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Luego de ser censurado por el Congreso de la República , el exministro del Interior Juan José Santiváñez, deberá continuar afrontando las investigaciones que se le siguen por presuntos delitos de corrupción y otros.
Uno de los más graves casos en su contra; y donde existen abundantes elementos probatorios que su defensa ha querido arrastrar hacia el terreno de la ilegalidad, es el presunto tráfico de influencias ante el Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La imputación del Ministerio Público contra Santiváñez Antúnez sobre el presunto tráfico de influencias ante el TC se inicia en enero del 2024, con comunicaciones entre el entonces abogado y familiares del sentenciado Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía quien buscaba la anulación de su condena.
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Tal como lo ha informado públicamente la fiscalía, Santiváñez Antúnez venía gestionando el trámite del hábeas corpus de Marcelo Salirrosas y para ello, habría tenido un “contacto” al interior del TC que le daba indicaciones y le compartía información sobre el estado del expediente.
No obstante, para asegurar que todo vaya de acuerdo a los intereses de su patrocinado, el entonces abogado le explicó que además de sus honorarios, que eran S/20 mil, también tenían que pagar otros US$20 mil destinados para “asesores externos”, según lo ha señalado la Fiscalía de la Nación.
Este último monto, en dólares, según los testigos protegidos 01-2025 y 02-2025, estaba destinado al supuesto pago de los magistrados del Tribunal Constitucional que resolverían la demanda de Miguel Joel Marcelo Salirrosas.
Incluso, Santiváñez señala que el monto en dólares, ya se lo había comentado al “primo” de los patrocinados. Con relación a la probable identidad del “primo”, la Fiscalía de la Nación ha podido determinar que se trataría de Juan Alfonso Mendoza Moreno.
Todo lo narrado por los testigos protegidos ha sido corroborado con las conversaciones vía WhatsApp que sostuvieron con Santiváñez Antúnez a través de su teléfono 94XXXXXXX, que hasta el momento mantiene el exministro investigado.
También, se han entregado audios y grabaciones que se realizaron cuando conversaban con el censurado exministro del Interior. Estas primeras conversaciones se dieron entre el 8 de enero del 2024 al 19 de enero de ese mismo año.
Las conversaciones, que forman parte de la carpeta fiscal y que fueron parte de los elementos presentados para sustentar la existencia de graves y fundados elementos de convicción sobre el caso, detallan el interés del entonces abogado para que le depositen el dinero acordado para que tramiten el expediente en el TC. Incluso, habría enviado a su interlocutor una captura de pantalla de la conversación que sostuvo con una persona identificada como “asistente del TC” para demostrar que estaba detrás de que el caso avance.
Además de las conversaciones por WhatsApp, este Diario ha podido acceder a los voucher que muestran el movimiento de dinero que se le habría entregado a Santiváñez Antúnez.
El 18 de enero del 2024, a las 18:00:12, se hizo un primer depósito de US$ 10.000 dólares americanos. Luego, el día siguiente, 19 de enero del 2024, a las 10:10:48 horas, se hizo otro depósito por el monto de US$ 9.700 dólares americanos, y a las 10:33, un tercer depósito, por el monto de US$ 300 dólares americanos. Todos estos depósitos se realizaron a una cuenta corriente a nombre de “Santiváñez”.
Luego de ello, siguen las conversaciones del investigado con el testigo protegido, en el que le asegura que ya el caso de Marcelo Salirrosas estaba en la lista para ser visto en audiencia y que todo estaba encaminado para salir “positivo”.
“Ok. doctor claro tiene que salir bien por eso hay un acuerdo pero igual le pido por favor que tenga bastante interés en esto por favor”, le responde la ahora testigo protegido.
Días después, el 23 de enero del 2024, Santiváñez Antúnez le escribe a su interlocutor que ya el caso estaba programado y que el ponente iba a ser el “magistrado Ochoa” – en referencia al César Ochoa Cárdich- sin embargo, como queda plasmado en otra conversación posterior, el investigado le termina informando a sus patrocinados que el ponente será “Helder Domínguez”.
En otra conversación del 25 de enero del 2024, el investigado le indica a su patrocinada que la programación de las audiencias eran para el 7, 14 y 21 de febrero de ese año y que recién iban a realizar la distribución del expediente de “Marcelo”. No obstante, le asegura que de todas manera iba a para “audiencia con el mg GGT”. Es decir, en referencia a quien sería el “magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse”.
