Se frenó el segundo intento al interior del Congreso de la República de aprobar una ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con una fórmula legal presentada a última hora y en donde se hizo más que evidente una inusitada premura de un sector de legisladores. Al final, el tema tendrá que volver a ser analizado y se sigue a la espera de que el Ejecutivo presente su propuesta para un nuevo esquema normativo.
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Ante la Comisión de Energía y Minas, su presidente Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) presentó este martes 5 de noviembre un texto sustitutorio para ampliar el proceso de formalización de la pequeña minería y minera artesanal. A diferencia de la semana pasada, ahora proponía ampliar “hasta por 24 meses” ese plazo, que vence finalmente el próximo 31 de diciembre, luego de varias ampliaciones.
Y se hacía con una atingencia de que, si la ley de pequeña minería y minería artesanal llegara a entrar en vigor antes, la ampliación culminaría y todo se adecuaría al nuevo marco. Además, se planteaba la realización de un censo “que permita sincerar la base de datos” de ese sector minero. De hecho, ahora también se buscaba poner como excusa la realización de este último para poder justificar la ampliación.
El congresista Gutiérrez, durante su intervención, dijo ser consciente de que la ampliación del plazo de vigencia del Reinfo, sin una estrategia, “no resuelve el problema” del proceso de formalización minera.
“En ese sentido, la estrategia de ampliar de manera excepcional el plazo del Reinfo hasta por 24 meses atiende a la necesidad de llevar a cabo el censo nacional que permita contar con un diagnóstico objetivo de la realidad actual y también facilitar un mayor consenso para la aprobación de la ley de la pequeña minería y minería artesanal”, indicó el también presidente de la comisión.
En su alocución, no solo cuestionó al Ejecutivo por aún no enviar la propuesta normativa —conocida como la ‘Ley Mape’—, sino también hizo referencia a un rechazo de ciertos gremios a esta pues, según dijo, “no solucionaría los problemas actuales” y que “su redacción carece de soluciones integrales y sostenibles que no han sido consensuados”.
“El proceso de formalización minera vence el 31 de diciembre del presente año y recordemos que esta legislatura ordinaria culmina el 15 de diciembre, por lo que estamos prácticamente contra el tiempo”, dijo Gutiérrez ante los legisladores presentes, evidenciando su premura.
Una cuestión previa
Sin embargo, a pesar de los intentos de Gutiérrez, sus argumentos no tuvieron mayor eco entre todos los miembros de la comisión, salvo excepciones. Legisladores como Jorge Montoya (Honor y Democracia), Diana Gonzáles (Avanza País) y Jorge Morante (Somos Perú) se mostraron en contra de la fórmula, tal como estaba planteada.
El congresista Montoya apuntó que prolongar el tiempo del Reinfo no es la solución y que el Ejecutivo presentaría este jueves su fórmula; mientras que Gonzáles cuestionó que el texto haya sido enviado a los integrantes de la comisión apenas cuatro horas antes de iniciar la sesión, pese a lo que dispone el Reglamento del Congreso.
Morante, por su parte, incidió en que hay más de 60 mil mineros suspendidos en el Reinfo, pero que a pesar de eso pueden continuar con sus actividades con absoluta normalidad, haciendo sus actividades mineras, teniendo acceso a explosivos y químicos, etcétera, lo que consideró de “grave”.
“Y si no lo han hecho más de 60 mil mineros (…) quiere decir que no les interesa, que simple y llanamente estamos frente a mineros ilegales”, aseveró.
Tras un debate, González planteó una cuestión previa para que el tema vuelva a ser analizado por la secretaría técnica y se espere a que ingrese el proyecto del Ejecutivo, la cual fue aprobada con 14 votos a favor y tres en contra.
Los votos en contra fueron del mismo Gutiérrez, así como de los legisladores Pasión Dávila (Bancada Socialista) y de Raúl Doroteo (Acción Popular).
Hacerle el juego al crimen organizado
Más temprano, en la sede del Tribunal Constitucional, se llevó a cabo una audiencia sobre la demanda de inconstitucional planteada por el Colegio de Abogados de Loreto en contra de la Ley N°31388, dada por el Congreso en 2021 y con la cual, justamente, se amplió el plazo del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2024.
Con esta demanda, se busca declarar inconstitucional el artículo que prorrogó el proceso de formalización, así como que se declare que el proceso ya no está vigente y se exhorte al Congreso a no seguir formulando ampliaciones, tal como apuntó en su intervención el representante del colegio, Samuel Abad.
Abad apuntó que el proceso de formalización empezó hace 22 años como un régimen excepcional. “Lamentablemente, la excepción se ha convertido en la regla. Han pasado 22 años y se pretende seguir prorrogando. Y por eso solicitamos que se declare fundada la demanda porque, además, este régimen no ha tenido resultado”, cuestionó.
Como parte de la audiencia, también se presentó Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, quien presentó un amicus curiae.
En su informe, Orellana incidió, entre otros puntos, que la minería aurífera artesanal y de pequeña escala es la principal fuente de contaminación por mercurio en el mundo, y cuyo uso termina afecta incluso derechos consagrados en la Constitución.
También indicó que el Reinfo ofrece una ilusión de que el flagelo de la minería ilegal está siendo abordado por el Estado, pero que “más allá de la ficción legal” las personas y comunidades continúan sufriendo el impacto grave de la exposición al mercurio que genera este tipo de minería.
“En definitiva, el Reinfo ha tornado en un instrumento que fomenta la actividad minera fuera del control del Estado y que favorece al crimen organizado. En consecuencia, con cada prórroga, en lugar de contribuir a la formalización minera, el Reinfo socava el Estado de derecho y perpetúa la vulneración de los derechos humanos”, aseveró Orellana.
La causa quedó al voto. El debate aún no está cerrado.
