En esa línea, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha reportado 16.656 denuncias de extorsión en lo que va del año. De estas, 14.590 corresponden a extorsiones típicas, 796 a la modalidad “gota a gota”, 747 por cobro de cupos, 416 por “seguridad falsa” o “chalequeo”, y otras 107 denuncias por diversos motivos. Dentro de este panorama, 251 víctimas están relacionadas con la construcción civil y 3.825 con el comercio.
En detalle
Al sur de Lima, en Cañete, Julián de la Cruz, perdió la vida ante la mirada atónita de su pareja. Este trágico hecho sucedió el pasado 2 de octubre, cuando ambos almorzaban al interior de un restaurante y fueron interrumpidos por un sicario que no dudó en descargar todas sus balas. De la Cruz murió al instante, con 12 impactos de bala. Él era un dirigente de un sindicato de construcción civil al sur de la capital.
Ese mismo día, en el distrito de Ate, la policía capturó a dos sujetos, Noé Mamani Ortiz (28) y Miguel Eduardo Chiroque Infante (27), quienes cobraban cupos a los vecinos de la villa “El Gran Chaparral” para permitirles transitar. Durante su detención, se les encontraron armas de fuego, municiones, una granada y drogas.
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En septiembre, el ingeniero Pablo Chamorro fue asesinado frente a su familia mientras almorzaban en un restaurante en Carabayllo. El crimen fue ordenado por un criminal llamado David Espinoza, quien había extorsionado a Chamorro para que le entregara un terreno de su propiedad, que quería lotizar y vender a nuevos propietarios para seguir con su negocio de extorsiones.
Dos meses antes, el ingeniero Miguel Cóndor también fue asesinado en Lima norte por negarse a pagar cupos a los extorsionadores en una obra pública que dirigía. Testigos aseguraron que Cóndor estaba dando instrucciones cuando fue alcanzado por los disparos.
¿Cómo operan los extorsionadores?
“La extorsión, el cobro de cupos y las amenazas son constantes en la construcción de obras. Vivimos amenazados, y ahora con más razón, ya que la violencia no hace más que aumentar. En las obras se maneja una gran cantidad de dinero, y estos delincuentes siempre nos tienen amenazados”, comentó el ingeniero Edwin Chavarri, presidente del capítulo de ingienería mecánica y mecánica eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú.
El ingeniero agregó que, debido al incremento de la violencia, muchos colegas están rechazando ofertas laborales en zonas con altos índices de criminalidad. “Los ingenieros ya no pueden transitar libremente por las obras. Cuando ocurren estos hechos, las obras se paralizan”, explicó.
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Los cobros de cupos y las extorsiones en las obras de construcción civil suelen implicar amenazas a los dirigentes, ingenieros y empresarios. Los criminales exigen entre el 1% y 2.5% del presupuesto total de cada obra a cambio de no atentar contra sus vidas.
Para que sus exigencias sean escuchadas, los extorsionadores se infiltran en las obras haciéndose pasar por representantes de sindicatos. Piden cupos de trabajo que, en muchos casos, no serán utilizados o serán vendidos a terceros, quienes también se convierten en víctimas de extorsión. Una vez que los criminales logran tener control sobre ciertos espacios en las obras mediante amenazas, cobran las cantidades exigidas. En caso de resistencia, no dudan en asesinar a los dirigentes o ingenieros como represalia.
Tito Zea Bendezu, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), recordó que desde 2011, 24 miembros de su federación han sido asesinados, y el acceso a la justicia sigue siendo un desafío. “Estamos siendo víctimas de este flagelo y, lamentablemente, la inacción del Gobierno hace que no tengamos respuestas”, afirmó.
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Al otro extremo, en las viviendas, los extorsionadores exigen el pago de un cupo diario para dejar vivir y transitar a los propietarios. Esto pasó en Ate, caso que describimos previamente, y también en un condominio en Huanchaco (Trujillo), donde delincuentes solicitaban S/50 diarios para no atentar contra los habitantes. La ganancia de los criminales en este último, alcanzaba aproximadamente los S/60 mil mensuales producto de la extorsión a 10 condominios que reunían a 40 familias.
En el caso de los lotes y terrenos, según información policial y fiscal, los tráficantes de terrenos toman posesión de un espacio, lo venden por bloques para luego crear falsas asociaciones de viviendas. Una vez que los ocupantes están asentados, inician las extorsiones. Si los nuevos propietarios no pagan los cupos exigidos, les queman sus casas, los golpean hasta los asesinan y vuelven a vender el lote. En tanto, para obtener el terreno también pueden asesinar al propietario o lo usurpan con invasores, este modus operandi fue revelado con la captura de David Espinoza, alias el ‘Cholo David’.
Nicolás Zevallos, director del Instituto de criminología y estudios sobre violencia (ICEV), explicó a El Comercio que los extorsionadores toman espacios que ven favorables para obtener ingresos económicos ilícitos rentables. “En estos meses han crecido las obras públicas porque a partir del segundo semestre del año comienzan a tener presupuesto las municipalidades para ejecutar obras y justamente cuando inicia esto se ven las pugnas por los puestos”, dijo.
El Comercio buscó una entrevista con el jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), coronel PNP Jorge Carpio, para conocer qué otras modalidades de extorsión están afectando al sector y qué medidas se están aplicando, pero fue declinada.