El testigo protegido 02-2025, también ha corroborado la interacción directa que tuvieron con Santiváñez, esta vez en una reunión en el estudio jurídico del entonces abogado ubicado en El Derby de Surco. Allí, el abogado ahora investigado le aseguró que los US$20 mil que le entregaron “serviría para asegurar una resolución favorable en el Tribunal Constitucional respecto al caso de Miguel Joel Marcelo Salirrosas.”
La desconocida “asistente” del TC y el uso de su cargo ministerial para extender su “poder”
Finalmente, la audiencia se realizó el 7 de febrero del 2024 como se había programado y, como ya se ha conocido, fue el abogado Ronny Santillán quien hizo el informe oral ante la Segunda sala del TC, pues Santiváñez le señaló a los familiares de Marcelo Salirrosas que era “amigo del juez constitucional que nos ha tocado”.
Aquí, una nueva revelación proveniente de las conversaciones que tuvo Santiváñez con los ahora testigos protegidos, durante la audiencia ante mencionada Sala y posterior a esta.
Y es que en las conversaciones, atribuidas al abogado, este le asegura a su interlocutora que no se preocupe, que estaban en contacto con “la asesora del presidente de la sala”. Es decir, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien en ese período era presidente de la Segunda Sala del TC.
Y para confirmar ello, desde su teléfono, Santiváñez le reenvía a su interlocutora, un mensaje enviado supuestamente por la mencionada asesora, asegurando que “su jefe” -es decir del Gutiérrez Ticse- “detesta al procurador”.
Según los registros de audiencias, el 7 de febrero del 2024, en efecto, se presentó personalmente el abogado Santillán, mientras que de manera virtual lo hizo el procurador del Poder Judicial (PJ), Jhonny Hernán Tupayachi Sotomayor.
La evaluación de la causa duró poco más de 30 minutos y quedó al voto.
Días después, el 26 de febrero cuando Santiváñez Antúnez ya se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del despacho del Ministerio del Interior, le informa vía WhatsApp al testigo que le habían informado que el magistrado Helder Domínguez estaba votando en contra. Que aún no se hacía oficial, pero que ya le habían adelantado porque él tenía todo “mapeado” y que estaba haciendo todo para revertir ello; incluso, le habló del recurso de aclaración para que la demanda sea nuevamente analizada, pero que el “acuerdo” sigue en pie.
Sin embargo, nada de ello prosperó ante el TC. El caso fue declarado infundado a través de una resolución firmada el 16 de febrero del 2024 por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich.
La aclaración también fue desestimada en el mes de mayo de ese año y publicada en el portal del TC el día 31 de dicho mes.
Pese a ello, Santiváñez, que para entonces ya había asumido el cargo de ministro del Interior, seguía en conversaciones con los testigos allegados al sentenciado Miguel Joel Marcelo Salirrosas, señalándole que aún no había sido notificado y que iba a “conversar para que presenten el documento esta semana” que se aceleren el tema.
Empero, los testigos protegidos, cansados de las largas de Santiváñez le reclamaron por los seis largos meses sin resultados, pese a que cumplieron con lo que se les pidió.
Por ello, concretan una reunión, la misma que se dio el 9 de setiembre en el despacho ministerial. Según el TP 02-2025, la reunión ocurrió alrededor de las seis de la tarde, cuando el familiar del interno ingresó con un celular activando la opción de grabación, por lo que pudo registrar el encuentro.
En esa ocasión, Santiváñez Antúnez indicó que analizaban un recurso por “incongruencia de sentencias” y planeaban acogerse a la sentencia de otro procesado que había tenido buenos resultados en el TC.
“Durante la conversación, Santiváñez aseguró que el caso el despacho ministerial, donde se reunió una persona allegada al sentenciado estaba en seguimiento y que ahora, gracias a su cargo, tenía más contactos en el Tribunal Constitucional (TC), y habían posibilidades de que se pueda resolver más rápido, mencionando el nombre de una mujer de dicha institución, a quien había hecho favores previos con una ‘escolta’, por lo que no debía preocuparse, ya que ‘favor con favor se paga’.”
Relato del audio grabado en el despacho ministerial
Lo señalado anteriormente se encuentra corroborado, según la fiscalía, en el acta de entrega y recepción de evidencia, visualización, transcripción de audio y lacrado de fecha 07 de febrero de 2025, en la cual se registra la conversación grabada, en el minuto 08:54 al 09:16.
