La Fiscalía de Santa Anita comunicó que las 16 personas arrestadas en un operativo policial en un edificio de seis plantas fueron liberadas debido a la falta de pruebas suficientes para relacionarlas con los delitos que la Policía Nacional del Perú había señalado inicialmente.
LEE: Entierro intacto en Caral: todo sobre la momia de mujer élite con piel, cabello y uñas preservadas
Durante la operación, los agentes encontraron un arma de fuego y municiones en el baño del establecimiento. Sin embargo, Jessica Gomero, portavoz de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, comentó que la acción se llevó a cabo sin la presencia del Ministerio Público, lo que representa una grave irregularidad.
Gomero también destacó que las detenciones no se debieron a delitos relacionados con la microcomercialización de drogas, extorsión, sicariato o cobro de cupos, como se informó inicialmente, sino únicamente porque se encontró el arma de fuego. Además, criticó que la intervención no considerara la presencia de mujeres, adolescentes y niños en el lugar, dado que solo los hombres fueron detenidos.
La fiscal manifestó su inquietud por la falta de claridad en la información proporcionada por la Policía. » Después de una hora me llama el comandante de la comisaría y me dice que son 21. Después de una hora me dice que son 22. Después de 2 horas resulta que no era ni 21 ni 22 ni 6, resulta que eran 16 detenidos«, explicó.
MÁS: Hospital María Auxiliadora sufrió corte de luz y grupo electrógeno falló
Además, señaló que no había justificación válida para mantener a las personas detenidas, puesto que el arma y las municiones fueron halladas en un área de uso común. “¿Por qué razón tendría que estar estas personas privadas de su libertad con un acta de hallazgo que se encontraron un revólver, una cancerina, tres municiones en un ambiente común? En donde lo utilizan niños, adolescentes, mujeres que nunca fueron detenidas”, agregó.
Por último, la Fiscalía reiteró a través de sus canales oficiales su apoyo a las acciones de la Policía Nacional, siempre que se realicen dentro del marco legal y se presenten pruebas que respalden la intervención y detención de los ciudadanos.
