Barnechea aseguró que tuvo comunicación directa con el presidente de la CIDH y que espera una resolución favorable entre el 15 y el 20 de enero. A su juicio, una eventual medida cautelar de ese organismo obligaría al JNE a permitir la participación del partido de la lampa en el proceso electoral.
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“Hoy estamos en una situación de 50/50 de posibilidades de volver”, sostuvo Barnechea durante la reunión virtual, en la que participaron más de 80 personas. El Comercio accedió a la grabación en video en la que realizó estas afirmaciones; según una fuente, el encuentro se realizó el último domingo.
“Los dioses del Olimpo”
Barnechea aseguró que el presidente de la CIDH le habría transmitido respaldo político de figuras mexicanas influyentes. El actual presidente de la CIDH es el mexicano José Luis Caballero Ochoa.
“Me da la impresión de que si el presidente mismo de la comisión, él me llama y me dice: ‘Los dioses del Olimpo se han movilizado por usted’, refiriéndose a grandes figuras mexicanas amigos míos, yo creo que esto va a caminar, pero no tengo ninguna seguridad. Lo que sí creo es que pueden dar una cautelar entre el 15 y 20 de enero”, afirmó Barnechea.
“Ya creo que el JNE va a tener que ceder”, afirmó en otro momento, convencido de que una eventual cautelar modificaría el escenario.
Expectativa
Barnechea también aseguró que de lograr la inscripción de Acción Popular, se considera en una posición altamente competitiva para ganar la presidencia.
“Mi campaña del 2016 comenzó el 17 de enero, cuando yo fui a Cuarto Poder. Si mi campaña comienza el 22 o 23 de enero, tengo una semana de enero, febrero y todo marzo. Yo gano la presidencia, esta vez vamos a ganar la presidencia”, dijo.
Incluso bromeó con la posibilidad del éxito: “Ya estoy comiendo chicharrones como cancha por si acaso, pero no tengo ninguna seguridad”.
El optimismo alcanzó también a una eventual segunda vuelta. “Y si estamos inscritos, a Porky [Rafael López Aliaga] lo barremos en segunda vuelta”, aseveró.
Barnechea afirmó que está asumiendo personalmente los costos económicos de esa estrategia legal. “Estoy dándole todo mi tiempo y esfuerzo, estoy pagándole yo a los abogados, me voy a pagar los viáticos”, señaló. No obstante, admitió que parte de las gestiones podrían resultar infructuosas. “De repente voy a México y gasto mi plata en vano”, comentó.
El ex precandidato presidencial insistió en que la batalla legal debe librarse hasta el final. “Es muy importante pelear la cautelar de Chiclayo, pelear a muerte hasta el martes, y la cautelar de Lima, ya eso en espera de la cautelar de la Interamericana”, dijo.
En otro momento, pidió a los asistentes que no filtren sus afirmaciones: “Lo único que les pido por favor encarecidamente, no me filtren por redes estas conversaciones. Es muy grave, confidencial lo que les he contado. Que les haya contado que me ha llamado el presidente de la comisión es algo muy grave”, señaló.
La advertencia fue reiterada en más de una ocasión. “Si eso ocurre, me los voy a tirar en contra y podemos perder esa vía, sean especialmente cuidadosos, podemos perder una oportunidad de oro que se nos ha abierto”, añadió.
El Comercio se comunicó con Alfredo Barnechea el último lunes 5; sin embargo, se excusó de brindar declaraciones al señalar que se trató de “una reunión privada”.
Este Diario también intentó contactar a personas de su entorno, pero desde su equipo de prensa informaron que, por el momento, no ofrecerían comentarios.
Escepticismo
Las declaraciones de Barnechea no fueron bien recibidas por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, una de las figuras políticas más reconocidas de Acción Popular.
“Está equivocado. Las cautelares en la CIDH se demoran mucho tiempo, un año o dos años, y además no se suelen cumplir, así que creo que es un saludo a la bandera”, dijo en diálogo con El Comercio.
García Belaunde también cuestionó el enfoque internacional de la estrategia. “Acción Popular es un partido que nunca ha recurrido a un tipo de organización internacional para hacer valer sus derechos. La ropa sucia se lava en casa. Cuando hay problemas dentro del país también se solucionan en casa”, señaló.
Para el exparlamentario, lo anunciado por Barnechea no es más que un gesto político sin consecuencias reales. “Son fuegos artificiales nada más. El proceso electoral peruano no se puede paralizar, menos aún se va a aceptar que cautelares del extranjero cambien las reglas”, sostuvo.
Barrera legal
En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral Roy Mendoza y Alejandro Rospigliosi coincidieron en que la estrategia de Barnechea colisiona con el cronograma electoral.
Mendoza aseguró que una eventual medida favorable de la Comisión IDH sería “inejecutable, por imperio del principio de preclusividad”.
Recordó que el pasado 23 de diciembre se venció el plazo para presentar la solicitud de inscripción de los candidatos a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
“Si se tratara de una candidatura ya inscrita que luego fue excluida, podría evaluarse una medida excepcional. Pero este caso es distinto: acá ni siquiera se presentó la solicitud”, precisó.
En tanto, Alejandro Rospigliosi señaló que “la regla general es que la tutela de derechos humanos se solicita primero en la jurisdicción interna de cada país. Solo agotada esa vía puedes ir a la comisión y luego a la corte”.
Agregó que las medidas cautelares ante la CIDH son excepcionales. “Por excepción, cuando está en riesgo la vida de una persona, puedes ir directamente vía cautelar. Este no es el caso”, dijo.
Además, recordó que el Tribunal Constitucional y el JNE han establecido que el cronograma electoral no puede ser alterado. “Tenemos argumentos sólidos de que lo que dice Barnechea no es exacto. Puede solicitar el cielo, que se lo concedan es otra cosa”, sentenció.
El especialista también alertó sobre el riesgo de generar falsas expectativas. “No se ha agotado la jurisdicción interna peruana. La CIDH podría decirle: ‘¿Por qué viene acá si no ha terminado sus procesos en su país?’ De lo contrario, todos los países saturarían el sistema interamericano. Sería insólito”.
En diciembre pasado, el JNE anuló las elecciones internas de Acción Popular en medio de denuncias por “fraude”, presentadas por Julio Chávez y su entorno.
Al revisar la relación de delegados proclamada por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular, el JNE detectó que 31 nombres no coincidían con el padrón de delegados que fue inscrito ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por Cynthia Pajuelo, quien entonces presidía dicho comité.
Esas discrepancias llevaron al JNE a concluir que las elecciones internas del partido estaban “viciadas”, al considerar que las irregularidades afectaron la legitimidad del proceso.
Antecedente
El año pasado, el JNE rechazó la posibilidad de que el partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, participe en las elecciones porque su inscripción se produjo después del cierre del plazo legal. Aunque el partido recurrió al Poder Judicial y un juzgado constitucional de Lima le dio la razón, el jurado lo consideró una invasión a sus competencias y una amenaza al cronograma electoral.
Ante ello, el pleno del JNE presentó una demanda competencial ante el TC y solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de las sentencias judiciales que favorecen a Unidad Popular, pedido que el TC aprobó.