Pasaban los días y los aún patrocinados insistían en conocer el avance de las gestiones, pero Santiváñez les decía que estaba ocupado -por sus labores ministeriales- y que el documento interlocutorio, que iban a presentar no lo pudo terminar de revisar, pero que ya lo tenía.
Incluso, el entonces ministro seguía gestionando la presentación del referido documento el 2 de octubre del 2024, el mismo día en que era interpelado por el Congreso de la República para que responda a los cuestionamientos de su desempeño y su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Minutos antes de presentarse ante la representación nacional, y ante un reclamo previo, Santiváñez le escribió a su interlocutora que terminando el día “cuadramos todo”.
“Señora buenos días hoy es mi interpelación por favor terminando el día cuadramos todo. Me demoré en revisar el documento pero ya lo van a presentar.”
En el mensaje, que envió a las 8:46 de la mañana, le decía también que estaba ingresando a Palacio y que no iba a poder contestar el teléfono.
Después de idas y venidas, y ante la falta de respuesta del entonces ministro, sus patrocinados le pidieron devolver los US$20 mil que habían entregado para asegurar el caso a su favor.
El entonces ministro, en las conversaciones entregadas por los testigos protegidos, se disculpaba y aseguraba que tenía que depender del estudio jurídico, y pese a que a veces hacía las gestiones solo, no podía hacerlo siempre porque se le cruzaba con otras cosas.
“Páseme su cuenta por favor yo lamento mucho todas las demoras porque yo le pido al estudio que avance pero me tengo que valer de ellos porque no puedo involucrarme directamente”, se lee en uno de los mensajes atribuidos a Santiváñez.
Defensa sostiene que caso debería ser visto por el Colegio de Abogados y apela al fallo de la Corte Suprema en el caso Aurelio Pastor
El Comercio se comunicó Virginia del Pilar Naval, abogada de Santiváñez en este caso, pero se negó a brindar una versión respecto a las chats, conversaciones atribuidas a su patrocinado y el caso, alegando que no estaba autorizada para declarar.
El abogado Stéfano Miranda, quien también asumió la defensa del censurado exministro del Interior, señaló a este Diario que su patrocinado ha negado haber incurrido en un presunto tráfico de influencias como le imputa la Fiscalía de la Nación.
El abogado, en un primer momento, rescató a las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco y del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, que públicamente se han pronunciado sobre el caso indicando que la demanda del supuesto beneficiado salió en su contra. Por tanto, dijo Miranda, como abogado del exministro ratificaba que el caso de Miguel Marcelo Salirrosas fue declarado “infundado”. Además, que también un recurso aclaratorio fue declarado “improcedente”.
“Existe una petición de 20 mil dólares. Mi cliente, en coordinación conmigo ha ratificado que ese dinero ha sido por el pago de sus honorarios, que ha tenido, previa concertación, entre el cliente y abogado, por lo tanto no estamos ante el delito de tráfico de influencias.”
Sin embargo, al ser consultado sobre la diferencia de pagos señalado por el testigo protegido y las conversaciones en los chats que se investigan, el abogado indicó que no se iba a pronunciar sobre “interpretaciones”; y que el caso está en un proceso de investigación.
En otro momento, Miranda apeló a una resolución de la Corte Suprema en el Caso Aurelio Pastor, quien en primera y segunda instancia fue condenado como abogado, imputado de haber prometido una concertación para influenciar en ciertos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y del Ministerio Público. No obstante, la Sala Suprema Penal Permanente, anuló la sentencia al señalar que no ameritaba sanción la actuación de Pastor en su condición de abogado.
“Bajo esa misma premisa, el abogado, lo que dice el testigo (protegido), invoca influencias ante su cliente, la pregunta que debe hacerse es: ¿Se puede ser imputado de tráfico de influencias? Y eso, la Corte Suprema lo ha resuelto, que el delito de tráfico de influencias se descarta en una relación laboral de servicios profesionales en la que habrá intermediación, a través de patrocinio o representación, o pueda deducirse una invocación de influencias”, postuló.
El abogado insistió que su patrocinado le ha asegurado que “no ha existido” ningún tipo de promesas. Sin embargo, agregó, para ingresar a discutir los mensajes de WhatsApp -entregados por los testigos protegidos- primero se deberá determinar la veracidad de los mismos.
