfocado en el automóvil particular y no en la movilidad masiva. “La falta de un sistema público integrado de alta capacidad crea la brecha que cubre el transporte informal, mientras que la escasez de infraestructura segura margina la movilidad activa”, concluyó.
