Domingo, Mayo 5

La priorización de este rubro se explica en la ley del Congreso –promulgada en junio del 2023– que realizó modificaciones a la normativa de serenazgo con el fin de autorizar el uso de armas no letales (chalecos antibalas, grilletes, bastones y gas pimienta).

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que las municipalidades concentraron su gasto en uniformes y equipamiento en respuesta a dos hechos en concreto: la lamentable muerte de un sereno de Surco a manos de un delincuente armado y el debate sobre las armas no letales.

Los expedientes de contratación muestran que los chalecos antibalas fueron los más requeridos por los municipios. La gestión del alcalde de Surco, Carlos Bruce, adquirió chalecos antibalas y grilletes. Esta inversión se produjo luego del fallecimiento de su sereno, en mayo del 2023.

San Borja y San Martín de Porres son los distritos que más invirtieron en equipamiento, enfocados en los serenos motorizados.

“La reacción ha sido más política. El gas pimienta y la vara tonfa [armas no letales] son elementos que exponen más a los serenos, cuya función es la prevención. Hubiera esperado más inversión en radios para la comunicación dentro del patrullaje integrado”, explicó Valdés.

Para el exviceministro Ricardo Valdés, la inversión de los municipios debería estar enfocada en tecnología. “Lo importante es la respuesta rápida con centrales de videovigilancia integradas”, afirmó.

—Más que vestimenta—

Los municipios de Lima gastaron, en menor medida, en radios y unidades vehiculares. La diversificación de la inversión destaca en los casos de Magdalena, Miraflores y Puente Piedra. Se podría resaltar el caso de San Martín de Porres por su número de gastos, pero algunas de estas se realizaron por separado, pese a abordar un mismo eje.

Con una inversión de casi S/ 2 millones, el municipio realizó cuatro procesos en torno al centro de videovigilancia: la adquisición de equipo, la adquisición del centro, la remodelación, y el networking. Según explicó la gestión, esto se realizó debido a que el gobierno modificó la normativa de contrataciones en el marco del estado de emergencia.

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