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Lo ví en RPP y sus gestos en el zoom -ni siquiera compareció en el set- eran más elocuentes que sus palabras: ‘váyanse al diablo que ya me tienen podrido sus malditas elecciones’ era el subtexto mudo.
De más estaba repreguntarle si al menos evaluó junto a Reniec algún proyecto para actualizar el sistema de verificación de firmas -la Contraloría había advertido las deficiencias en un informe de setiembre pasado cuando era aún la cabeza del JNE- porque el juez desviaba todas las preguntas a la Reniec y, a los entrevistadores, gestualmente, los mandaba a la porra.
“Quizá igual habría hervido la fiebre fraudista en el 2021; pero si Salas Arenas hubiera maniobrado en el 2020 para no excluir a tanto candidato, no le hubiera caído tanto palo.”
No lo justifiquemos, pero intentemos comprenderlo. Cuando le tocó mediar en las polarizadísimas elecciones del 2021, el bando perdedor le puso la cruz, la piedra encadenada a un pie, el saco de yute y se dispuso a fondearlo simbólicamente. Pero, terco como es, resistió y se negó a renunciar al JNE esperando su retiro oficial en noviembre del año pasado. Lo que quedó de su gestión, pos 2021, sí está marcado por el malhumor y el desdén.
Ya se sabía que no le tocaría el mando en las elecciones del 2026; pero la venganza del perdedor político es un plato que no tiene fecha de caducidad en el Perú. En plena disputa de votos en el 2021 tuvo que enfrentar la renuncia de Luis Arce Córdova, ex fiscal miembro del JNE, que lo dejó sin quórum. Y vaya que batalló para reemplazarlo antes de que la sangre llegara al río. Era lo que tenía que hacer; pero igual iba a ser condenado por los perdedores.
Los excluidos
A Salas Arenas le tocó estar en el centro equivocado a la hora equivocada y no lo podemos culpar por eso. Pero sus refunfuños actuales ante preguntas legítimas son lamentables.
El juez no tuvo ocasión de meter la pata seriamente en la contienda -los votos y las reglas ya estaban hechos- pero sí la metió unos meses atrás, cuando se cerraba la inscripción de planchas y listas el 22 de diciembre del 2020.
Más de un partido, en especial el APRA, fue excluido por empezar su inscripción a última hora. En realidad, los apristas llegaron a inscribir a algunos candidatos, pero se les cerró el programa. Es muy probable que no hubieran saltado la valla, pero eso lo debió decidir el pueblo; no un JNE que prefirió la rigidez ‘preclusiva’ (respeto a los plazos escalonados) al derecho constitucional a la participación política.
Días y semanas antes del cierre de plazos en el 2020, los JEE (jurados electorales especiales), habían tachado a muchísimos candidatos por nimiedades como el olvido de un ítem en sus declaraciones juradas.
La segunda instancia, que era el pleno del JNE capitaneado por Salas Arenas, validó la tacha de muchos de ellos, incluyendo conocidos pepecistas.
La enemistad de apristas y pepecistas costó caro a Salas Arenas cuando más adelante se desató el ‘fraudismo’ y se tildó de ‘caviar pro terruco y castillista’ a quienes se oponían a esa teoría por oficio.
La inquina, por supuesto, se trasladó de los derrotados a la mayoría congresal que barajó proyectos para destituirlo, inhabilitarlo, cancelarlo y condenarlo. Quizá igual habría hervido la fiebre fraudista en el 2021; pero si en el 2020 Salas Arenas maniobraba para no excluir a tanto candidato, no le hubiera caído tanto palo.
Mala hora para el juez la del 2021, que lo expuso a tanto ataque y le ha dejado una tendencia al refunfuño que, esta semana, se convirtió en tic. Pudo renunciar unos meses después de las elecciones y aliviar así la presión sobre el JNE. Hubiera sido lo mejor, pero el juez es terco y estaba en su derecho. Su renuncia quizá hubiera facilitado el proceso de actualización del ente electoral y reducir la vieja práctica de falsificar afiliados, justo cuando decenas de nuevos partidos recolectaban afiliaciones recurriendo al mercado ilegal de firmas.
Tuvimos que esperar a noviembre al fin de su mandato para que el pleno de la Corte Suprema eligiera a su reemplazo, Roberto Burneo, un juez pragmático, sereno, afanoso por agradar a todos, demasiado preocupado en que no le pase lo que a Salas Arenas. Burneo ya se puso de acuerdo con Carmen Velarde, la cabeza de Reniec, en implementar -ley mediante- un sistema de verificación no solo de firma sino biométrico (huella digital e imagen facial), que debiera reducir la falsificación al mínimo.
El juez Salas no se ha retirado aún. Seguirá siendo juez supremo hasta que cumpla 70 el próximo año. La SAC (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) ha aprobado un informe que lo acusa de presunta injerencia indebida en la contratación de un trabajador.La acusación nace de una denuncia interpuesta por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, del mismo supuesto bando de Salas Arenas. El juez en su último año activo no tiene ni bando ni paciencia.
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