“Para ya luego hacer un desarrollo de lo que me estás preguntado -el contenido del chats- tendríamos que pasar el estándar de que esos chats son fidedignos y que son entre mi cliente y esta persona que es testigo protegido”, anotó.
No obstante, dijo que, en el supuesto negado que las conversaciones de WhatsApp sean ciertas, lo que se desprende sería un presunto tráfico de influencias simulado, por lo que reiteró que la Corte Suprema ya se pronunció sobre ello.
“Pongámonos en el peor de los casos, que sean cierto, que sería un tráfico de influencias simulados, pero no se podría ventilar en el sistema penal, tendría que ir al Colegio de Abogado, a través de ética u otros órganos que pudieran ser competentes, si es que así fueran; si es que esas conversaciones fueran fidedignas, si el testigo protegido no ha mentido, de entre todos esos, existen instancias en nuestro ordenamiento jurídico que podría ventilarse, pero venir a ventilar un delito como tal, la Corte Suprema ha sido muy clara y ha establecido los requisitos”.
Stefano Miranda, abogado de Juan José Santiváñez
Al ser consultado, sobre las conversaciones atribuidas a Santiváñez, ya no en su condición de abogado; sino como ministro del Interior, el abogado sostuvo que ello “era un tema puntual” que se tendría que revisar si lo que se señala en dichos chats es cierto o no.
“Eso es puntual, por ejemplo. Tendríamos que revisar si lo que señala es cierto ¿no? No tenemos hasta ahora…por eso que está en dicho y ese dicho tiene que comprobarse. Yo te explico el tema como abogado, ya si me hablas como ministro, ya es otra cosa”, adujo.
Finalmente, reiteró que su patrocinado ha sido categórico al sostener que “niega” el presunto tráfico de influencias.
El Comercio se contactó con el magistrado Gustavo Gutiérrez, quien descartó haberse reunido o entrevistado con Juan José Santiváñez, antes o después de que el caso de Miguel Marcelo Salirrosas se resolviera en la Segunda Sala del TC, cuando la presidía en el 2024.
Al ser consultado sobre la mención de su nombre en las conversaciones atribuidas al exministro del Interior, señaló que no lo conoce y que no es el único magistrado mencionado por el referido investigado.
Aseguró que, como magistrado del TC, no podía aseverar que las conversaciones que obran en manos de la fiscalía sean verdaderas, pero en base a lo que ha leído o escuchado, negaba cualquier vinculación con este.
“Yo he sido presidente de la Sala, en efecto, pero yo no he recibido ninguna visita de este señor. Como lo dije ya en su oportunidad, no lo conozco de antes, ni tampoco después. De ser cierto estas aseveraciones, se comprueba por el sistema judicial, yo voy a tomar las decisiones legales que corresponden por haber utilizado mi nombre; si es que eso fuera cierto.”
Indicó que, de comprobarse la veracidad de las conversaciones mantenidas por el censurado exministro, reiteró que tomará las acciones legales que correspondan.
Al ser consultado si alguna de sus asistentes, al momento que presidía a Segunda Sala del TC, le dio cuenta o le informó sobre algún interés en el expediente de Marcelo Salirrosas, el magistrado rechazó ello.
“Ninguna. Por eso es que sale en negativo esa propuesta. Y en todo caso, se tendrá que investigar si es que hay algún personal administrativo que le ha brindado la información, si es que, en caso sea cierto”, indicó.
Explicó que existen asistentes y colaboradores del TC que interactúan con los abogados e incluso, a estos o a periodistas se les puede informar sobre el estado del expediente o fechas para las audiencias, lo cual es normal.
“Estoy bastante indignado. Estoy muy indignado con esto, porque se ha mencionado mi nombre, manchando mi honor y de verdad estoy muy indignado y espero que la justicia llegue a un fin, porque yo voy a proceder a tomar acciones legales porque esto yo no lo voy a permitir. Yo puedo asegurar y te ratifico que a ese señor no lo conozco ni de antes ni después , no he tenido contacto ni directa ni por intermedio de terceras personas”, concluyó.
El magistrado del TC, Helder Domínguez, no respondió hasta el cierre de este informe.
Por su parte, el magistrado César Ochoa Cardich aseguró que no conoce al exministro Juan José Santiváñez, ni tuvo ningún pedido de entrevista de los abogados de ese caso.
“Yo no he recibido a los abogados de ese estudio. A mí me ha sorprendido conocer que el exministro era el abogado, y a quien no conozco.”
