La lucha contra el crimen organizado será larga, pero requiere definir políticas estratégicas. Noam López, politólogo especialista en seguridad, sugiere algunas líneas centrales de actuación estatal. La primera, invertir en inteligencia estratégica prospectiva; es decir, una inteligencia que induzca a adelantarse a los delitos, y no solo ni principalmente a reaccionar ante los ya cometidos. Esta labor es útil frente a diversos tipos de delitos, como las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal.
En el caso de la extorsión en poblaciones de más de 30.000 habitantes, las bandas son en su mayoría heterogéneas y precarias, y están concentradas en Lima norte y en la costa norte en general, con Trujillo como bastión. En estos casos, López propone una segunda línea de acción, que implica tanto rapidez en las intervenciones como una permanente coordinación entre policías y fiscales, que involucre además a operadores telefónicos, agencias financieras –bancos y cajas– y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
En relación con la minería ilegal, la inteligencia estratégica prospectiva es clave, así como la capacidad de actuar con rapidez y de manera eficaz. Se suma aquí una tercera línea de acción, que permita coordinar la acción policial y la militar. En la sierra y en la Amazonía, en zonas de alta concentración de minería ilegal y narcotráfico, el Estado debe tener una presencia operativa permanente a través de las fuerzas del orden.
Una cuarta acción es la reforma policial. Entre sus componentes centrales, señala López, se debe garantizar una gerencia de recursos sustantivamente mejor que la actual, que implique rapidez de aprovisionamiento y profesionalización –formación inicial y especialización–, incluida la modificación de los sílabos de estudio y las prácticas cotidianas, en especial en lo referido a integridad y honestidad, aspectos cruciales para ganarse la confianza de la población.
La lucha contra el blanqueo de la minería ilegal también es fundamental, como sugiere el empresario minero Raúl Benavides: “La bancarización obligatoria de todas las transacciones de minerales […]. La propuesta es concreta: exigir que todas las plantas que procesan minerales de terceros realicen sus pagos exclusivamente a través del sistema financiero”. Esta obligación debe extenderse, afirma Benavides, “a los acopiadores que compran minerales para venderlos posteriormente a dichas plantas” (El Comercio, 5/3/2026).
En paralelo, pensando en el mediano plazo, es fundamental desarrollar la pequeña producción agropecuaria y, ciertamente, reducir de manera sustancial la pobreza rural y la de ciudades como Lima, que ha crecido recientemente.
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